MARCELO CANTELMI

El plebiscito del domingo ha blanqueado una grieta, con una eventual duplicación de autoridades, instaurando un escenario abismal como una Corea en el Caribe.

Venezuela ha sido gobernada los últimos largos años, y de un modo cada vez más definido, por un régimen y no por un sistema. En el primero se carece de los equilibrios republicanos que caracterizan al Estado de Derecho y al sistema republicano. En Venezuela no existe la independencia judicial y hasta hace no demasiado tampoco existía la del Legislativo.

Desde el próximo 30 de julio, cuando se vote una Asamblea Constituyente digitada por la nomenclatura, el país avanzará a una etapa inferior del proceso de disolución de su Estado. Ese organismo funcionará como un suprapoder que podrá desmontar las instituciones que aún permanecen no disciplinadas, como el Congreso y la Fiscalía General, y fijar reglas generales con esta minoría regulada por el vértice del mando chavista.

Desde ese momento Venezuela avanzará efectivamente a una dictadura clásica. Conteste con esa intención, es interesante notar que últimamente se lo ha visto a Nicolás Maduro, sin ser militar, vistiendo una suerte de uniforme con sus medallas, collares y entorchados sugiriendo hasta en el vestuario de qué va este proyecto de perpetuación y concentración del poder.

Esa deriva autoritaria es la que intenta detener la ofensiva de la dirigencia opositora y la población en general con las protestas en la calles y con la consulta del pasado domingo. En ese plebiscito ordenado por el Legislativo, 7,2 millones de votantes en su casi total mayoría rechazaron la Constituyente. Según la Carta Magna en vigencia se requiere de un referéndum para la reforma. El resultado fue netamente en contra de las aspiraciones del gobierno. Es claro que por esa razón no lo convocó en su momento y esta ahí también el motivo de que ahora ignore el fallo popular.

La oposición obtuvo esa enorme cosecha de voluntades en medio de enormes dificultades, bajo una estricta censura y campañas oficialistas en contra y hasta con prohibición de fijar afiches en los muros o pintadas proselitistas. Aún así se acercó a la cantidad de votos que obtuvo en las parlamentarias de diciembre de 2015 que por primera vez en tres lustros arrebataron el control del Congreso al chavismo.

Para comprender el alcance de lo ocurrido basta con notar que este domingo funcionaron poco más de 2.000 mesas. Y en aquel comicio parlamentario, en las que la oposición recogió 7,7 millones de votos, hubo 14.000 puestos de votación. En igual circunstancia el resultado hubiera sido aún más masivo y aplastante. Ese es un dato político que no sólo los críticos del chavismo deberían atender porque fija por su propia dinámica el panorama que viene. Nadie que crece se asume en derrota.

Con ese enorme poder de convocatoria, la oposición reunida en la Mesa de Unidad Democrática se propone avanzar a la designación de un gobierno de unidad nacional paralelo, que incluirá, además, la integración de una nueva Corte Suprema de Justicia, todos pasos que se conocerán esta semana detrás del convencimiento de que el régimen no caerá por la fuerza, sino agotado por este crecimiento de la demanda republicana.

Ya en Venezuela hay dos subfiscalías generales, una designada por el chavismo y otra por el Parlamento. Por cierto, el tribunal superior adicto al gobierno no renunciará. Aunque no es claro cómo operará la disidencia para formar un Ejecutivo alterno, es claro que el plebiscito del domingo ha blanqueado algo más que la grieta que se ha ido agigantando en el país. Desde ahora se experimentará una duplicación de autoridades, judiciales y ejecutivas, con reconocimientos internacionales diversos, instaurando un escenario abismal como una Corea en el Caribe con una Venezuela del Norte y otra del Sur, pero sin fronteras geográficas o muros lo que hará imprevisible su coexistencia.

El régimen va al choque porque no puede ceder. Cualquier retroceso lo desarticularía porque no se trata de un tironeo con bases políticas. La disolución del Estado ha dado lugar a un centro de poder atado a las ganancias espurias que aun permite el país, como ha sucedido y sucede en otras experiencias autoritarias. Cualquier modificación del status quo expone esa estructura delictiva que cuanto más se consolida más se profundiza. Aunque Maduro titubee, sus aliados internos no le permitirán ceder cancelando el controvertido llamado a la constituyente. El destino del conflicto será solo crecer.

La Casa Blanca trabaja para imponer "robustos" castigos económicos a la dictadura de Maduro, por su intento de reformar la constitución.

“Todas las opciones están sobre la mesa, todas las opciones están siendo debatidas”, aseguraron las mismas fuentes en una llamada telefónica con periodistas, en la que se negaron, no obstante, a especificar si las sanciones irán dirigidas a miembros del Gobierno venezolano o serán más amplias.

Preguntados por la posibilidad de que Estados Unidos decida prohibir las importaciones de petróleo venezolano a suelo estadounidense, los funcionarios no descartaron esa opción.

“El presidente (de Estados Unidos, Donald Trump) nos ha dicho que consideremos todas las opciones (…) y todas las opciones están siendo debatidas”, apuntaron.

“Entendemos que estamos trabajando con opciones que van a tener consecuencias, no solo en Venezuela, sino que también podrían tenerlas en Estados Unidos”, añadieron.

Una suspensión de las importaciones de petróleo venezolano afectaría no sólo a las economías de Venezuela y de Estados Unidos, sino que tendría también un impacto inmediato en los mercados internacionales del crudo.

Estados Unidos acoge la gran mayoría de las refinerías que procesan el petróleo venezolano, un crudo muy pesado que requiere un proceso específico, por lo que una decisión en ese sentido podría suponer un duro golpe para la empresa estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) y por tanto para la economía venezolana.

La Casa Blanca no quiso especificar cuándo harán públicas las sanciones, pero podrían tener lugar tan pronto como hoy.

Entre los individuos que potencialmente se podrían ver afectados por las sanciones se mencionan al ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino Lopez, y Diosdado Cabello, vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y miembro del Congreso, pero los funcionarios del Gobierno no quisieron confirmarlo.

Este lunes, Trump amenazó con “fuertes y prontas” sanciones económicas contra Venezuela si el Gobierno de Nicolás Maduro sigue adelante con sus planes de formar una Asamblea Nacional Constituyente, cuyo proceso electoral está convocado para el próximo día 30.

“Estados Unidos no se quedará quieto mientras Venezuela se desmorona. Si el régimen de Maduro impone su Asamblea Constituyente el 30 de julio, Estados Unidos tomará fuertes y prontas acciones económicas”, apuntó Trump en un comunicado.

El presidente también se refirió a la consulta convocada este domingo por la oposición, en la que votaron 7,5 millones de personas: “El pueblo volvió a dejar claro que apoya la democracia, la libertad y el estado de derecho”.

“Sin embargo, sus actos firmes y valientes siguen ignorados por un mal líder que sueña con convertirse en dictador”, dijo Trump.