La empresa Andes Iron, dueña del proyecto minero Dominga en Chile, dijo el sábado que acudirá a un tribunal ambiental para revertir el controversial rechazo de un comité de ministros que paralizó la iniciativa que demandaría una inversión de 2.500 millones de dólares.

La decisión de la minera se fundamenta en una supuesta “arbitrariedad y discrecionalidad” con la que se abordó el estudio del proyecto y en la que dos ministros del área económica votaron a favor de la iniciativa y luego renunciaron por discrepancias con la presidenta Michelle Bachelet.

“Hemos hecho una revisión preliminar de la resolución y vemos que se reiteran las arbitrariedades y (…) discrecionalidades que se han dado en todo este proceso”, dijo en rueda de prensa Iván Garrido, presidente de Andes Iron.

“Se reitera la ilegalidad con que se ha tratado el proyecto y que ha significado que dos ministros hayan tenido que renunciar para no hacerse parte de este proceso ilegal”, agregó.

En el fallo del comité de ministros se argumentó deficiencias en la sustentación ambiental del proyecto con capacidad de 12 millones de toneladas anuales de hierro y 150.000 toneladas de cobre.

Dominga se ubicaría 60 kilómetros al norte de la central ciudad de La Serena, cerca de reservas ecológicas por lo que sus adversarios habían advertido que causaría un grave daño ambiental en la región.

El proyecto ha salpicado también al mundo político, ya que algunos han denunciado la vinculación del proyecto en su génesis con el expresidente y candidato presidencial Sebastián Piñera, mientras otros han ventilado que la iniciativa se ubica cerca de terrenos de propiedad de la presidenta Michelle Bachelet.

Se publicaron el acta y la resolución de la controversial sesión del Comité de Ministros que rechazó el proyecto Dominga y Andes Iron confesó estar "más feliz que nunca". 

Este lunes, el ministro de Medio Ambiente, Marcelo Mena, se defendió de los dichos del presidente ejecutivo de Andes Iron, Iván Garrido, quien lo emplazó y acusó de actuar de forma irregular en el proceso, discusión y rechazo del proyecto Dominga. 

"Siempre hemos actuado en el contexto de la institucionalidad ambiental", dijo Mena y enfatizó: "Como ministro técnico he actuado en forma técnica y no tengo nada más a qué referirme sobre este tema". 

Sucede que el viernes, pasadas las 18:00 horas, se publicaron el acta y la resolución de la controversial sesión del Comité de Ministros que rechazó el proyecto Dominga y, durante la mañana del sábado, Andes Iron, confesó estar "más feliz que nunca" ya que los documentos reiterarían "las arbitrariedades y las ilegalidades y discrecionalidades que se han dado en todo este proceso".

Tras las declaraciones, Garrido afirmó que la empresa presentará una demanda ante el Tribunal Ambiental de Antofagasta, en donde "creemos que tenemos sobre el 90% de que el Tribunal va a revertir la decisión y por lo tanto va a volver a la Comisión Regional y va a volver a evaluarse este estudio de impacto ambiental". 

Ante esto, Mena apuntó que "está en su derecho el titular para poder presentar las acciones que estime pertinentes en el contexto de la institucionalidad ambiental". 

Pero luego fue enfático y concluyó expresando: "Pero para el Ejecutivo, el proyecto y el caso están cerrados".

Desde la publicación de los documentos asociados al rechazo del Comité de Ministros, al interior de la minera han iniciado un profundo trabajo con los abogados.

A toda marcha trabajan al interior de Andes Iron, controladora del controversial proyecto de cobre y hierro Dominga, para hacer llegar su caso al Tribunal Ambiental y de esta manera dar viabilidad a la iniciativa.

Con la publicación de los antecedentes de la votación de los presentes en el Comité de Ministros, la administración de la minera dio inicio oficial a una instancia judicial para revertir la votación del proyecto, la que no le otorgó una resolución de calificación ambiental (RCA). Esto, pese a tener el visto bueno por parte de la autoridad técnica ambiental y se le recomendara su aprobación.

A eso de las 18:0 horas el viernes, al interior de la empresa dirigida por Iván Garrido se enteraron de la publicación de los documentos donde se detallaba los antecedentes de la resolución que rechazó el recurso administrativo presentado por la minera. Esto derivó a horas maratónicas con el equipo jurídico, liderada por Patricio Leyton, socio de FerradaNehme.

Tras la revisión previa de la documentación, cerca de las 9:00 horas del sábado, la administración citó a todos los medios de comunicación para hacer sus descargos, y anunciar que durante los próximos 30 días hábiles acudirían al Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta. 

“Estamos muy contentos de recibir este informe porque ratifica lo que señalamos y lo que la opinión pública ya conoce: que a Dominga se le rechazó por razones netamente políticas y no técnicas, en las cuales se aprecia a simple vista un proceso repleto de arbitrariedades e ilegalidades, tanto en la forma como en el fondo”, afirmó Iván Garrido, en dicha rueda de prensa.

Posteriormente, en una entrevista, el mismo ejecutivo también delineó que podrían perseguir una estrategia judicial en contra del actual ministro de Medio Ambiente, Marcelo Mena; o el intendente de Coquimbo Claudio Ibáñez, quien dirimió el rechazo en el Comité Regional de Evaluación Ambiental. 

Sin embargo, comentan, dicho camino -al igual que el concurrir a una instancia internacional-, está lejos de ser zanjado.

No obstante, para concretar la llegada al Tribunal Ambiental en los 30 días que se establecen, los esfuerzos continuaron este lunes, con una seguidilla de reuniones con el objetivo de analizar el documento.

El estudio previo, explican conocedores de la empresa, estaría entregando nuevos antecedentes de inconsistencias respecto a la votación de los seremis y posteriormente los ministros de área económica, y los documentos y respuestas entregadas durante el proceso de evaluación ambiental.

Ayer, el ministro de Medio Ambiente Marcelo Mena, también se refirió a las palabras del gerente general de Andes Iron, reiteró que para el Gobierno el impasse por el proyecto de US$2.000 millones que buscaba emplazarse en la Región de Coquimbo, es un tema zanjado.

“Está en su derecho el titular de presentar las acciones que estime pertinente en el contexto de la institucionalidad ambiental, pero para el Ejecutivo, el proyecto y el caso están cerrados. Nosotros hemos actuado siempre en el contexto de la institucionalidad ambiental, y he actuado de forma técnica, y no tengo más que referirme al tema”, dijo.