Alejandro Núñez
Con una inversión de 1.221 millones de dólares, la región de Atacama presenta hasta la fecha un total de 55 proyectos presentados en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). Del total de iniciativas, 15 corresponden al sector productivo minero y 9 del sector inmobiliario.
Para contextualizar, en el 2017 se presentaron un total de 806 iniciativas por más de 59 mil millones de dólares, en 2016 la cifra llegó a 850 proyectos con US$73 mil millones y en 2015 hubo 1.008 por más de 47 mil millones de dólares.
Es importante destacar que uno de los principales instrumentos para prevenir el deterioro ambiental es el SEIA. Este estamento permite introducir la dimensión ambiental en el diseño y la ejecución de los proyectos y actividades que se realizan en el país; a través de él se evalúa y certifica que las iniciativas, tanto del sector público como del sector privado, se encuentran en condiciones de cumplir con los requisitos ambientales que les son aplicables.
El presidente de la Corporación para el Desarrollo de Atacama (Corproa), Daniel Llorente, comentó que “siempre va ser positivo que los proyectos sean abundantes en su presentación al SEIA, pero no necesariamente van a ser proyectos que se van a concretar en el mediano o en el corto plazo porque muchas veces en la etapa del desarrollo del negocio que son aproximadamente 18 meses pueden ocurrir otras cosas”.
El profesional explicó que hay iniciativas que se presentan para el desarrollo de su aprobación, pero durante este proceso se busca financiamiento que en algunos casos no se encuentra y obliga a postergar la ejecución a pesar de tener los permisos necesarios.
Llorente puntualizó que “lo que necesitamos en Atacama es el inicio de la construcción de un proyecto. Ese es el momento donde tenemos que celebrar, cuando se deciden a construir porque en ese momento se empieza a generar el beneficio para la región”.
Durante comienzo del Gobierno anterior y por las altas cifras de desempleo, principalmente en la provincia del Huasco, se creó la Mesa Público Privada de Atacama. La medida buscaba generar medidas para potenciar el empleo y el trabajo entre las empresas y las autoridades para la ejecución de proyectos.
Daniel Llorente informó que tras la salida del Miguel Vargas de la intendencia, la mesa de trabajo fue suspendida. “Creemos que cumplió su objetivo, pero quizás no estuvo en el nivel que nosotros esperábamos y al menos podemos decir que un par de proyectos se gestaron de alguna manera al ser empujados por esa mesa”, dijo el empresario.
Desde de la Corproa esperan que la autoridad actual genere otros mecanismos o mejores los anteriores para reactivar la economía, incentivar los proyectos y de generar un ambiente propicio para la inversión con factores como la modernización del Estado, Ley de Medio Ambiente y la relación de la inversión y la comunidad.
En cuanto a la información de proyectos con Trámite finalizado en el SEIA. En 2018 se encuentran aprobado 42 por un total de 3.822 millones de dólares. De estas, 13 corresponden a la minería con US$1.505 millones, 10 son de energía con 1.734 millones de dólares y 15 iniciativas inmobiliarias por US$490 millones.
En esta última variable cabe recordar que el Índice de la Actividad de la Construcción Regional (Inacor), estudio elaborado por la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), marcó durante el mes de diciembre una expansión anual de 4,4% en Atacama, la más alta en 2017. De todas maneras, la actividad cerró con una variación negativa acumulada durante el año pasado, promediando en doce meses una baja de 3,0%.
“Lo que necesitamos en Atacama es el inicio de la construcción de un proyecto. Ese es el momento donde tenemos que celebrar”, dijo Daniel Llorente, Presidente de la Corproa”
El SEIA entró en vigencia el 03 de abril de 1997. A 13 años de su aplicación, más de 10.000 proyectos o actividades se han aprobado en el SEIA, lo que ha permitido que el país haya logrado un cambio sustancial en la forma de construir el futuro, al poder prevenir los impactos que pueda generar las inversiones públicas y privadas, o hacer que, cuando se generan impactos adversos significativos, exista una mitigación.
