La tonelada de carbonato de litio enviada por SQM llega a casi US$ 11 mil. Su rival lo hace a US$ 9.156. Los distintos valores se explican fundamentalmente por el grado del producto, volúmenes y mercados de destino.
El Salar de Atacama es el centro de operaciones de dos empresas líderes mundiales en producción de litio: la chilena SQM, controlada por Julio Ponce, y Albemarle, firma norteamericana que adquirió y continuó las operaciones de Rockwood. Ambas deben pagar un royalty a Corfo, entidad titular última de los recursos del subsuelo de dicho salar. Sin embargo, los valores de venta de la producción de ambas empresas no son iguales.
Según cálculos privados hechos a partir de cifras de Aduanas, SQM exportó durante el año la tonelada de carbonato de litio a US$ 10.974 en promedio, mientras que su rival lo hizo a US$ 9.156. La diferencia, comentan fuentes cercanas a ambas empresas, se debe al grado del producto exportado.
“En este sentido, durante 2017 SQM exportó un 42% del total de su producción de litio como carbonato de litio e hidróxido de litio grado batería”, señala una fuente de la industria, valores que también superan a productores argentinos, de acuerdo con cifras obtenidas a partir del sitio web del servicio de comercio trasandino.
La misma fuente comenta que, el caso de SQM, el máximo valor a su producción de litio se agrega en Chile, puesto que aunque lo exporta a partes relacionadas, estas sólo se encargan de su comercialización, no de su procesamiento. “Por lo tanto, el impuesto por concepto a este valor agregado, se queda en Chile”, señala la fuente.
Desde Albemarle, en tanto, comentaron que “las diferencias de precios entre distintos actores de la industria se justifican en todas las cláusulas que el Acuerdo de Valoración de Aduana de la OMC establece como válidas”.
Entre ellas, señalan desde la productora minera, destacan “las diferencias de volumen, mercados a los que van destinados los productos y las especificaciones que tienen cada uno de ellos. En el caso del carbonato de litio esto es especialmente importante, ya que si bien, se utiliza una medida universal – LCE- para su cálculo, la comparación se puede referir a productos de características absolutamente distintas. Este no es un mercado de commodities y los productos se ajustan a las necesidades de cada cliente”.
“En Albemarle somos socios de nuestros clientes y de Chile en el desarrollo de industria responsable. Es por esto, que además de las diferencias en las características de los productos, nuestros precios se basan en contratos de largo plazo, que no se aprovechan de las oportunidades de desequilibrio del mercado ni utiliza precios de venta spot”, complementan desde dicha compañía.
Los montos de exportación del carbonato de litio son los únicos comparables, pues SQM también envía hidróxido de litio, a un precio mayor, superior a los US$ 18 mil por tonelada.
Otro punto relevante de analizar es el monto que va para el Fisco a partir de cada tonelada de carbonato de litio vendida. Cifras públicas señalan que en el caso de Albemarle, el 29,4% del valor de la tonelada -que promedia en el año US$ 9.156- va a parar al Estado de Chile, mientras que si bien SQM vende a un precio mayor, de US$ 10.974 por tonelada, en su caso el 18,6% del precio de venta termina en las arcas fiscales.
“Independiente de las diferencias, lo importante es que el contrato Corfo estableció mecanismos de cálculo de comisión basada en el precio final de venta, algo que no se ve reflejado en esas estadísticas y que asegura al Estado de Chile un ingreso mucho mayor”, indican desde Albemarle.
Si bien desde el ministerio aseguraron que el documento debiese ser reingresado en breve, existirían importantes problemas en la solicitud.
El proceso de búsqueda de un socio por parte de la estatal Codelco para explotar las pertenencias de litio que posee en los salares de Maricunga y Pedernales, en la tercera Región, se está viendo enfrentado a un nuevo obstáculo.
Y es que tal como explicó la empresa, se encuentran a la espera del otorgamiento del Contrato Especial de Operación de Litio (CEOL) por parte del Ministerio de Minería, para continuar la búsqueda del socio.
El documento, que ya estaba listo y solo restaba su toma de razón en Contraloría, sufrió un revés y la semana pasada fue retirado del organismo para realizar correcciones.
“Sólo después de que se nos otorgue el CEOL estaremos en condiciones de especificar el tipo de asociación requerida y de realizar la invitación para que nos presenten las ofertas finales”, dijo Codelco hace unos días tras ser consultada por el estatus del proceso.
Según fuentes conocedoras del proceso, las observaciones de Contraloría obligarían a replantear las especificaciones del CEOL que otorgaría Minería.
La principal duda que genera el proceso y que sería el eje central de las aprensiones hechas por el ente liderado por Jorge Bermúdez, tendrían que ver con el modelo presentado para el desarrollo del proyecto de litio.
En el Decreto Supremo N° 64 firmado por la ministra Aurora Williams el 26 de octubre, al cual tuvo acceso Diario Financiero, se autoriza a la filial de Codelco “Salar de Maricunga S.p.A.” a explorar y explotar en el área del contrato, así como a comercializar la cuota autorizada por la CChEN.
Este último punto sería uno de las piedras de tope para Contraloría, ya que el objetivo de Codelco es que la filial que utilizarán para explotar litio sea una empresa que no tendrá carácter de empresa del Estado, a lo que se suma la prohibición de ceder los permisos que recibió la Corporación por parte de la CChEN a una coligada de la que no necesariamente será la controladora.
Otro de los problemas identificados tiene que ver con la suerte de bloqueo que significaría otorgar el contrato con las condiciones que plantea Codelco. Así, por ejemplo, se expuso durante una sesión del comité de Minería no Metálica realizada el 7 de junio pasado, en las oficinas de Corfo.
En el acta de aquella reunión, Jaime San Martín, gerente de Desarrollo de Negocios de Codelco y quien está liderando el proceso del litio al interior de la Corporación, indicó que “por los recursos mineros potenciales y por las interferencias del bombeo, solo podría operar un proyecto de 20 kptm LCE, por un período de entre 20 y 30 años”. De esta manera, se imposibilitaría el impulso de otros desarrollos que existen en la zona, tales como los de Cominor, Simbalik y Salar Blanco.
En esa misma sesión, los representantes de la estatal se refirieron nuevamente a los plazos que se manejan, apuntando a que la adjudicación del socio sería entre los meses de noviembre y diciembre, siendo que a la fecha, aún no reciben las ofertas finales, las que posteriormente deben ser analizadas por el directorio de la empresa.
En el Ministerio de Minería, quien ha liderado el proceso ha sido el subsecretario Erich Schnake, quien confirmó que tras las observaciones de forma, fondo y cláusulas realizadas por Contraloría, decidieron retirar el decreto con el objeto de “realizar algunos ajustes y aclaraciones al documento”, pero apuntó a que este es un proceso normal, para presentar a futuro un decreto que sea más robusto y consistente.
Schnake aseguró que el ministerio es quien tiene la facultad de suscribir contratos especiales de operación de litio (CEOL) y respecto a los plazos, dijo que “esperamos reingresarlo en los próximos días, ya que es nuestra voluntad que este proceso logre materializarse durante esta administración”.
Rio Tinto, empresas chinas, y una vieja conocida en el Salar de Atacama, Albemarle, están detrás del 32% en la minera no metálica que busca enajenar la canadiense. Sin embargo, todas estas presentan pros y contras para la compañía.
Por una hora y media se reunió el pasado viernes el máximo ejecutivo de la canadiense Potash, Joshen Tilk, con el vicepresidente de Corfo Eduardo Bitrán. El objetivo del encuentro era ahondar en el estado de su mayor inversión en el país, SQM, de la que posee un 32%. Esto, considerando que para la canadiense es clave el desenlace que tenga el arbitraje entre el organismo estatal y la minera ligada de Julio Ponce, por los contratos de arrendamiento en el Salar de Atacama. Sobretodo, considerando que se deberá desprender de su participación en SQM antes de marzo de 2019 para cumplir con las condiciones que fijaron organismos de competencia internacionales para aprobar su fusión con Agrium. Y en este proceso, los interesados también han preguntado por el avance en el proceso con Corfo.
De hecho, durante las últimas semanas, los interesados en este 32% de SQM se han ido desplegando en el país y han tenido conversaciones con distintas autoridades con el mismo objetivo: esclarecer el futuro de la minera no metálica en el Salar de Atacama, que en los últimos estados de resultados aportó el 48,47% de sus ingresos.
Pero, ¿cuáles son los puntos fuertes y débiles de cada una de las interesadas, en el caso de que el negocio llegue a puerto?
Según fuentes cercanas a la chilena, la respuesta es compleja. En primer lugar, el hecho que la fusión con Agrium le obligue a Potash a desprenderse de SQM ya es un escenario que no acomoda. Sobre todo, tras el acuerdo de convivencia que alcanzaron con el controlador tras años de tensiones en la mesa. Ahora, dicen desde la compañía, Potash es considerado un socio que aporta una mirada valiosa, por ejemplo en temas de probidad.
Entre las diferentes opciones de comprador, los perfiles varían bastante. En el caso de Rio Tinto, se valora la cultura corporativa, similar a la canadiense. Por ello, un eventual ingreso a la propiedad es considerada positiva teniendo en cuenta los cambios que se han impulsado desde la propia SQM para eliminar conflictos de probidad.
De origen anglo-australiana Rio Tinto es uno de los principales grupos mineros del mundo. No obstante, no cuenta con gran experiencia en los negocios que maneja la chilena, ya que su core es la producción de aluminio, cobre, diamantes, oro, minerales industriales (boratos, dióxido de titanio y sal), mineral de hierro, carbón térmico y metalúrgico y uranio. En el caso del litio, tiene un depósito en Serbia llamado Jadar, pero este aún está en desarrollo.
El gigante minero ha estado rondando el país con el objetivo de acumular información sobre el conflicto que mantiene Corfo con SQM. En noviembre, el director general de negocios y desarrollo del cobre en Latinoamérica de Rio Tinto, Michael Harris, se reunió con Bitrán para “analizar la posición de Corfo con respecto a la potencial entrada de inversores extranjeros interesados en celebrar acciones legales con el Estado”, indica la plataforma del Lobby.
En el caso de que una empresa asiática llegue a la propiedad de SQM, ya sea Sinochem, Tianqi o GSR Capital, desde el sector lo ven como positivo para destrabar el conflicto con Corfo. Y es que particularmente a las empresas chinas le acomoda asociarse con los gobiernos para desarrollar proyectos de inversión, por lo que estiman que podrían empujar a la mesa para llegar a un acuerdo en el Salar de Atacama.
En el caso de Tianqi -que según ha trascendido está en la lista corta- desde hace un rato que tiene interés en ser parte de SQM. Esto se ve en sus últimos movimientos: en 2016 se hizo del 2,1% de SQM que mantenía el fondo norteamericano SailingStone Capital Partners, del cual posteriormente se desprendió; al tiempo que estuvo en competencia para comprar el paquete en Pampa Calichera, proceso que posteriormente se desechó.
A esto se suma que, según trascendió, la CEO de la compañía china Tianqi Lithium, Vivan Wu, conoce hace años al gerente general de SQM, Patricio de Solminihac. Además, la compañía tiene un amplio conocimiento en el mercado del litio: posee negocios que incluyen el desarrollo, explotación, procesamiento, producción y comercio de una amplia gama de productos de litio.
Otra de las empresas que figuraría en competencia por SQM, es la norteamericana Albemarle. Esta no solo tiene amplio conocimiento del mercado del litio, al ser la segunda productora detrás la chilena, también tiene operaciones en el Salar de Atacama.
Sin embargo, de concretarse la operación, Albermarle se transformaría en la primera productora de litio a nivel mundial, y generaría una concentración del mercado mundial en un único gran conglomerado, lo que según ha trascendido no caería del todo bien a las autoridades locales.
