Credit Suisse destacó que no tiene "apetito por proporcionar ningún financiamiento a la República de Venezuela".

Los inversores comienzan a tomar distancia del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. Ayer se conoció que Credit Suisse prohibió a sus unidades transar algunos títulos de deuda venezolanos y ordenó que futuros negocios con el país sean sometidos a la aprobación de su oficina de riesgo reputacional.

La banca de inversión suiza explicó a sus empleados que las medidas se toman para evitar "involucrarse en una transacción o acción que pueda percibirse como una forma de permitir al actual Gobierno venezolano continuar violando los derechos humanos de los venezolanos", dice un documento firmado el pasado 7 de agosto.

Concretamente, las unidades del banco tienen prohibido operar los títulos de deuda de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) con vencimiento al 2022, así como los emitidos por la República que expiran en 2036 y cualquier otro nuevo papel que un ente venezolano emita.

Tal como confirmaron las agencias periodísticas Bloomberg y Reuters, la entidad también limitó las operaciones con contrapartes venezolanas, lo que incluye a particulares y empresas.

Las nuevas reglas se imponen tras la condena que han hecho decenas de países a las últimas actuaciones del Gobierno del presidente Nicolás Maduro, y refuerzan temores sobre el efecto que tendrían posibles sanciones económicas contra el país, tras la amenaza de Estados Unidos que lo acusó de "dictador".

El objetivo de Credit Suisse es mostrar su poco interés de aportar fondos de manera directa o indirecta al Gobierno de Venezuela o cualquiera de sus entidades, añade. La restricción no afectaría a clientes del banco que ya poseen en su portafolio títulos venezolanos, y sólo exige un más estricto proceso de evaluación para próximas negociaciones. 

"Teniendo en cuenta el clima político y los recientes acontecimientos en Venezuela, y las medidas tomadas por el actual gobierno, queremos asegurarnos de que Credit Suisse no provea los medios para que nadie pueda violar los derechos humanos del pueblo venezolano", dice el memo conocido ayer.

La banca se encargó de destacar que no tiene "apetito por proporcionar ningún financiamiento a la República de Venezuela" directamente a través de terceros cuando cree que hay intención de pasar los fondos al gobierno, de acuerdo con el memorando.

La actitud de Credit Suisse contrasta con las recientes negociaciones que adelantaron bancos como Goldman Sachs y Nomura con los bonos PDVSA 2022. Eso les valió duras críticas de legisladores en Venezuela y Estados Unidos entre acusaciones de financiamiento a un gobierno violador de derechos humanos.

Entre sus nuevas normas enumeradas en el documento, Credit Suisse ordenó que su oficina de Riesgo Reputacional apruebe todos los negocios con contrapartes de Venezuela, bien sean empresas "controladas por el Gobierno venezolano, del sector privado y particulares" o incluso si hay algún "activo venezolano" en la operación.

El movimiento del banco "muestra que está retirando rápidamente su apoyo y asociación del régimen de Maduro", dijo Russ Dallen, socio gerente de Caracas Capital.

Este tipo de restricciones podría limitar las negociaciones a muy corto plazo que realice el Gobierno venezolano y su petrolera PDVSA para aliviar pagos de deuda por encima de u$s 4.800 millones hasta diciembre.

Es improbable que surja otra oportunidad de negocio mientras los costos de endeudamiento de la empresa y Venezuela sigan siendo prohibitivos