El procedimiento, iniciado por la minera canadiense, se efectuó bajo el Reglamento de Arbitraje de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI) y de conformidad con el acuerdo firmado entre dichos países.
El 2 de mayo de 2013, la canadiense South American Silver Limited inició un arbitraje internacional contra el Estado boliviano por la reversión “sin compensación” de su concesión minera en Mallku Khota. En unos seis meses, Bolivia espera la decisión final sobre el arbitraje.
El arbitraje iniciado por la canadiense fue, en ese entonces, como consecuencia de los actos y omisiones del Decreto Supremo 1308, que revierte la concesión que estaba a nombre de la Compañía Minera Mallku Khota (CMMK), subsidiaria de South American Silver Limited
“Con South American Silver es un caso que ya concluyó todo el procedimiento, toda la instrucción del procedimiento arbitral y se está a la espera del laudo; ya en los próximos tres a seis meses que salga la decisión definitiva del tribunal de arbitraje”, informó el procurador General del Estado, Pablo Menacho.
El 1 de agosto de 2012, el Gobierno revirtió la concesión Mallku Khota, de 170 hectáreas, registrada a nombre de Exploraciones Mineras Santa Cruz Ltda (Emicruz), y 219 cuadrículas de la CMMK. Ambas concesiones mineras están ubicadas en las provincias Charcas y Alonso de Ibáñez del departamento de Potosí. La firma exige una compensación de Bolivia por $us 385 millones
El procedimiento, iniciado por la minera canadiense, se efectuó bajo el Reglamento de Arbitraje de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI) y de conformidad con el acuerdo firmado entre dichos países.
Además de este caso, Bolivia enfrenta otros procesos como la demanda iniciada por Jindal Steel Bolivia por la ejecución de sus boletas de garantía en el Mutún. Según Menacho, el país no debiera ser parte de ese proceso ya que se trata de un arbitraje de carácter comercial-contractual entre dos partes específicas: la Empresa Siderúrgica del Mutún y Jindal Steel Bolivia.
Otro es el laudo arbitral que obligaba al Estado boliviano a pagar a $us 48,6 MM a la chilena Quiborax continúa suspendido, mientras que con la suiza Glencore –por la estatización de dos plantas de fundición de minerales y una mina– ya se constituyó un tribunal de arbitraje y se ingresó en la fase inicial del proceso.
“El Estado boliviano está en haciendo todos los estudios y análisis correspondientes para asumir la mejor defensa que se pueda”, aseguró.
Las empresas BP Global Investment Limited, BP International Limited y BP Asia Pacific Holdings LTD solicitan una indemnización por la por la nacionalización de su paquete accionario en AirBP Bolivia. Actualmente, el proceso se encuentra paralizado al igual que el laudo arbitral que obligaba al Estado boliviano a pagar a $us 48,6 MM a la chilena Quiborax.
El viceministro de Cooperativas Mineras, José Luis Chorolque, informó que a la fecha sólo 16 de 1.806 cooperativas cuentan con personería jurídica emitida por la Autoridad de Fiscalización y Control de las Cooperativas (AFCOOP) en el marco de la nueva Ley 356 y su reglamento.
En un balance de lo que significó la actividad minera hasta mediados de año, Chorolque desagregó algunos datos de ese sector. Dijo que a la fecha existen 1.806 cooperativas con 122.668 socios, sin embargo sólo 16 lograron su personería jurídica ante la AFCOOP.
El año 2006 había en el país 911 cooperativas operando, de las cuales el 100% contaba con su personería jurídica, sin embargo a partir de 2007 esta situación fue en descenso hasta llegar a sólo 16 cooperativas con personería jurídica que no representan ni el 1% del total.
Chorolque destacó el impacto de las cooperativas mineras en la generación de empleo directo que supera las 122 mil en el país, sin embargo dijo que en cumplimiento a la Ley 845 recién se podrá hacer un diagnóstico sobre la calidad de ese trabajo cuando las cooperativas entreguen hasta el 31 de enero del 2017, sus estados financieros e informes sobre las relaciones societarias y distribución de los ingresos entre sus asociados.
El director de AFCOOP, Juan Vargas, informó que hasta agosto de 2016 se registraron 6.226 cooperativas a nivel nacional, pero sólo 1.300 empezaron su proceso de homologación y adecuación a la Ley General de Cooperativas promulgada en abril de 2013.
Explicó que el proceso de homologación de las cooperativas a la nueva Ley se puso en marcha con el decreto reglamentario aprobado en mayo de 2014, el cual daba plazo de dos años para la readecuación a la norma.
