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ANÁLISIS
Villalonga: Barrionuevo, Moyano, Macri y la "oligarquía sindical"
12/01/2018
MINING PRESS/ENERNEWS/Gaceta Mercantil

JULIO VILLALONGA

Algún memorioso recordará aquel programa de Bernardo Neustadt con Carlos Menem, en el primer año de su primer mandato, cuando, casi en un paso de comedia, el conductor interrumpió el reportaje en curso para "informarle" al presidente que había recibido una información "de último momento": el entonces díscolo líder del sindicato de Camioneros, Hugo Moyano, había sido denunciado en la justicia por la presunta comisión del delito de narcotráfico.

Menem, naturalmente, dijo que no sabía nada del asunto pero que, si así era, nadie en aquella "nueva Argentina" debía escapar a las decisiones de la justicia. Rápido corolario: Moyano bajó los decibeles de sus reclamos durante casi una década y sus críticas al "modelo neoliberal" recién se reinicieron cuando la estrella de Menem comenzaba a eclipsarse. La causa ni siquiera existió pero parece que bastó el aviso.

Otro dirigente sindical eterno como Luis Barrionuevo -el que dijo en el mismo programa de Neustadt que los que dirigían el país debían dejar de robar por dos años-,acaba de amenazar sin disimulo al gobierno de Mauricio Macri por la sucesión de casos de detenciones de dirigentes sindicales investigados por corrupción y la lavado de activos: "El Caballo" Suárez, "El Pata" Medina y "El esteño" Balcedo son los últimos y más complicados especímenes de este género, pero todo indica que no serán los últimos.

Esta certeza le da credibilidad a lo que, a todas luces, es un apriete por omisión -en el mejor de los casos- del Gobierno, que sí dio las señales necesarias para que jueces con una razonable aprehensión por lo que pudiera pasarle a ellos y a sus familias, aceleraran causas e investigaciones contra dirigentes de distintos sectores con trenes de vida absolutamente obscenos.

Más prolijos o menos prolijos, decenas de sindicalistas que se han eternizado en el poder de sus gremios no resistirían investigaciones judiciales más o menos profundas. Los "Gordos" Gerardo Martínez, Andrés Rodríguez, Antonio Caló, Armando Cavallieri, los dos Daer, entre otros de una extensa lista en la que no incluimos a los ya fallecidos, han crecido patrimonialmente gracias a familiares, abogados, contadores y variopintos prestanombres gracias a los cuales seguramente hasta sus bisnietos no encuentren impedimento alguno para prosperar, aunque no se dediquen a nada productivo.

La "burocracia sindical" nació con el peronismo, pero su adaptabilidad a los sucesivos cambios del poder le permitieron convertirse en una "oligarquía sindical", tan poderosa como cualquiera de los otros factores, con una enorme capacidad de presión y de corrupción de funcionarios y empresarios.

Barrionuevo, cada tanto, se hace cargo de la ciclópea tarea de defender a sus congéneres, pero siempre lo hace advirtiendo algo. En este caso reflotó el "helicóptero" de Fernando De la Rúa y la salida anticipada de la presidencia de Raúl Alfonsín, episodios ambos en los que el peronismo político y sindical tuvieron mucho que ver. Buscó, de este modo, asimilar a la Administración Macri con los dos gobiernos fallidos de los radicales. Un recurso metonímico.

Simultáneamente a la inauguración de una clínica del Sindicato de Camioneros, la gubernamental Unidad de Información Financiera que conduce el abogado experto en lavado Mariano Federici, a pedido del juez federal Claudio Bonadio, emitió un dictamen en diciembre pasado en el que se advierte de una serie de maniobras de la empresa que se encargó de la reconstrucción de ese sanatorio, empresa que está ligada muy directamente a la última esposa de Moyano, Liliana Zulet. Solo tomando dos períodos de seis meses, entre septiembre de 2010 y marzo de 2011, y entre febrero y julio de 2017, respectivamente, surge que esa empresa recibió del sindicato más de 200 millones de pesos en cheques, la mayoría de los cuales fueron firmados por Pablo Moyano, el hijo "combativo" de Hugo.

Ningún fiscal federal se preguntó en las últimas dos décadas cómo creció el "Imperio Moyano", a todas luces integrado por empresas como la recolectora de residuos Covelia -Pablo- o la postal OCA -Hugo-, cuando los indicios eran absolutamente concordantes. Durante el primer kirchnerismo, el de Néstor, su alianza con los Moyano y la bonanza inicial tapizaron el crecimiento exponencial del poder y la capacidad económica del gremio de los Camioneros y de su conducción familiar. En detrimento del desarrollo de la red ferroviaria, claro.

Cristina Kirchner nunca comulgó con esa asociación táctica entre Néstor y Hugo, pero el ensoberbecimiento del líder de los Camioneros le jugó una mala pasada el 17 de octubre de 2010, cuando en un estadio de River repleto -en una demostración de fuerza ostensible- dijo que ansiaba el momento de ver que un trabajador ocupara la Casa Rosada. La presidenta tomó el micrófono y le recordó que ella laboraba desde los 17 años, lo que equivalía a decir que no era una usurpadora del cargo. Diez días más tarde moría Néstor en El Calafate y cerca de CFK aseguraron que su descompostura de madrugada se debió a una fuerte discusión con Hugo, lo que fue desmentido por él propio gremialista.

Si las investigaciones judiciales avanzan, puede que se demuestre algún día que el manejo de las obras sociales no es todo lo transparente que debería. La causa que involucra a la mujer de Moyano con los troqueles truchos de los tratamientos más caros como los del cáncer, no avanza hace mucho. La diputada nacional oficialista Graciela Ocaña fue la denunciante original, igual que en el caso de las empresas ligadas a los Moyano que ahora comienzan a ocupar lugar en algunos medios. Podrán criticarla por sus constantes cambios de partido pero no por hacer la vista gorda en estos y en otros muchos casos de corrupción.

El círculo íntimo de Moyano es conocido. Una concienzuda búsqueda en Google permitiría reconstruir su composición: el empresario Jorge "Turco" Elías, al frente del grupo periodístico La Nueva Provincia y beneficiado recientemente en una licitación nacional del ex RENAR para hacer los certificados de aptitud para portar armas; el abogado Daniel Llermanos, a cargo de aquella empresa, IVETRA, que cobraba 67 dólares de "peaje" por cada contenedor que entraba o salía del puerto de Buenos Aires. Carlos Vázquez, desde hace un tiempo al frente de Covelia luego de una gestión plagada de irregularidades de Ricardo Depresbiteris, el hombre puesto por Pablo Moyano en su momento. En fin. Es cuestión de buscar un poco, nada más, si hay voluntad. El tiempo dirá si la hubo.


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*La información y las opiniones aquí publicados no reflejan necesariamente la línea editorial de Mining Press y EnerNews

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