Erich Schnake 

Chile, por su historia, su relevancia en la producción minera y su desarrollo económico, se presenta como el principal referente regional en materia de minería. Amplio reconocimiento recibe su solidez institucional, caracterizada por un marco regulatorio conocido y estable; políticas tributarias enfocadas en los inversionistas; y una institucionalidad especializada en minería. Igualmente, se destaca la existencia de una fuerza de trabajo calificada, identificada en profesionales altamente competentes a nivel técnico y universitario; el buen ambiente de negocios; y la estabilidad macroeconómica. 

Todos estos atributos son bien conocidos y reconocidos por los inversionistas, pero su valor se relativiza, cuando se empieza a instalar la idea de que en Chile no hay espacio para nuevos exploradores, por cuanto el norte estaría cubierto íntegramente por concesiones de exploración y/o explotación; o cuando se instala la idea de que somos un país que tiene una geología “madura”. Si bien es cierto que los yacimientos minerales más evidentes y de mejor acceso son, probablemente, los que ya han sido descubiertos, también es cierto que no es posible conocer y menos acceder a la potencialidad geológica del país si es que no facilitamos la exploración de minerales. 

En el círculo minero nacional e internacional se comenta que el sistema de propiedad minera vigente dificulta el desarrollo dinámico de la actividad, por cuanto los titulares de una concesión no tienen ninguna exigencia en desarrollar trabajos de explotación y/o exploración, obstruyendo el ingreso de reales interesados en explorar y explotar nuestros recursos. Estos incumbentes pueden tener razones legítimas para no explorar ni explotar sus concesiones, pero también existen quienes los que especulan que alguna empresa minera se interese en comparar su propiedad minera.

Este punto ha sido levantado por el Comité de Productividad liderado por Joseph Ramos, en su acápite sobre minería, señalando que no es bueno que exista propiedad minera inmovilizada. Hoy, el titular de una concesión de explotación no tiene otra obligación que pagar una patente ínfima para asegurar su derecho. Se requiere incentivar a los titulares de las concesiones mineras para que desarrollen proyectos de explotación, y desincentivar la tenencia de propiedad minera con fines especulativos para que quede a disposición de quienes realmente tienen interés de explotar los recursos. 

Si bien en el pasado el sistema de propiedad minera ayudó al desarrollo de la actividad, hoy en día es preciso adecuarse a los nuevos desafíos perfeccionando el sistema de manera que fomente la exploración y no sea una potencial barrera de entrada a nuevos actores.

En el Ministerio de Minería nos preocupa ésta y otras materias de las cuales depende el futuro de una industria que tanta riqueza le ha aportado a nuestro país. Ello especialmente, cuando vemos la posibilidad de que la minería se transforme en la plataforma para el desarrollo de otras industrias relacionadas basadas en tecnología y conocimiento, que puedan agregar más valor a nuestros productos. 

Así, desde el Ministerio de Minería hemos impulsado un conjunto de medidas en los últimos cuatro años con el fin de apoyar la actividad exploratoria, entre las que se destaca:

(I) La publicación del reglamento que especifica la entrega de información de carácter general obtenida en trabajos de exploración geológica básica, dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21 del Código de Minería. Esta información ayuda a caracterizarla geología del país con mayor detalle, lo que sirve como guía para futuros exploradores.

(II) Por otro lado, desde Sernageomin se está implementado el Plan Nacional de Geología que ofrece tres cartografías inéditas en la historia de nuestro país, las cuales buscan democratizar información sobre territorio y su patrimonio productivo y ambiental, y con ellos incentivar la explotación y exploración minera.

(III) Por último, estamos próximos a lanzar una plataforma web llamada “Minería Abierta” (www.mineriaabierta.cl) que tendrá información geolocalizada de poderes de compra de Enami, prospectos mineros, información geológica, propiedades mineras, entre otras, además de estadísticas, estudios y gráficos interactivos. Con esto, cualquier persona que quiera invertir en nuestro país tendrá información nueva de base geológica y mineralógica fácil de entender para reducir las brechas en la toma de decisiones en inversiones mineras.

Creemos que estas medidas son un aporte significativo al desarrollo de la exploración, no obstante, aún queda mucho por avanzar. El desafío que tenemos hoy es seguir trabajando para que la minería nacional siga siendo una palanca de progreso de todos los chilenos. Si para ello es preciso revisar el sistema de propiedad, el gobierno debe hacer la tarea velando por el interés general por sobre los intereses privados menores y así asegurar una actividad más próspera y dinámica para Chile.

Miguel Schloss*

Si bien el caso chileno no reviste la seriedad de otros países mineros, la porfía con que se mantiene la dificultad en mejoras de productividad y diversificación, e indicios de que ha habido instancias de corrupción, son síntomas de temas pendientes en los que enfocarse.

La problemática: el meollo del debate minero suele girar, equivocadamente, en torno al control que debe ejercer el gobierno y al cobro de tributos en el sector. Mientras, por ejemplo, Zambia exige una participación significativa del gobierno en empresas mineras y altos tributos, en Chile se ha enfatizado la generación de condiciones auspiciosas de atraer capital para extraer riqueza del subsuelo. Ello explica cómo Chile y Zambia producían la misma cantidad de cobre en 1970, y que hoy -sin embargo- producimos más de 67 veces que Zambia, con consecuentes impactos macroeconómicos en ambos países. 

Como el sector requiere mucho capital, su desarrollo tiende a depender de cuantiosas inversiones extranjeras, haciéndolo presa fácil de crecientes exigencias nacionales y competitividad internacional. Al mismo tiempo el tema tiene complejas aristas, ya que países dependientes de industrias extractivas tienden a tener un desempeño económico más pobre y bajos rankings de gobernabilidad, donde se concentran altos niveles de corrupción.

Si bien el caso chileno no reviste la seriedad de otros países mineros, la porfía con que se mantiene nuestra dificultad en mejoras de productividad y diversificación, e indicios de que se han venido dando instancias de corrupción, son síntomas de temas pendientes en los que nos debemos enfocar.

Además, la controversia recurrente en torno a los impuestos sigue tiznando la preocupación de la contribución del sector minero al desarrollo. Pero en ningún caso el rol del sector debe reducirse al pago de tributos, ya que los ingresos deberán ser administrados de manera efectiva y transparente para reinvertirse en el desarrollo de los recursos humanos y físicos del país.

Competencia internacional: nuestro desafío es poder operar en un mundo más globalizado, de mayores exigencias, competitividad e integración. La era de proyectos mineros enclaves ha terminado y las actividades del sector están sujetas a una mayor fiscalización, tanto ciudadana como gubernamental.

Un esfuerzo entre la ciudadanía, empresas mineras y gobierno será imprescindible para aumentar las exigencias mutuas y un mejor uso de recursos, incluyendo el aumento de su contribución al desarrollo económico, una distribución equitativa de beneficios, la creación de empleos en industrias derivadas, y el estímulo de nuevas inversiones en un clima competitivo.

Los países que cuentan con recursos mineros han enfrentado estos desafíos y algunos han logrado atraer inversiones tras llevar a cabo importantes reformas. Estas requieren de una readecuación del papel del Estado. En vez de actuar como dueño y operador de las minas, su papel emergente es el de regulador y árbitro del sector. Las inversiones y la responsabilidad de operar las minas deben situarse en el sector privado, que está mejor equipado para movilizar recursos y asumir los riesgos correspondientes. Los países que han instituido tales reformas han logrado resultados impresionantes, en producción minera, generación de ingresos fiscales, exportaciones y crecimiento económico.

Implicaciones en Chile: si bien Chile ha adoptado en forma estelar las mencionadas políticas, la mera adopción de políticas similares en otros países y las dificultades de nuestra institucionalidad a asimilar nuevos temas como el medioambiente, minimizando la discrecionalidad, han ido erosionando su posición competitiva relativa, bajando el país en el ranking de los “top 10” en 2008 al lugar 39º en recientes encuestas de empresas mineras del Instituto Fraser. Ello muestra algunas vulnerabilidades que merecen atención:

1. La falta de ductibilidad del desarrollo institucional para asumir nuevas demandas al sector, como impactos ambientales, e implicaciones en la predictibilidad y ambiente para futuras inversiones.

2. Las posibilidades de contribución de la minería al desarrollo del país, con fondos administrados por el sector privado o sociedad civil, sin socavar mejoras de productividad en el sector.

3. El apoyo menguado del sector minero, especialmente de empresas extranjeras en los ambientes políticos, que las hacen vulnerables a mayores demandas nacionales, y falta de incorporación de inversionistas chilenos y medidas que ayuden a alinear los intereses de dichas empresas a la ciudadanía.

Por ello debe ponerse creciente atención a las implicaciones de los tributos mineros en la gobernabilidad del país, ya que los ingresos provenientes de recursos naturales tienden a generarse “fácilmente”, motivando gastos menos disciplinados. Ello puede generar intereses creados que constituyen barreras a reformas para adaptarse a situaciones globales cambiantes, socavando incentivos para la responsabilidad y eficiencia estatal, como también la generacion de una industria de servicios y equipos de clase mundial, que apoye al sector minero, tanto chileno como global.

*Presidente de Suriinvest Ltda.; ex director ejecutivo de Transparency International y ex director de planificación corporativa del Banco Mundial.