El futuro del yacimiento petrolero Chañares Herrados vuelve a quedar encerrado entre grandes signos de interrogación.
Es que luego de que el Gobierno mendocino reformulara el contrato de concesión con Medanito S.A., su actual concesionario, por incumplir inversiones, la Justicia, a partir de irregularidades vinculadas a la adquisición de la empresa homónima en 2014, empezó a investigar la comisión de un delito penal económico por el cual los titulares de la firma arriesgan 4 años de prisión y una millonaria multa.
Caratulado "Medanito S.A y otros s/ infracción al art. 309, inc. B del C.P. según ley 26.733”, el expediente N ° 1470/2017 se tramita en el Juzgado Penal Económico N° 3, que ayer notificó a Medanito. "La Sociedad tomó conocimiento de la existencia del expediente ante el Juzgado, por hechos vinculados a la adquisición de la empresa Chañares Herrados", reconoció Carlos Gibson, ejecutivo de Medanito, a través de un comunicado al mercado bursátil.
Chañares Herrados Empresa de Trabajos Petroleros S.A. (hoy Chañares Energía S.A.) pasó a manos de Medanito S.A hace 3 años. Cabe recordar que en más de una ocasión el Gobierno mendocino había amagado con hacer caer la concesión por las irregularidades detectadas, pero Chañares, aún luego de la compra por parte de Medanito, siguió adelante.
Cabe recordar que el año pasado la Provincia rescindió la concesión por Puesto Pozo Cercado, otra de las que en su momento detentaba Chañares, y firmó un nuevo contrato con Medanito para proseguir con el yacimiento cuestionado, aunque en condiciones más estrictas de cumplimiento de inversiones.
El mismo fija una obligación de u$s 93 millones, que la firma había incumplido y para el cual se asoció con Fénix (ex El Trébol). "Para la nueva etapa pedimos más garantías y se ejecuta un control trimestral, cuando antes era quinquenal. En definitiva, es un contrato más duro, por el cual, de incumplir algún evento del cronograma se rescindirá", señaló el subsecretario de Energía e Hidrocarburos, Emilio Guiñazú.
Respecto a la causa judicial, los abogados de la cartera económica analizarán sus alcances. Por lo pronto, el funcionario advirtió que "en principio, una accion penal va contra las personas, y no necesariamente afecta un proceso administrativo".
Según la Justicia, los hechos investigados infringen el artículo 309, inciso B, del Código Penal. El mismo sanciona con prisión de 1 a 4 años, "multa equivalente al monto de la operación" e inhabilitación de hasta 5 años, al que "ofreciere valores negociables o instrumentos financieros, disimulando u ocultando hechos o circunstancias verdaderas o afirmando o haciendo entrever hechos o circunstancias falsas".
