El interbloque Cambiemos volvió sobre sus pasos y, bajo la presión de la oposición, aceptó desbloquear en el Senado la prórroga de la Ley 26.160, que prohíbe los desalojos en tierras habitadas por comunidades indígenas.
El proyecto consensuado, que ya tiene dictamen favorable, será votado el miércoles próximo en la sesión especial donde también se trataría la propuesta de ley para sancionar los actos de corrupción cometidos por personas jurídicas.
El reclamo por la prórroga de la ley de tierras indígenas cobró fuerza a partir del caso de Santiago Maldonado, el joven desaparecido el 1 de agosto en el marco de una protesta de la comunidad mapuche en Chubut.
La norma, sancionada en noviembre de 2006, declaró por cuatro años la “emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias del país”.
Desde su sanción, la ley se prorrogó sucesivamente y el próximo 23 de noviembre caduca una vez más, por lo que el oficialismo accedió a extenderla -de acuerdo al proyecto que se votará el miércoles- por otros cuatro años.
En la sesión del pasado 7 de septiembre, el senador Fernando “Pino” Solanas hizo una moción para votar la prórroga sobre tablas, que no prosperó por el rechazo de Cambiemos y del jefe del bloque del PJ-FpV, Miguel Pichetto.
El titular del interbloque oficialista, Ángel Rozas, pidió entonces un plazo de gracia para evaluar una solución “integral” al drama habitacional de las comunidades originarias, pero dado que se aproxima el vencimiento de ley, se aceptó prorrogarla nuevamente.
En la Cámara de Diputados también había habido dos intentos, por parte de Victoria Donda (Libres del Sur) y Pablo López (Partido Obrero), para incorporar el tema en la última sesión, pero ambas mociones habían fracasado, igual que la de Solanas.
El reclamo de las comunidades volvió a hacerse oír este jueves en una audiencia pública en el Senado, encabezada por “Pino”, de la que participaron además el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, y Nora Cortiñas, de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora.
“Estamos ante una situación de extrema gravedad, porque hay una campaña anti-indígena cuando se habla la usurpación y ocupación ilegal de tierras”, denunció el senador, y advirtió que, por el contrario, “los campos en cuestión pertenecen desde siempre a los mapuches y hace décadas que debieron entregarles la titularidad”.
“Pino” opinó de todos modos que “no basta” con la prórroga de la Ley 26.160: “Hay que terminar con el conflicto fijando plazos perentorios al catastro de las tierras y la entrega definitiva de los títulos a sus ocupantes ancestrales”.
Según advirtió el legislador en el recinto a principios de mes, “de las 1.500 comunidades indígenas que tenemos en la Argentina, solamente a 459 se les ha concluido el relevamiento de sus tierras y de sus propiedades”.
NICOLÁS PIZZI
"Las usurpaciones de tierras son una problemática que se viene acrecentando por el auge de Vaca Muerta", afirma el fiscal Pablo Vignaroli, encargado de investigar los delitos económicos en la provincia de Neuquén. Lejos de un reclamo cultural, derivado de la posesión ancestral de las tierras, la Justicia de esa provincia sospecha que las últimas tomas de grupos mapuches persiguen un fin económico. Y que reciben una logística especial para llevarlas a cabo. Autos, camionetas 4×4 y armas son parte del kit utilizado.
Esta semana, la Justicia ordenó el desalojo de tres campos que habían sido usurpados en mayo pasado. Están ubicado en el paraje Tratayén, una zona estratégica por varios motivos: ahí están las tomas de agua para el yacimiento, y lo atraviesan varios gasoductos. Además, en eso campos hay desarrollo de la actividad agropecuaria.
La toma se concretó en dos etapas. El 18 de mayo a la madrugada, un grupo de personas ingresó a un campo ubicado sobre la ruta provincial N° 7, entre los kilómetros 75 y 83, cerca de la ciudad de Añelo. Horas después, otro grupo ingresó de manera violenta y tomó posesión de un terreno de la familia Gálvan, donde hay hasta una pista de aterrizaje. Según la denuncia judicial, amenazaron a los empleados y luego cambiaron el candado de la entrada. Cuando los dueños llegaron al lugar, ya era tarde. Algo similar ocurrió el 31 de mayo en otros campos de la zona.
Por esa toma, hay 21 imputados. Pero la Justicia está investigando a otras personas como los verdaderos instigadores. Un "arrepentido" aportó datos clave: dio nombres y explicó qué rol cumple cada uno en esa supuesta organización que se dedica a tomar tierras.
Los damnificados también aportaron información. Denunciaron que las tomas estuvieron lideradas por Diego Martin Rosales y Martín Mardones, y que los verdaderos instigadores son Gabriel Rolando Cherqui, Jorge Nahuel y Gilberto Huilipan, referentes locales de la comunidad mapuche.
La denuncia habla de "una logística de rotación de personas, provisión de víveres, autos y camionetas usadas" para las usurpaciones. Y detalla que los autos utilizados están radicados, llamativamente, en Cipolleti, San Rafael (Mendoza), Padua y en Morón (provincia de Buenos Aires).
"Estamos juntando información para tratar de determinar quiénes fueron los instigadores", confirmó el fiscal de Neuquén Pablo Vignaroli ante una consulta de Infobae.
Al igual que en otras provincias del Sur, en Neuquén las tomas tienen un alto contenido de violencia. En el desalojo del martes pasado, en el paraje Tratayén, se secuestraron armas de fuego, municiones, 28 bombas molotov, dos tanques de 200 litros de combustible, marihuana y cocaína. El dato preocupa al Gobierno nacional, que monitorea los conflictos mapuches con mayor énfasis luego del caso de Santiago Maldonado
En el caso de Tratayén, todo indica que hay una "sociedad" entre mapuches del LOF Fvta Xayen y no mapuches para llevar adelante una usurpación. "Pertenecen a una comunidad que un mes antes habían armado un estatuto y presentaron los papeles para ser reconocidos, pero los trámites no están terminados. Igualmente no cambia nada para el tratamiento penal", explicó el fiscal Vignaroli.
Para los propietarios de los campos, los usurpadores son personas comunes que "utilizan el rótulo de comunidad indígena". Traducción: usan la bandera de los mapuches para hacer negocios.
El intendente de la ciudad de Neuquén, Horacio "Pechi" Quiroga, habla de "mapuchismo" para cuestionar la utilización de la bandera mapuche. Entrevistado por Infobae, dijo: "La Confederación mapuche está en la búsqueda de ocupaciones ilegales con el objeto de encontrar un beneficio económico".
