En medio de las negociaciones por un acuerdo para aportar datos sobre los sobornos pagados en la Argentina, la Justicia allana desde este mediodía la oficina de Odebrecht y de sus socios en la construcción de la planta potabilizadora de agua Paraná de las Palmas.
La decisión fue tomada por el juez federal Sebastián Casanello , que instruye la causa que investiga supuestas irregularidades en la adjudicación de un contrato por $2700 millones provisto por Aysa, la empresa pública de aguas. El magistrado también ordenó allanamientos a las sedes de Benito Roggio SA, Supercemento SA y Cartellone Construcciones, informaron fuentes judiciales.
Los oficiales de la policía ingresaron este mediodía a las oficinas de Odebrechten esta ciudad, en el piso 32 de un edificio en Leandro N. Alem al 800, pleno microcentro porteño. El procedimiento comenzó prácticamente al mismo tiempo que se iniciaba la reunión entre los abogados de la empresa y el ministro de Justicia Germán Garavano para intentar llegar un acuerdo para aportar información sobre los U$ 35 millones de sobornos pagados en la Argentina.
Minutos después de que comenzó el allanamiento, Odebrecht emitió un comunicado en el que "reafirma su posición en colaborar con la Justicia". "La empresa espera reconquistar la confianza de la sociedad con una actuación empresarial íntegra, ética y transparente", señalaron los brasileños.
El fiscal Federico Delgado ofreció ayer a la empresa aportar datos a la Justicia bajo la figura del arrepentido. La propuesta, que tiene una vigencia de cinco días, por ahora no fue ni aceptada ni rechazada por la empresa, aunque desde la compañía pretenden que sus ejecutivos sean eximidos de cualquier proceso penal en el país, situación que no está contemplada por la ley de nuestro país.
La Justicia ya detectó varias inconsistencias en la licitación que ganó Odebrecht en enero de 2008 por la construcción de la planta potabilizadora "Paraná de las Palmas". Cuatro meses después de haberle adjudicado el contrato, sin mediar modificaciones en las condiciones, Aysa implementó una ampliación en el presupuesto por otros $ 400 millones.
Los incumplimientos de la empresa durante la ejecución del contrato le costaron a la empresa unos $32 millones por multas, como reveló LA NACION. ¿Cuál fue el motivo? Odebrecht registró fuertes retrasos. Tal como figuraba en el contrato, Aysa aplicó una multa diaria de $90.802 a la empresa que se transformó, al cabo de 15 meses, en $32 millones, según los documentos oficiales.
El allanamiento ordenado por Casanello se extendió también a las sedes de Camargo Correa y Esuco SA, empresas que participaron otra de la licitación para la construcción de una planta potabilizadora de agua en Berazategui, un contrato por $487 millones. En la Justicia bautizaron estas obras como las licitaciones "mellizas", por una serie de coincidencias entre los actores que participaron de los procesos que despertaban sospechas.
Los mismos actores investigados en Brasil por el Lava Jato se repitieron curiosamente en estas licitaciones "mellizas". Las empresas: Odebrecht y Camargo Correa. El financiamiento: el Banco de Desarrollo de Brasil (Bndes). ¿Indicios? Llamativas readecuaciones de precios, cartelización de los oferentes y la ampliación de plazos de obra. Todo eso con Aysa, la empresa pública de aguas, bajo la lupa.
Como ocurrió con la obra de Odebrecht, Camargo Correa y Esuco gozaron de una redeterminación de precios por $ 93 millones en la planta de Berazategui, que llegó tres meses después de la licitación. En total, la obra costaría, entonces, $ 580 millones.
Camargo Correa es otra de las empresas que están bajo la lupa en Brasil por el Lava Jato. De hecho, por estos días sus ejecutivos negocian con la justicia brasileña acogerse al sistema de "delación premiada" para colaborar con las autoridades a cambio de una reducción de su pena, informaron fuentes judiciales.
¿Con quién compitió en la licitación? Con Electroingeniería SA. El juez brasileño Sergio Moro, que instruye el megacaso Lava Jato, determinó hace un mes que Electroingeniería pagó sobornos a través de intermediarios de ese país para concretar la compra de Transener SA a Petrobras. Entre los nombres mencionados como los funcionarios receptores de sobornos aparece De Vido.
MINING PRESS/ENERNEWS/Diarios
El Gobierno acelera las tratativas con Odebrecht para negociar un acuerdo propio, por fuera de la Justicia, en pleno malestar con la Procuradora General Alejandra Gils Carbó por las trabas en el diálogo con sus pares de Brasil para avanzar en un convenio de cooperación con el gigante de la construcción. En esa reunión el abogado de Odebrecht, Guido Tawill, le presentó al ministro de Justicia, Germán Garavano una propuesta de acuerdo para colaborar en las investigaciones sobre los US$ 35 millones en coimas que pagó la compañía para lograr contratos de obra pública durante el kirchnerismo.
Los tiempos de la causa Odebrecht se aceleraron exponencialmente en la Argentina, a partir de la decisión del presidente Mauricio Macri de involucrarse personalmente en el tema, luego de los reclamos que el fin de semana hizo públicos su socia política Elisa Carrió.
El ministro de Justicia Germán Garavano, que no oculta sus críticas a la jefa de los fiscales, se reunió con abogados de la empresa, que le entregaron una propuesta que será evaluada por el Gobierno para "destrabar la entrega de información correspondiente a la investigación". A través de un comunicado, el ministro explicó que el encuentro fue para "recabar información que permita esclarecer el supuesto pago de sobornos a funcionarios y empresarios locales relacionados a la adjudicación de obra pública".
En Odebrecht dijeron a Clarín que "no hay comentarios" sobre la reunión ni respecto al acuerdo que le propusieron al Gobierno. Pero trascendió que la empresa pidió continuar con las obras públicas en la Argentina, entre las que se destacan el soterramiento del tren Sarmiento y la expansión de plantas potabilizadoras de agua de Aysa. A cambio, Odebrecht aportaría información sobre las coimas pagadas en la Argentina y abonaría una multa a determinar. En caso de cerrarse el acuerdo, esa información se entregaría a la Justicia a través de la Oficina Anticorrupción (OA), que es querellante en varias causas contra Odebrecht y lleva adelante una "investigación integral" sobre todos los negocios de obra pública de la empresa brasileña en la Argentina, especialmente luego de que ésta reconociera haber pagado US$ 35 millones en coimas entre los años 2007 y 2014, ante la Justicia de los Estados Unidos.
"Vamos a revisar este acuerdo con los distintos organismos competentes, para asegurar la legalidad y transparencia del proceso", dijo Garavano, quien hoy tendrá un encuentro para analizar dicho acuerdo, con la titular de la OA, Laura Alonso, y Bernardo Saravia Frías, el procurador del Tesoro de la Nación.
En la Oficina Anticorrupción se mostraron molestos por la reunión entre Garavano y Odebrecht, que originalmente estaba prevista para hoy en las oficinas de la OA, ya que no fueron invitados a participar de ese encuentro.
Fuentes del Ministerio de Justicia no quisieron adelantar el contenido del acuerdo propuesto por Odebrecht. Pero se mostraron esperanzados en que ahora se pueda avanzar con el esclarecimiento del pago de sobornos a funcionarios e intermediarios ligados a las obras públicas.
"El Presidente nos encomendó colaborar con la Justicia, además de llevar adelante todas las gestiones necesarias para que estos hechos no se vuelvan a repetir y sancionar a la empresa, para que la plata vuelva a todos los argentinos", aseguró Garavano. Y en declaraciones radiales añadió que "Odebrecht pretende un acuerdo similar al que llegaron en Brasil. Hay que poder destrabar esta situación".
Macri analizó el caso Odebrecht en Casa de Gobierno durante dos días seguidos, apenas llegó del viaje por Dubai, China y Japón. El lunes se reunió con Garavano y el jefe de Gabinete, Marcos Peña, luego de lo cual Garavano citó a una reunión a los directivos de Odebrecht y criticó duramente a la Justicia, en general, y en particular a la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, por la falta de avances en las investigaciones contra la empresa brasileña.
Y ayer, Macri encabezó una reunión de Gabinete, donde "volvió a expresar su preocupación por ese tema", dijeron en el Ministerio de Justicia. El ministro Garavano ofició de vocero de esa reunión: "La Justicia, por diversas razones, y además por algunos obstáculos de la Procuración General, no ha podido develar la información", dijo el ministro. Y agregó: "Hay una orden muy precisa del Presidente de colaborar con la Justicia para saber quiénes son las personas que cobraron esos 35 millones de dólares que la propia empresa Odebrecht reconoció haber pagado en nuestro país" .
Luego, en un comunicado del Ministerio de Justicia, Garavano destacó que la diputada Carrió "es una persona que tiene un liderazgo" en la denuncia de este tipo de delitos. Y que "el Presidente, en línea con lo que señaló la diputada, ha marcado esta prioridad que tiene el Gobierno de combatir la corrupción y en este caso vinculado con Odebrecht".
Aunque la Casa Rosada no le puede garantizar impunidad a la empresa ni intervenir en las causas penales, de los dos lados mostraron qué cartas pueden ofrecer. En principio la firma propuso darle una compensación económica al Estado y brindar parte de la información de las irregularidades, a cambio de seguir operando en la Argentina, tanto en las obras en curso (como el soterramiento del ferrocarril Sarmiento) como en licitaciones futuras, consigna La Nación.
Así la empresa evitaría que el Gobierno le iniciara un juicio y podría homologar un acuerdo en la justicia civil. La multa que debería pagar la empresa sería del orden del monto de las coimas que admitió haber pagado en el país, U$S 35 millones. La empresa estaría dispuesta a entregar parte de la información, aunque siempre dentro de los límites de la legislación local y del convenio que vaya a acordarse con Brasil.
"El Gobierno exigirá el máximo detalle sobre cuentas bancarias y quiénes fueron las personas. Será importante para que podamos descubrir otras coimas y otros chanchullos", adelantó la titular de la Oficina Anticorrupción (OA), Laura Alonso, una de las que evaluará la propuesta de Odebrecht. Desde el Ministerio de Justicia aclararon que los datos que obtengan serán aportados a los jueces que investigan las ramificaciones del "Lava Jato" en el país.
Juan José Aranguren habló en Radio Mitre. En dialogo con Pablo Rossi en “Volviendo A Casa”, el Ministro de Energia y Mineria afirmó sobre la situación de la empresa brasileña: “Nosotros detectamos sobreprecios y rescindimos el contrato de Odebrecht”. Además agregó: “Todas las causas están siendo investigadas por la oficina anticorrupción”.
En los últimos dias, el periodista Diego Cabot habia dicho en “Volviendo A Casa” que Aranguren era cómplice de la supuesta corrupción de Julio De Vido. Con respecto a esto, el Ministro aseguró: “Yo tengo la obligación de no comerme al caníbal” y refiriéndose a la corrupción en Cambiemos dijo: “Lo que es importante, como dijo Macri, nuestra obligación es la verdad” y señaló: “Sigo siendo optimista que en cuanto salga la verdad a la luz vamos a tener un país mejor”.
Aranguren también dio detalles de los acuerdos entre China y Argentina.
