El Movimiento Juan Chelemín de Andalgalá, junto a un grupo de artesanos, mantiene un corte en el acceso a Minas Capillitas, a la altura del kilómetro 20, en reclamo de fuentes de trabajo en Cerro Atajo y para que CAMYEN autorice la extracción de rodocrosita de la escombrera. 

Desde la empresa CAMYEN aclararon que no pueden otorgar la autorización para retirar piedra del río por el riesgo que implica para la empresa si alguien sufre algún tipo de accidente en el predio. Además, señalaron que se trata de una autorización que en todo caso debería otorgarlaFabricaciones Militares, dueña del yacimiento, luego de analizar el pedido.

La manifestación está encabezada por el artesano Walter Diamante, junto a otras 20 personas. Según aseveró, reclaman por la garantía de fuentes laborales en Cerro Atajo. Ayer ratificó la medida y dijo que no levantarán el campamento hasta obtener alguna respuesta. 

Según comentó Diamante, el delegado de CAMYEN en Andalgalá, Francisco Álvarez, se acercó hasta los manifestantes y se comprometió a entregar rodocrosita. Los manifestantes aceptaron la entrega de piedra, pero aseguraron que mantendrán la protesta. 

Diamante dijo que no se moverán del corte hasta no tener garantías de la creación de fuentes de trabajo. Aseguró que la secretaría de Minería se reunió solo con la gente de la zona de Minas Capillitas, a quienes le prometieron apenas 13 puestos de trabajo. Diamante pide que se informe del proyecto a toda la comunidad de Andalgalá y que se amplíen las posibilidades laborales. 
El corte en el acceso a la mina consiste en impedir el acceso de los vehículos que se dirigen a la mina, al menos por cuatro horas

Desde AOMA hicieron referencia en torno a la crisis desatada en Minas Capillitas entre el Estado provincial y Fabricaciones Militares, a tal efecto Héctor Laplace sentenció que “desde hace más de seis meses vemos como las autoridades se cruzan acusaciones pero nadie dice, a ciencia cierta, qué pasará con los más de sesenta trabajadores que se desempeñan en el yacimiento de rodocrosita” que se encuentra ubicado en la provincia de Catamarca. Caratulando de "irresponsable" a la diputada que pidió el cierre de la fuente de trabajo que afectaría a más de sesenta familias en forma directa e indirectas.

El Secretario General de la Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA) se refirió a las denuncias cruzadas entre legisladores provinciales, autoridades del gobierno de Catamarca y miembros del gobierno nacional que se desempeñan en Fabricaciones Militares, en torno al manejo de Minas Capillitas, por parte de la empresa Catamarca Minera y Energética Sociedad del Estado (CAMYEM), perteneciente a la provincia de Catamarca.

Al solicitársele su opinión ante los reclamos de las partes en disputa, Laplace aseguró que “a los trabajadores nos preocupa la certeza de poseer un trabajo seguro y sustentable” y entiende que ante esta realidad, que se presenta en torno al manejo del recurso, “trasmiten inseguridad y malestar a los que se desempeñan en este yacimiento y a la misma sociedad”. Agregando que “no queremos, bajo ningún aspecto, que la cuestión política afecte las relaciones y estabilidad laboral” del trabajador minero.

Ante las versiones periodísticas que señalan que una diputada provincial solicitó el cierre de la mina, el dirigente fue tajante "es una irresponsabilidad hablar en esos términos" a lo que le sugirió "que se presente en Andalgalá y le explique a los trabajadores de sus intenciones,  y de paso que se entere qué piensan "nuestros compañeros que se desempeñan en el yacimiento".

Laplace dijo que existen “resquemores y angustia en los trabajadores mineros que son parte de la extracción del mineral pero que nada tienen que ver en cómo y quiénes administran el mineral” y observan con preocupación cómo la clase política “toma esto como la disputa de un botín y no reparan en las familias que sienten nubes y sombras en el futuro inmediato” como consecuencia directa de apetencias, las que son, “ajenas a la producción y el funcionamiento de la mina”, sentenció el dirigente.

Además, recordó que, quienes hoy se muestran como verdaderos adalides de una Empresa Provincial, son los mismos que en el pasado dejaron sospechosas actuaciones en el Yacimiento y su comercialización.

Por último solicitó a las autoridades de la provincia y del gobierno nacional que “las diferencias políticas y sus sospechas las diriman en la justicia o en las urnas” y que éstas “no perjudiquen la fuente de trabajo de quienes sólo saben de cumplir horas en el socavón y esforzarse cada día para llevar a su hogar el sustento para su familia”, concluyó.