La causa comenzó por los derrames de cianuro en la mina Veladero; también fueron procesados tres ex titulares de la Secretaría de Ambiente, acusados de haber violado la ley de glaciares, pero ningún directivo de la empresa Barrick Gold, propietaria de la mina.
En octubre de 2012 un tribunal italiano despertó la indignación de la comunidad científica internacional cuando condenó a seis años de cárcel a un grupo de geólogos de ese país por no haber previsto el terremoto de 2009 en L'Aquila.
El fallo causó una conmoción porque, como repiten los especialistas cada vez que uno de esos movimientos tectónicos ocasiona pérdidas dramáticas en vidas humanas e infraestructura, la ciencia todavía no tiene las herramientas para predecir en qué momento exacto se producirá un sismo ni de qué intensidad será.
Algo similar podría estar sucediendo en la Argentina. El juez Sebastián Casanello acaba de procesar penalmente al destacado glaciólogo del Conicet Ricardo Villalba en la causa iniciada por los derrames de cianuro de la mina Veladero del 12 y 13 de septiembre de 2015 y el 8 de septiembre de este año.
¿De qué se lo acusa? De que en el diseño del Inventario Nacional de Glaciares dispuesto por la Ley 26.639 y ejecutado por el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianigla), entidad de la que fue director por concurso entre 2005 y 2015, se dispuso incluir cuerpos de hielo y ambiente periglacial de más de una hectárea, con lo que habría dejado "desprotegidos" los existentes en la cuenca del rio Jáchal, en San Juan.
Según el abogado Diego Seguí, patrocinante de la asamblea "Jáchal no se toca", que hizo la denuncia, "[el Ianigla] restringió el concepto de «periglaciares»" y "si la ley no distingue, no puede hacerlo el funcionario que la aplica".
"Esto es lamentable -dice Villalba, desde Mendoza-, porque se destruye la confianza en un instituto con 40 años de trabajo en pro de la preservación del ambiente andino. El juez y los abogados de la asamblea cuestionan la metodología con la que se hizo el inventario aduciendo que favoreció a la empresa Barrick Gold, le permitió seguir operando y producir el derrame. Pero las técnicas para elaborar estos instrumentos están estipuladas por organismos internacionales. En nuestro caso, por razones operativas y de precisión de las fotos satelitales, adoptamos el mínimo de una hectárea. Suiza, por ejemplo, mide superficies a partir de 10 hectáreas, y Francia y Canadá, a partir de cinco."
Y enseguida subraya: "No entiendo porqué se hace tanto hincapié en el mínimo de una hectárea, si en la zona se relevaron 30 cuerpos de hielo con una superficie de cuatro kilómetros cuadrados, 40 hectáreas. El inventario registró la existencia de glaciares en Veladero y Pascua Lama, con lo cual existen motivos más que suficientes para detener la explotación minera en la región, si así se decidiera. Pero eso no le compete al Ianigla, que no es la autoridad de aplicación.
En 2006, cuatro años antes de la Ley de Protección de Glaciares, por pedido del gobierno de San Juan, nuestro instituto ya había hecho un estudio de impacto ambiental con todos los cuerpos de hielo de la provincia, aún los de menos de una hectárea, y los derrames ocurrieron igual, porque son producto de la falta de aplicación de otras medidas."
Desde Washington, el juez Casanello, que fue recusado por la empresa Barrick Gold y que fundamenta su fallo en detalle a lo largo de más de 80 páginas (puede leerse aquí), destaca que "en los países que eligen inventariar desde las cinco o 10 hectáreas no hay Andes desérticos" y agrega que "Para poder proteger, hay que conocer; sin el inventario, no se puede llevar a la práctica esa protección. De hecho, la Corte en su fallo que devuelve la causa Barrick Gold a la justicia de la provincia de San Juan finaliza afirmando que «no pueden decir más porque no está hecho el inventario»".
Hasta el momento, el Ianigla lleva registrados más de 15.400 glaciares a lo largo de 4000 kilómetros de Cordillera, el 70% del total.
"Es un trabajo que permitirá conocer por primera vez cuántos glaciares hay realmente en el país, cuál es su superficie actual y qué características tienen, además de entender cómo fluctúan en respuesta al cambio climático", dice Villalba.
El inventario es una herramienta dinámica: la norma legal ordena su actualización cada cinco años. Pero la ley protege todos los cuerpos de hielo, independientemente de su tamaño.
Por ejemplo, establece que actividades proyectadas en glaciares y en ambiente periglacial deben estar sujetas a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental que deberá incluir la identificación de todos los cuerpos de hielo potencialmente afectados.
La ley también dispone que se garantizarán instancias de participación ciudadana en forma previa a la autorización y ejecución de actividades que pudieran afectar los cuerpos de hielo.
El procesamiento de Villalba, doctor en Geociencias por la Universidad de Colorado, Estados Unidos, y actual investigador superior del Conicet, provocó múltiples rechazos en el país y sorpresa en el exterior.
Michael Zemp, director del Servicio Mundial de Monitoreo de Glaciares, y Bruce H. Raup, director del Servicio Global de Medición de Hielos Terrestres desde el Espacio, enviaron sendas cartas en las que respaldan la decisión de incluir masas de hielo de más de una hectárea en el inventario.
"Un tamaño de una hectárea podría considerarse un límite mínimo práctico, ya que entidades más pequeñas pueden ser muy numerosas y su status como glaciares es probablemente dudoso. Éste es también el tamaño mínimo que puede ser identificado con certeza en buenas condiciones desde los sensores satelitales", escribe Zemp.
"Aunque no tomamos partido legal, escribimos para ofrecer evidencia de que la aplicación de un área mínima para la inclusión de glaciares en inventarios nacionales e internacionales ha sido una práctica común desde hace décadas", afirma Raup.
"Conozco a Villalba desde hace más de treinta años -dice Víctor Ramos, uno de los más destacados geólogos argentinos y ex director del Laboratorio de Tectónica Andina-. Sé muy bien de su honestidad personal y de su compromiso profesional. Esto es una afrenta."
Por su parte, el grupo Ciencia y Técnica Argentina distribuyó un documento en el que manifiesta que "fue la participación del Ianigla la que permitió a la Argentina ser el primer país del mundo en contar con una ley y un inventario de glaciares construido sobre la base de una metodología avalada por estándares consensuados en el nivel internacional".
Villalba es conocido como un defensor del medio ambiente. En 2007, integró el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, que junto con Al Gore recibió el premio Nobel de la Paz por su contribución a alertar sobre el cambio climático.
Además de procesarlo, el juez Casanello dispuso un embargo de cinco millones de pesos sobre sus bienes y prohibió su salida del país. Y como el Conicet no se hizo cargo de su defensa, Villalba debe afrontar los costos legales.
