Oil se había concursado a mediados de 2016. Pero, en noviembre del año pasado, la Corte Suprema anuló el expediente. El juez Cosentino aceptó además unificar en el mismo juzgado los concursos de todos los medios de la ex Indalo.
El juez Javier Cosentino, subrogante a cargo del Juzgado Nacional en lo Comercial Número 5, Secretaría 10, aceptó la apertura del concurso preventivo de Oil Combustibles, la petrolera de Cristóbal López, a la que la AFIP le reclama $ 17.000 millones por la evasión sistemática, entre 2011 y 2016, del impuesto a la transferencia de combustibles líquidos.
Oil se había concursado a mediados de 2016. Pero, en noviembre del año pasado, la Corte Suprema anuló el expediente, ya que, sostuvo el máximo tribunal, la empresa había cambiado “fraudulentamente” su domicilio para radicarlo en la Justicia de Comodoro Rivadavia (Chubut).
Luego, Héctor Vitale, titular del Juzgado Comercial 4, rechazó la presentación que hizo Ceibo, el nombre que el ex grupo Indalo tiene desde que lo administran Ignacio Rosner y Santiago Dellatorre. Pero, a fines de diciembre, la Sala D de la Cámara Comercial ordenó la apertura del proceso.
Según los informes de sus síndicos, Oil Combustibles tiene un activo de $ 16.494,2 millones y deudas, entre pasivos verificado y admisible, de $ 11.234,75 millones.
De ese monto, unos $ 6.000 millones corresponden a la AFIP (sin intereses ni punitorios). En su ejercicio 2016, la petrolera facturó $ 10.405,98 millones y perdió $ 418,32 millones. En 2015, había registrado ingresos por $ 9.498,8 millones, con un beneficio neto de $ 639,2 millones.
Cosentino, además, aceptó llevar el concurso de Ideas del Sur (IDS). La semana pasada, Héctor Chomer, titular del Juzgado Comercial 10, se había excusado de abrir la convocatoria de la productora, al entender que, “por razones de economía y prudencia”, ese proceso debía darse en el mismo juzgado en el que se tramitara el de Oil, empresa que, a través de South Media Investment (SMI), es el accionista de IDS.
El 22 de diciembre, Ceibo pidió los concursos de las empresas de medios de la ex Indalo, por un pasivo conjunto que ronda los u$s 100 millones. Declararon a septiembre como el mes de ingreso en la cesación de pagos. Al no existir una sociedad holding, se hicieron presentaciones distintas por cada empresa, que recayeron en juzgados distintos.
Conocedores de los engranajes de la Justicia Comercial interpretaron la decisión de Chomer como la apertura de una huella que no tardarían en seguir sus colegas. No hizo falta. Además de aceptar el concurso de Ideas del Sur, Cosentino también ordenó librar los oficios en los que solicitará a los jueces que recibieron los pedidos de convocatoria de Telepiu (C5N),
Pensado para Televisión, Real Time Solutions, Editorial Amfin, Nefir, South Media Investments, Paqariy, Votionis (Radio 10 y Mega), DH Com (Pop FM), Radio Productora 2000 (Vale) e Imagen Radial (One) que declinen sus competencias y le remitan esas causas a su tribunal, donde ya está radicado el de IGD (Diario El Patagónico).
Para el concurso de Oil, Cosentino estableció el 9 de marzo como fecha límite para dictar la resolución que categorizará a los acreedores y designará al comité de control, conformado por ellos. Además, el período de exclusividad para formular propuestas de acuerdos finalizará el 10 de agosto.
También dispuso mantener la inhibición general de bienes que pesa sobre la empresa. No es un dato menor, ya que –directa e indirectamente– Oil es dueña de la mayoría de las empresas que conformaron Indalo y Rosner y Dellatorre basan buena parte de sus esperanzas en la venta de activos considerados no estratégicos, como –por ejemplo– los medios de comunicación. De hecho, llegaron a un acuerdo con el grupo Vila-Manzano, para que los dueños de América, Grupo Uno y La Red hagan una auditoría sobre C5N, CN23 y las radios, para definir si realizará una oferta de compra.
Rosner y Dellatorre recibieron la noticia con alivio. Sobre todo, luego de que, ayer, la AFIP le presentó a Julián Ercolini, juez que investiga la evasión tributaria de Oil, un escrito en el que vuelve a solicitarle que no apruebe el traspaso de las empresas de Indalo.
Es que, para la Justicia, esos activos, todavía, pertenecen a López y su socio, Fabián De Sousa. Ercolini ya había desaprobado el traspaso a OP Investment –el vehículo inversor de Rosner–, pactado en octubre, por el valor simbólico de $ 100. De hecho, encarceló preventivamente a López y De Sousa por entender que esa transacción (y el haberla sostenido luego de su rechazo) fue una violación a la inhibición de bienes que pesa sobre los patagónicos. Y ordenó que se investigue si ese traspaso no constituyó una maniobra fraudulenta, motivo por el cual el fiscal Ramiro González ya imputó a los intervinientes en la operación.
La empresa que ahora administra OP Investment sumó $ 860 millones de deuda. Cristóbal López había dejado un rojo de $ 8.000 millones.
La falta del pago del Impuesto a la Transferencia de los Combustibles (ITC), no sólo representó una deuda de $ 8.000 millones con la AFIP, sino que le valió a Cristóbal López y a su socio, Fabián De Sousa, un procesamiento por defraudación al Estado y la prisión preventiva.
Con el Grupo Indalo bajo la administración de OP Investment, propiedad de Ignacio Rosner y Santiago Dellatorre, Oil Combustibles SA (OCSA) generadora de la millonaria deuda, ya adeuda $ 860 millones correspondientes a dicho impuesto. El informe sobre estos números podría complicar la venta del holding como pretenden el empresario K.
Bajo la administración de Alberto Abad frente a la AFIP, Cristóbal López no contó con más períodos de gracia, ni facilidades para planes de pago. Desde diciembre de 2015 no tuvo margen para maniobrar ni financiarse con el ITC como hizo durante los últimos años del gobierno de Cristina Kirchner.
Según los números oficiales a los que accedió Clarín, a agosto de 2017 pagó 24 veces más que con la gestión anterior el Impuesto: en 2016 pagó 3.150 millones de pesos, y en lo que va de 2017 ya lleva pagados 2.140 millones, contra los 128 millones que sólo abonó en 2015.
Sin embargo, con sus dueños presos y bajo la administración de OP -que busca adquirir la totalidad de las acciones del Grupo Indalo-, Oil Combustibles volvió a generar deudas con el fisco por $ 860 millones, según pudo constatar este medio. No es la primera vez que ocurre, ya habían sido intimados el año pasado por retrasarse en el pago del ITC y generando una deuda de $ 250 millones. La cifra se incrementó con el correr de los meses.
Al mantener la empresa una conducta similar a la que llevó a sus dueños a terminar procesados por defraudación, la deuda se informó a la Justicia y podría ser contemplada entre la documentación que los veedores informantes presentarán esta semana ante el juez Julián Ercolini (quien procesó a López y a De Sousa), para pronunciarse sobre la venta del Grupo. En primer lugar, al igual que el fiscal Gerardo Pollicita, plantearían el rechazo a la venta de las 170 firmas que constituyen el holding.
La semana pasada la AFIP, como contó Clarín, se opuso a dicha operación, objetando -entre otros aspectos-, la falta de transparencia en los números y verdadero motivos para la venta. El principal riesgo para el ente recaudador es que se ponga en riesgo la garantía de pago de la millonaria deuda que entre punitorios e intereses ya asciende, según los cálculos oficiales, a $ 17.042.509.692.
En medio de esta discusión, OP Investment ve como una posibilidad de avanzar en la capitalización del grupo y el saneamiento de sus cuentas, la reapertura del concurso preventivo de Oil Combustibles -por orden de la Sala D de la Cámara Comercial- y que quedó a cargo del juez en lo comercial Javier Consentino. En dicha instancia, buscarán incluir las deudas de la petrolera con la AFIP, entre ellas los $ 860 millones que se debe del ITC.
Consultados por Clarín sobre la falta de pago del impuesto a los combustibles, desde el fondo de inversión señalaron que desde octubre a la fecha “se ha tratado con mucho esfuerzo a pesar de las dificultades, de levantar empresas endeudadas. La intención es pagar todas las deudas y eso incluye a la AFIP pero cuanto más se retrase la salida judicial más complicada es la situación”.
El año pasado el organismo que conduce Alberto Abad, le negó el ingreso al Grupo Indalo al plan de facilidades de pago conocido como “Plan Puente”, que permite a todos los contribuyentes regularizar las deudas hasta en 24 cuotas en el marco de la resolución 4099, "por un monto total superior a los 10 millones de pesos". El argumento principal, era la situación judicial de las empresas investigadas por apropiación indebida de aportes y retenciones.
En la actualidad las 170 empresas de Indalo se encuentran inhibidas por el juez Ercolini. Hasta el 26 de diciembre de 2017 sólo 75 sociedades eran alcanzadas por la medida cautelar, pero días después de la detención del empresario K y su socio, el magistrado extendió la inhibición a todas las firmas.
