La empresa que lleva adelante la instalación de la Termoeléctrica no cuenta con antecedentes en el campo energético. La firma aparece asociada a fondos de inversión y estudios de abogados vinculados a funcionarios del gobierno nacional.
Araucaria Energy S.A., la empresa que lleva delante la construcción de una planta termoeléctrica en Luján, no cuenta con antecedentes en proyectos de producción energética. Su incursión en este campo va de la mano de dos socios estratégicos: la reconocida multinacional alemana Siemmens -que además de fabricar las turbinas aporta su experiencia técnica- y Stoneway Capital, que aportó el financiamiento necesario para concretar las inversiones.
Además, tras comprar a principios de este año el 51 por ciento de Stoneway Capital, se suma al conglomerado de empresas So Energy, que ya participaba en el mercado energético argentino a través de las centrales instaladas en Rio Tercero (Córdoba) y Salto (Buenos Aires).
A pesar de que en Luján el desembarco de la empresa trascendió a la opinión pública hace apenas dos semanas, cuando el Concejo Deliberante aprobó la rezonificación del predio donde se erige la planta casi finalizada y con un plazo perentorio para empezar a operar, el marco político que impulsó la instalación de la central termoeléctrica comenzó a desplegarse apenas seis días después de la asunción del presidente Mauricio Macri.
El 16 de diciembre de 2015, el Ejecutivo Nacional declaró la Emergencia del Sector Eléctrico Nacional e instruyó al Ministerio de Energía y Minería para que elabore “un programa de acciones necesarias en relación a los segmentos de generación, transporte y distribución de energía eléctrica, con el objetivo de adecuar la calidad y seguridad del suministro, en condiciones técnicas y económicas”.
En este contexto, el 22 de marzo de 2016, la Secretaría de Energía Eléctrica, dependiente de la cartera que conduce Juan José Aranguren, a través de la Resolución Nº 21, delegó en la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (CAMMESA) “la convocatoria a inversores ajenos al Estado Nacional, para que manifiesten su interés en la instalación de nueva oferta de generación vinculada al Sistema Argentino de Interconexión (SADI), la que deberá estar en condiciones de aportar potencia para el próximo período estacional de verano y los subsiguientes de invierno mayo-octubre 2017 y verano-noviembre de 2018”.
Un mes más tarde, el 25 de abril de 2016, Araucaria Energy S.A. fue creada por Jorge Alejandro Nuñez y Tomás Nuñez, ambos con domicilio en el Piso 15 de la Avenida Libertador 498 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires -domicilio compartido por varias empresas, entre ellas Sideco Americana S.A., la legendaria empresa de la familia Macri, ubicada en el Piso 18-. La firma se creó con un capital inicial de tan solo 100.000 pesos, una cifra inverosímil para una empresa con vocación de transformarse en un jugador de peso en el mercado energético.
Concluida la evaluación técnica y económica de los oferentes -con un total de 24 grupos empresarios-, entre junio y julio de 2016 CAMMESA quedó autorizada a “iniciar las tratativas tendientes a concretar la suscripción del Contrato de Demanda Mayorista (CdD), con cada una de las empresas cuya oferta haya resultado elegida”. Entre ellas figura Araucaria Energy, con la instalación de cuatro centrales termoeléctricas en Matheu, San Pedro, Las Palmas y Luján.
La oferta presentada por Araucaria Energy fue aceptada por CAMMESA, pero el financiamiento necesario para llevar adelante las inversiones todavía no estaba asegurado. Sin embargo, Araucaria estaba obligada, como requisito para firmar los contratos, a entregar al ente gubernamental una garantía de 78 millones de dólares.
“La garantía fue otorgada por AES Internacional, una entidad financiera de Dubái, que posee un capital de apenas 4 millones de dólares, situación que fue denunciada por quien aparecía entonces como apoderado de Stoneway Energy, Álvaro Campins Camejo, un venezolano controversial, con procesos judiciales abiertos tanto en su país como en otros países de América Central por estafas y corrupción. Lo hizo a través de un mail que envió el 17 de enero a los directivos de CAMESSA”, relata Gabriela Cerruti en su portal digital Nuevas Voces, una de las pocas periodistas que ha investigado el armado de empresas de energía ad hoc para participar en las convocatorias lanzadas por el Ministerio de Energía.
“Pero en lugar de cancelar el contrato, CAMMESA decidió otorgar un plazo a los socios locales de Stoneway Energy para conseguir un nuevo aval. Fue entonces cuando se presentó la nueva empresa como parte del contrato y cuando apareció Norberto Quintana ofreciendo el bono de deuda en el exterior, que finalmente se colocó en febrero”, completa la ex legisladora porteña y dirigente de Nuevo Encuentro.
Los “proyect bonds” o “bonos para proyectos” son un instrumento financiero utilizado para solventar inversiones en grandes obras de infraestructura, especialmente en las áreas de transporte y energía. Como herramientas, constituyen una alternativa al tradicional financiamiento bancario, ya que los recursos obtenidos provienen directamente del mercado de capitales. Fue la opción elegida por Araucaria Energy para afrontar la construcción de las cuatro centrales termoeléctricas.
La empresa controlante de Araucaria Energy, Stoneway Capital, colocó un bono internacional por 500 millones de dólares, luego de realizar un “road show” en Nueva York, Los Ángeles, Boston, Londres, Ámsterdam y Paris. La noticia fue destacada por el diario especializado en información económica Ámbito Financiero el 17 de febrero de 2017, que definió la colocación del bono como la consolidación de “la vuelta de la Argentina a los mercados de capitales”.
“Esta transacción constituye el primer ‘project bond’ en Argentina tras más de dos décadas, el último había sido emitido por IEBA en 1992 durante las privatizaciones. Los fondos serán aplicados para la construcción de 4 plantas de Energía térmica ubicadas en las localidades bonaerenses de Matheu, Luján, Las Palmas y San Pedro, generando más de 600 puestos de trabajos directos y 1300 indirectos”, agregaba el matutino, en tanto señalaba que, “por encima de los 500 millones de deuda, Siemens y Stoneway Capital aportaron 136,5 millones de dólares como capital a riesgo”.
En la operación también participó como asesor el estudio Holland & Knight, un destacado bufet de abogados con sede central en Nueva York y oficinas en más de 20 ciudades estadounidenses, además de sucursales en México, Colombia y Reino Unido. A través de su página web, el 28 de febrero pasado Holland & Knight anunciaba que había “asesorado al desarrollador de energía Stoneway Capital Corporation en la obtención de un project bond de 500 millones de dólares”, proveyendo el financiamiento para el “desarrollo, obtención, construcción y operación de cuatro plantas generadores de ciclo simple en Buenos Aires, Argentina”.
Asimismo, añade, “la transacción también incluyó un crédito prendario de 115 millones de dólares de Siemmens Financial Services y una inversión de capital adicional de SoEnergy International Inc., un desarrollador de energía con base en Florida”.
La participación de estudios de abogados es una norma en este tipo de operaciones, garantizando su seguridad jurídica a cambio de jugosas comisiones. En este sentido, hasta el pasado mes de junio, Holland & Knight ya había intermediado en 6 de las 17 colocaciones de bonos de deuda de distintas provincias; a saber: Tierra del Fuego, Chubut, Mendoza, Buenos Aires y Salta.
El problema con Holland & Knight es que entre sus abogados se cuenta Norberto Eladio Quintana, hermano menor del actual secretario de Coordinación Interministerial de la Nación, Mario Quintana, uno de los hombre de confianza del presidente Mauricio Macri. Esto le valió al ministro una denuncia penal por parte de Gabriela Cerruti por el delito de “negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas”, causa que se tramita ante el juez Sebastián Ramos y la fiscal María Paloma Ochoa, que fue quien dio impulso a la investigación.
En su portal, Cerruti explica con detalles los fundamentos de su denuncia: “Norberto Quintana es directamente quien se encarga en aquel estudio (Holland & Knight) de las colocaciones de bonos”, afirma. De hecho, el propio bufet detalla en su página que “los socios de Holland & Knight Norberto Quintana, Stephen Double y la consultora Lara M. Ríos lideraron el trabajo para llegar a este acuerdo y representan a Stoneway Group/Araucaria Energy, en este tema”.
Por parte del Estado, “Mario Quintana fue quien participó en el trámite de autorización de estos bonos provinciales lo que hace que su hermano Norberto gane sumas millonarias en concepto de comisiones y honorarios profesionales, en contraposición a lo que indica la Ley de Ética Pública”, amplía Cerruti, subrayando que entre las principales funciones de la cartera explicitadas en su página de presentación figuran la de colaborar “en la gestión del financiamiento externo y las relaciones con los organismos multilaterales de crédito”.
El 18 de enero de 2017, nuevamente Ámbito Financiero daba cuenta de las últimas noticias en materia de adquisiciones de empresas. El portal refería que “So Energy International compró recientemente el 51 por ciento de Stoneway Energy (Stoneway Capital Corporation), compañía controlante de las subsidiarias Araucaria Energy S.A. y SPI Energy S.A.”.
“La adquisición mayoritaria se valuó en el orden de los 200 millones de dólares, y es estratégica para la compradora, que triplicó de esta forma la construcción de nuevas centrales en el país. Con esto, el grupo tendrá un total de 6 nuevas plantas bajo la Resolución 021/2016 ubicadas en Matheu, Luján, Salto, Rio Tercero, Las Palmas y San Pedro. Así, se convierte en la segunda firma extranjera más importante en la generación de energía en Argentina”, completaba.
Además, indicaba que “el total de las Centrales están siendo construidas por Siemens que forma parte minoritaria de Stoneway Energy, y que también hará la operación y mantenimiento de las plantas durante los próximos 10 años. De esta manera, Stoneway está altamente comprometida con el país a largo plazo, y asume el desafío sobre la necesidad de bajar los costos que tiene el sistema energético”.
“Su equipo está poniendo todos los esfuerzos para llevar adelante las propuestas más eficientes, así como lo han hecho en la "Manifestación de Interés" de la Resolución 420/16 de la Secretaría de Energía de la Nación en donde se presentaron más de 100 proyectos el pasado viernes 13 de enero”, concluía.
No es fácil rastrear información sobre Stoneway Capital, una de las empresas controlantes de Araucaria Energy. En su página web se presenta como “una compañía privada de Nueva Brunswick, Canadá, con oficinas centrales en Buenos Aires, Argentina. Nuestro propósito es construir y operar -a través de de nuestras dos subsidiarias indirectas argentinas, Araucaria Energy S.A. and SPI Energy S.A.-, plantas de energía de ciclo simple que utilizarán combustible diesel o gas natural para proveer electricidad al mercado eléctrico mayorista de Argentina”.
Sin brindar información sobre la historia y experiencia de la compañía en el rubro energético, solo se menciona a sus dos socios -Araucaria Energy y el flamante So Energy- y se brindan detalles de los únicos cuatro proyectos en marcha: San Pedro, Luján, Matheu y Las Palmas.
Una vez más, es Cerruti quien ayuda a arrojar luz sobre la procedencia de la compañía. “José Irusta Cornet, Rogelio Eduardo Nores y Jorge Alejandro Nuñez -este último, que en calidad de presidente inició el trámite en la Municipalidad de Luján-, dueños en los papeles de las compañías de energía Araucaria y Spi Energy que ganaron la construcción de cinco centrales termoeléctricas por 2.400 millones de dólares y colocaron un bono de deuda privada por otros 500 millones de dólares, están lejos de ser expertos en el tema. Vinculados al mundo de la televisión y de los negocios, ya vendieron los contratos ganados, luego de haberse quedado en el medio con jugosas comisiones, y de haber hecho crecer así los fondos de inversión que comparten con el ministro de Finanzas, Luis Caputo”.
“Irusta Cornet, Nores y Nuñez compartían cargos y acciones en distintos fondos de inversión, como Araucaria Capital, pero a medida de la licitación del campo energético crearon el año pasado dos empresas, Araucaria Energy y Spi Energy, y una ‘controladora’ con sede en las Islas Vírgenes, Stoneway. Con esos nombres y sin ningún antecedente en el área energética ganaron la construcción de cinco centrales termoeléctricas. Con la licitación ganada y usando como intermediario al estudio del hermano del vicejefe de gabinete, Mario Quintana, emitieron un bono por quinientos millones de dólares. Ahora, vendieron el contrato a la empresa colombiana So Energy y subcontrataron a Siemens para que lleve adelante las obras”, advierte.
Y agrega: “Fondos de inversión ligados a funcionarios del gobierno crean empresas ad hoc para quedarse con contratos y licitaciones, emiten deuda privada, revalorizan las empresas a partir de las licitaciones ganadas y venden los contratos amparados en cláusulas previstas en la misma licitación”.
Santiago del Sel, la cara visible de Araucaria Energy, tal como lo denomina el portal La Política On Line, confirma en una entrevista que la empresa fue creada especialmente para participar en el sector energético a partir de las posibilidades que abrió la convocatoria del gobierno nacional.
“Surge a partir de un grupo de argentinos que viven aquí y en Estados Unidos, que comenzaron a estudiar demandas de energía de Argentina a partir de distintos escenarios, tanto del estancamiento que veníamos, como ante un gran salto para recuperar más de diez años sin inversión. Ese análisis coincide con el cambio de Gobierno y la nueva política de Macri y Aranguren de convocar al sector privado para diversificar la matriz energética y los operadores”, señala.
Para concretar sus objetivos “se fueron atando los socios del proyecto, como Siemens en la parte de ingeniería y So Energy, una empresa tradicional de Colombia que ahora la controlan capitales norteamericanos y por último la pata más compleja: el financiamiento. Se decidió entonces emitir un bono que se cerró en febrero de este año a diez años, con el que se levantaron 500 millones de dólares en los mercados internacionales y fue el gran éxito de la operación. Ese bono significó que Argentina volviese al ruedo de lo que se llama financiamiento de proyectos, que hace veinte años no se lograba. Se dio entonces un buen análisis de la oportunidad, con un adecuado contexto político y regulatorio, con socios de tecnología de punta y el componente financiero”.
Por último, ante una pregunta del medio, del Sel admite que el grupo “surge como una firma con experiencia en colocación de bonos y mercados financieros y va mutando a empresa de energía. Nuestro foco está puesto en el sector energético, que es lo que requiere el país. En seis meses cuando comencemos a operar, nos convertiremos en un grupo generador de energía”, concluye.
