Dirige insistirá en las rondas de subastas, a pesar de que no hubo postores en el sexto y último intento de retamar la refinería La Oroya y la mina Cobriza.
Doe Run no consiguió compradores. La sexta subasta en la que se intentó rematar el Complejo Metalúrgico La Oroya y la Unidad Minera Cobriza quedó desierta por falta de postores, tal como adelantó SEMANAeconómica.
En esta subasta, los activos se valorizaron en US$196.3 millones, 30% menos que el valor asignado en la primera subasta de la segunda ronda y 52% menos que su valor convencional. Con ésta, se concluye la segunda ronda que se inició en julio.
En las primeras tres subastas del año (la primera ronda), se creyó que los principales factores que contribuyeron al resultado negativo habían sido la demora en la modificación de los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para el aire y la decisión de vender en conjunto de activos de Doe Run, tanto la refinería como la mina.
Sin embargo, los ECA fueron modificados en junio sin generar inversionistas interesados en la segunda ronda debido a la baja rentabilidad de la refinería de La Oroya.
El resultado del proceso de venta confirma la necesidad de atender las observaciones pendientes y mejorar algunas de las condiciones establecidas para la venta en el Convenio de Liquidación. En consecuencia, la administración de DRP trabajará con la Junta de Acreedores de DRP para evaluar las condiciones del Convenio de Liquidación que puedan requerir ajustes con el fin de viabilizar un nuevo proceso de venta de activos en el marco de una liquidación en marcha. Este curso implica que la Junta de Acreedores apruebe la ampliación del plazo de la liquidación en marcha, previa publicación del Decreto Supremo correspondiente, actualmente en trámite, que autorice dicha ampliación.
Una vez concluida las rondas de subastas —proceso de liquidación en marcha—, se pasaría a ejecutar una liquidación convencional u ordinaria. Sin embargo, los acreedores han pedido al Ejecutivo ampliar por un año más la liquidación en marcha, que vence en agosto.
“Ese decreto supremo está en trámite y tenemos la expectativa que sea publicado en los próximos días” comentó Pablo Peschiera, gerente general de Dirige, firma encargada de encontrar un nuevo operador al complejo metalúrgico.
Bajo el supuesto de que el gobierno emita el decreto supremo que autoriza la prórroga de la liquidación en marcha por un año adicional, seguiría una evaluación de las condiciones de ventas de los activos y el planteamiento de una nueva estrategia. “En agosto deberían acordarse estas modificaciones y a principios de septiembre se espera que hayan sido aprobados por la Junta de Acreedores”, agregó Pescheira.
En las modificaciones de las condiciones, se tomaría en cuenta la venta conjunta de los activos y la falta de claridad en el manejo de los pasivos de los suelos, entre otros criterios.
En el caso de que la solicitud de la ampliación de un año adicional de la liquidación en marcha —que vence en agosto— sea negada por parte del Ejecutivo, se pasaría a una liquidación convencional.
Bajo esta modalidad, los acreedores decidirán si los activos se venden de forma conjunta o separada. En abril de este año, SEMANAeconómica adelantó que no habría un comprador que asuma todas las deudas. Debido a que el monto de la deuda excede el valor de los activos, el monto obtenido de la liquidación no cubriría el total de las deudas con sus acreedores, entre ellos Minemy Sunat. Así, el monto obtenido de las ventas tendría que priorizar el pago de deudas con trabajadores
El ministro de Energía y Minas, Gonzalo Tamayo, dijo a Reuters que el decreto que prorrogará el plazo de venta “saldrá en los próximos días”, ya que la firma encargada de este proceso (Dirige) tenía hasta agosto para vender la planta metalúrgica junto a su pequeña mina de cobre, que tenían un precio base US$ 196.3 millones.
El gobierno peruano planea extender el plazo para vender el complejo metalúrgico de La Oroya, luego de que la nueva subasta de la planta fue declarada desierta por falta de postores, decisión que posterga un previsto proceso de liquidación.
El ministro de Energía y Minas, Gonzalo Tamayo, dijo a Reuters que el decreto que prorrogará el plazo de venta “saldrá en los próximos días”, ya que la firma encargada de este proceso (Dirige) tenía hasta agosto para vender la planta metalúrgica junto a su pequeña mina de cobre, que tenían un precio base US$ 196.3 millones.
En el tercer intento de venta del complejo, las empresas que compraron las bases para la subasta no presentaron ofertas y se tenía previsto la “liquidación ordinaria” de la planta, según el director general de Dirige, Pablo Peschiera, quien solicitó al Gobierno del presidente Pedro Pablo Kuczynski la extensión del plazo por un año adicional.
“Queremos cambiar algunas condiciones de la venta”, dijo Peschiera.
El líder del sindicato de trabajadores del Complejo de La Oroya, Luis Castillo, pidió la renuncia de Peschiera, quien ocupa el cargo desde el 2015, debido al fracaso del proceso de venta.
La falta de interés ocurrió pese a que el Gobierno flexibilizó en junio los estándares ambientales para atraer inversionistas, para quienes las reglas de calidad del aire y del agua eran rígidas.
Según Peschiera, persisten algunos “obstáculos” para poder concretar la venta, como la falta de claridad normativa en el manejo de los pasivos de suelos y las condiciones laborales de los trabajadores exigidas al inversionista.
También afectó una reciente prepublicación de normas referidas a la gestión de sitios contaminados. “Definitivamente esa norma que es bastante extensa va a requerir un estudio de parte nuestra y de parte de los inversionistas también”, precisó.
La fundición de cobre, zinc y plomo La Oroya, de casi un siglo de antigüedad, fue controlada durante la década pasada por Doe Run Perú, una filial de Renco Group de Estados Unidos.
El complejo fue cerrado en el 2009 cuando Doe Run Perú se quedó sin dinero para operar y completar la modernización de la planta.
