Entre 62 acciones propuestas en materia energética -para 2018 y 2030- está elevar las exigencias para las centrales termoeléctricas.
Elevar las exigencias para las centrales termoeléctricas, aumentar la infraestructura de transporte ferroviario y desarrollar el autoconsumo con energías renovables no convencionales en el comercio y residencias particulares.
Estas son algunas de las 62 medidas que son parte del paquete de políticas del denominado Primer Plan de Mitigación de Gases de Efecto Invernadero lanzado en Chile para enfrentar el cambio climático, y que lidera el Ministerio de Energía, y en el que participaron además Medio Ambiente, Minería, Transportes y Telecomunicaciones y Vivienda y Urbanismo.
La propuesta, que está en consulta pública, fue elaborada en respuesta al compromiso del Acuerdo de París, ratificado el 10 de febrero, donde el país se comprometió a una reducción de 30% en la intensidad de sus emisiones al año 2030.
El 75% de las emisiones de CO2 en Chile son producidas por el sector energético, de ahí que este haya liderado el plan, aunque hay otras medidas para otros organismos.
Para elaborar la propuesta se contó con apoyo de cooperación internacional y se contrató a un equipo conformado por consultores nacionales y extranjeros, además de talleres técnicos y entrevistas con actores relevantes del ámbito público y privado.
Según el documento de casi 200 páginas, los subsectores evaluados se corresponden con aquellos que comprenden el sector energía en el Balance de Energía del país, es decir: generación de electricidad, industria y minería, transporte y sector público, comercial y residencial.
Se estima que la inversión que significa llevar adelante todo el programa -con la idea de desplegar las medidas entre 2018 y 2030- alcanza los US$ 12.900 millones, casi US$ 1.400 millones al año.
Los sectores más intensivos en inversiones son transportes y comercial, público y residencial, ya que realizan importantes esfuerzos de desembolsos en infraestructura y en mejorar la calidad de las nuevas edificaciones, respectivamente.
Según el plan, en el caso de la infraestructura para transporte, el financiamiento pueden ser aportes del Estado, concesiones, financiamiento internacional, o un mix.
Para el caso del sector comercial, público y residencial, los costos recaeran principalmente en los hogares que deberán cumplir con normas gradualmente más exigentes.
En los sectores industriales y mineros, el esfuerzo de inversión recaería principalmente en los grandes consumidores y en la implementación de distintas medidas asociadas a eficiencia energética, mientras que para el sector de generación, la propuesta plantea que se debiese incorporar nueva capacidad renovable.
Se estima que la implementación del plan conlleva beneficios económicos y sociales, además de la mitigación de gases efecto invernadero, destacándose aquellos relacionados con seguridad energética, bienestar de los hogares y menor contaminación local.
“Los beneficios totales (ahorros) podrían aumentar significativamente si se consideran beneficios monetarios de otras categorías, como menores niveles de contaminación local”, señala el informe.
Por ejemplo, se plantea que al sumar los requerimientos de inversión de cada sector con los beneficios por ahorro de combustible, se obtiene un valor anualizado neto del orden de menos US$ 900 millones a nivel país, por lo que -se afirma- la política genera un mayor bienestar (costo neto negativo).
En particular, los sectores transporte, industria y minería compensan los esfuerzos de inversión con ahorros mayores en consumo de energía, por lo que obtienen beneficios netos (costos netos negativos).
