Dos diarios de Buenos Aires se ocupan del contexto político y de negocios que rodea hoy a la minería Argentina, en particular al sector metalífero al cual preocupa la legislación sobre protección de glaciares.
VEINTITRES
Hoy no hay proyectos que entren en construcción hasta el 2020.
A partir de la diferencia que existe en el seno del Gobierno sobre modificar o reglamentar la Ley de Glaciares aprobada en 2010. Hoy el tema no está en las prioridades de la agenda de Cambienos para el presente año o al menos en los próximos seis meses.
La decisión no hace más que aplazar la llegada de inversiones de la industria minera que tuvo el año pasado un balance negativo. Actualmente no existen nuevos proyectos en construcción al menos hasta el 2020. Fuentes oficiales reconocieron a que "no sólo no se está trabajando en un nuevo proyecto de ley" sino que tampoco "está en la agenda al día de hoy cambiar la normativa". Desde la industria distintas fuentes consultadas coincidieron en que no ven posible por parte del Ejecutivo impulsar una nueva ley, lo que desestima la llegada de capital y más aún cuando "hay varios pedidos de inconstitucionalidad que la Corte debe resolver".
Esto es en referencia a la presentación que hiciera meses atrás el ministro de Medio Ambiente, Sergio Bergman ante la Corte Suprema, el cual fue desestimado, aunque falta definir aún los casos sobre jurisdicciones. Sin embargo vale recordar que en noviembre pasado el presidente Mauricio Macri recibió a la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM) a quienes prometió tener una nueva ley a presentar en febrero.
Pero las fuentes de la Casa de Rosada volvieron a negar el armado de un nuevo proyecto y si bien manifestaron haber estado "trabajando" en su momento en lo que era una reglamentación de la ley, hoy está todo "frenado". Para el gobierno la minería es una "política de Estado", pero no a cualquier precio ni de cualquier forma sino de "mucho control" y "respetando" las mejores prácticas de medio ambiente que hay a nivel internacional. Por su parte la industria advirtió que si no se modifica la ley "la actividad en dos años desaparece" y señalaron que el 2017 fue "negativo". Al consultar sobre los puestos de trabajo manifestaron que las distintas empresas "despidió o directamente no tomo nueva mano de obra".
Para esto se deben activar algunos grandes proyectos mas su resultado no se verá sino hasta dentro de 3 o 4 años. Vale subrayar que el empleo empieza en la fase de construcción y hoy no hay nada previsto hasta el 2020. "Nadie puede arriesgarse a invertir u$s 3.000M, como mínimo en la primera etapa de un nuevo emprendimiento si luego llega la Justicia y lo cierra", resaltaron las fuentes del sector. El Ejecutivo deberá entonces reformular si cambia o reglamenta la ley. Antes, deberá recordar la carta de la diputada Elisa Carrió, quien mostró oponerse no sólo a las nuevas "iniciativas" dado que "implican rupturas de acuerdos básicos de Cambiemos" sino también al "histórico lobby minero".
JAVIER DROVETTO
Pasaron siete años desde la aprobación de la ley de glaciares, pero el debate sobre qué superficies son las que deben ser preservadas volvió a ponerse en discusión. Empresarios mineros y provincias como San Juan, Catamarca y Mendoza, asesoradas por la Secretaría de Minería de la Nación, impulsan una reforma de la norma para limitar la intangibilidad del ambiente periglaciar y así destrabar por lo menos 20 proyectos mineros.
Varias ONG advierten que la iniciativa pone en riesgo reservas vitales de agua dulce en zonas de lluvias escasas y aridez extrema. Y denuncian que el inventario de áreas a preservar que se hizo sobre la base de la ley que ahora se pretende flexibilizar incumple la propia norma al no incluir todas las superficies que contienen agua sólida. Se basan en un reciente fallo judicial que expone que el inventario incorporó solo extensiones de más de una hectárea, una limitación no establecida en la ley.
Las pretensiones de las mineras pasaron de ser cautelosas a abiertas. "Hay que hacer una ley técnicamente aceptable, que preserve los glaciares importantes y los vinculados al paisaje. Pero hay que dejar que la actividad se desarrolle en los que no tienen ninguna trascendencia", afirmó Jaime Bergé, vicepresidente de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM), y señaló la necesidad de modificar los artículos 2º, 6º y 7º de la ley, justamente los que incluyen el ambiente periglaciar como área a proteger y prohíben la minería en esa extensión.
Los empresarios consideran que no todo el ambiente periglaciar hace un aporte significativo de agua a los ríos que nacen en la cordillera. Por eso la expectativa es reformular la ley para invertir la carga de la prueba y que ante la presentación de un proyecto minero se estudie si el ambiente periglaciar donde se quiere radicar la explotación opera como una reserva de agua y, de comprobarse que es así, que solo en esa instancia se lo desestime.
Para entender la dimensión de lo que está en discusión basta detallar que actualmente hay 21 proyectos mineros de grandes dimensiones en actividad, por lo que una hipotética reforma -según los empresarios- ayudaría a despejar el camino para incrementar considerablemente las exploraciones.
La herramienta que tienen los empresarios para volver a poner en debate el tema son las inversiones. Bergé detalló que en San Juan hay entre cuatro y cinco proyectos parados: "Nadie quiere poner US$2000 millones, la inversión inicial promedio, con esta ley". Raúl Rodríguez, titular de la Cámara Mendocina de Empresarios Mineros, indicó que en esa provincia hay 20 proyectos parados, con una inversión estimada en US$16.000 millones, y reconoció que los 10 proyectos que él representa como abogado "podrían (según la interpretación que se hiciese de la ley) estar en zona considerada periglaciar".
Un informe hecho en julio de 2016 por la Dirección de Gestión Ambiental, Recursos Hídricos y Acuáticos de la Nación detalla que existen 44 proyectos mineros "cercanos" a glaciares o ambientes periglaciares inventariados. De esos, solo uno está en actividad, Veladero.
Las pretensiones de las mineras ya habían surgido en 2008, en la previa a la aprobación de la primera ley de glaciares, vetada por Cristina Kirchner, y en 2010, cuando se sancionó la actual. Alberto Hensel, ministro de Minería de San Juan, afirmó que "la ley no define con claridad cuándo se considera que se está frente a un recurso hídrico estratégico" y reconoció que los proyectos mineros de Los Azules, Altar y Pachón se planificaron en zonas periglaciares.
Rodolfo Micone, secretario de Minería de Catamarca y presidente del Consejo Federal de Minería, coincidió en que es necesario modificar la ley porque "se hace referencia a un cuidado preventivo", y destacó que esa prevención "ya viene dada por la ley nacional de prevención para la actividad minera". El subsecretario de Energía y Minería de Mendoza, Emilio Guiñazú, opinó que "la ley puede ser mejorada" y señaló que tiene definiciones que "permiten interpretaciones para quien se oponga ideológicamente al desarrollo".
Desde CAEM aseguran que la idea de modificar la ley tiene el visto bueno del presidente Mauricio Macri y afirman que se lo hizo saber el 14 de noviembre en la Casa Rosada. Además insisten en que la intención es poner el tema en la agenda legislativa de marzo. Voceros de la Secretaría de Minería, que encabeza Daniel Meilán, sostuvieron que no es la secretaría la que impulsa la reforma y señalaron a las provincias como promotoras: "Hemos sido consultados sobre aspectos técnicos de la ley y hemos prestado colaboración".
Ocurre que una reforma como la propuesta no pasaría inadvertida y tendría múltiples costos: políticos, con el antecedente de la carta que la diputada Elisa Carrió le envió a Meilán en noviembre, en la que le adelantó que modificar la ley de glaciares "implica ruptura de acuerdos básicos de Cambiemos", y también traería repudio social por la regresividad en la protección ambiental.
"En la región andina central, La Rioja, San Juan, Mendoza y norte de Neuquén, los ríos solo se abastecen de precipitaciones níveas y cuando estas son escasas el flujo hídrico lo regulan los glaciares y ambientes periglaciares", advirtió Gonzalo Strano, coordinador de la campaña de glaciares de Greenpeace.
Andrés Nápoli, director de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), lo ejemplifica: "Los glaciares de escombro [tienen agua sólida en los poros de rocas] de San Juan tienen casi tres veces más agua que los embalses de Cuesta del Viento, Ullum y Caracoles juntos".
Con la ley actual, en el país están protegidos 5742 kilómetros cuadrados de glaciares y ambiente periglaciar. Esa superficie de hielos y glaciares de escombros es la que suman las 15.703 áreas que el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianiglia) incluyó en el inventario que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación planea publicar en su totalidad en marzo.
El ministro Sergio Bergman negó que Ambiente esté trabajando en un proyecto alternativo a la ley actual. Y respecto de la exclusión en el inventario de las áreas inferiores a una hectárea, consideró que se encuadra dentro del estándar científico internacional.
El Gobierno eliminó las retenciones, pero los empresarios dicen que no es suficiente.
La minería a gran escala en la Argentina suma en la actualidad 21 proyectos en actividad, según un informe del Ministerio de Energía y Minería de la Nación. La mayoría son de extracción de metales y se concentran en cinco provincias: Jujuy, Salta, Catamarca, San Juan y Santa Cruz. En el norte predominan las exploraciones de plata y litio. En Catamarca y San Juan, las de oro y cobre.
Y en el sur, las de plata y oro. Según el mismo informe, hay solo cuatro proyectos en construcción: Cerro Moro, una exploración de oro en Santa Cruz; Caucharí Olaroz (Jujuy) y Salar de Rincón (Salta), dos proyectos de litio, y Lindero, que será la primera mina de oro de Salta. Mientras que existen cinco proyectos en etapa de reingeniería, entre ellos Pascua Lama, un complejo binacional de oro y plata situado en San Juan y la región de Atacama, en Chile. Se trata de un plan ambicioso, pero cuestionado desde ambos lados de la cordillera.
Lo llamativo del panorama minero es la gran cantidad de proyectos "de grandes dimensiones" en etapa de estudio, prefactibilidad y factibilidad. Según el Ministerio de Energía y Minería, son 42, muchos de ellos sobre la cordillera y, por lo tanto, condicionados por la ley de glaciares.
Esa situación explica en gran medida el interés del gobierno nacional y de varias provincias, como San Juan y Catamarca, por reformar la ley. En San Juan, por ejemplo, las tres minas metalíferas (Gualcamayo, Casposo y Veladero) "emplean 7000 personas y otras 20.000 en forma indirecta", detalló Alberto Hensel, ministro de Minería de la provincia, donde la actividad representa el 35% de su PBI y el 78% de las exportaciones.
De acuerdo con datos del Ministerio de Energía y Minería, las exportaciones mineras -a las que el gobierno nacional eliminó por completo las retenciones apenas comenzó la gestión de Cambiemos- fueron por US$3582 millones en 2016, un 2,3% más que en 2015, pero muy por debajo de los US$5019 millones registrados en 2012. La decisión de quitarle los derechos de exportación a la minería persigue, entre otros objetivos, alargar la vida útil de varias minas y alentar inversiones.
Sin embargo, según la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM), ese incentivo no es suficiente si convive con la ley de glaciares, ya que muchos proyectos, por lo menos 20, están en el ambiente periglaciar o en zonas cercanas, por lo que no deberían poder avanzar. O, en todo caso, de seguir adelante, podrían ser judicializados. "No quieren avanzar, no quieren poner los US$80 o US$100 millones que les faltan para terminar la evaluación porque no tienen seguridad jurídica", afirmó Jaime Bergé, vicepresidente de la CAEM, desde donde sostienen que el sector minero emplea de manera directa 10.480 personas y tiene una tasa de formalidad del 92%.
En esta puja también juega su rol el juez federal Sebastián Casanello, que investiga incumplimientos en los deberes de funcionario público por los derrames de cianuro en Veladero, la mina de Barrick Gold en San Juan, ocurridos en 2015 y 2016. El juez procesó el 27 de noviembre a tres exsecretarios de Ambiente de la Nación del kirchnerismo y al entonces responsable del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales Ricardo Villalba. Los acusa de haber contribuido a generar un ámbito de desprotección de cuerpos glaciares y periglaciares. A Villalba le recrimina no haber incluido en el inventario los glaciares y ambientes periglaciares de menos de una hectárea.
Jaime Bergé, Cámara Empresarios Mineros
"Hay que hacer una ley que preserve los glaciares importantes. Pero hay que dejar que la actividad se desarrolle en los que no tienen ninguna trascendencia"
Gonzalo Strano, Greenpeace
"En La Rioja, San Juan, Mendoza y el norte de Neuquén, los ríos se abastecen de precipitaciones níveas. Cuando son escasas, el flujo lo regulan los glaciares y ambientes periglaciares"
