Cerca de 800 chilenos reclaman en un proceso civil unos US$12,3 millones. Los envíos se realizaron durante la década del 80.

Un juzgado de Skellefteå, norte de Suecia, abrió el juicio contra la compañía minera sueca Boliden por los daños a la salud causados por las emanaciones de residuos tóxicos enviados hace tres décadas a la localidad chilena de Arica.

Cerca de 800 chilenos reclaman en un proceso civil 100 millones de coronas suecas (US$12,3 millones) a Boliden en concepto de indemnización. La minera sueca envió entre 1984 y 1986 desde su fábrica de fundición en Skellefteå unas 20.000 toneladas de barros metálicos que contenían mercurio, arsénico y plomo a la empresa chilena Promell para que los tratara.

Los residuos nunca fueron procesados por Promell, que años más tarde se declaró en quiebra, y quedaron abandonados a la intemperie en ese lugar. La demanda documenta que en la década siguiente se empezaron a constatar en los pobladores chilenos daños en la salud en forma de cáncer, tos crónica y dolores en articulaciones y huesos.

“Sin la actuación de Boliden nunca habrían aparecido esos problemas en esta ciudad. Las personas no habrían muerto de cáncer de útero y tumores cerebrales”, declaró hoy a la emisora pública Radio de Suecia uno de los abogados querellantes, Johan Öberg. Boliden rechaza las acusaciones y asegura que se limitó a seguir las leyes y reglas de la época y que las autoridades de ambos países estaban al corriente del acuerdo con Promell.

La minera sueca sostiene que los responsables son la compañía chilena y las autoridades locales, que permitieron que se construyesen viviendas en las proximidades del basurero.

La Corte Suprema chilena ya condenó en 2007 al Estado chileno a pagar unos 5,4 millones de dólares para reparar el daño a la salud provocado por la intoxicación a los 356 habitantes de la población “Cerro Chuño” (Arica), que no están incluidos en la demanda sueca, presentada a los tribunales hace cuatro años. Boliden mantiene un litigio con las autoridades españolas por la rotura en 1998 de la balsa de residuos de su mina de cobre en Aznalcóllar (Sevilla, que vertió seis millones de metros cúbicos de lodos contaminados con metales pesados y aguas ácidas al río Guadiamar.