Los citaron en la causa por presuntas coimas en el soterramiento del tren Sarmiento; involucran a otros 24 empresarios y a numerosos exfuncionarios.
El soterramiento del tren Sarmiento, una obra multimillonaria que todavía permanece inconclusa, quedó ayer formalmente sospechado por el pago de sobornos. El exministro Julio De Vido, el exsecretario de Transporte Ricardo Jaime y dos decenas de funcionarios de esa área deberán defenderse desde junio en los tribunales, acusados de haber recibido coimas a cambio de entregarles el contrato de US$3000 millones a la empresa Odebrecht y a sus socios.
Aunque involucra a exfuncionarios kirchneristas, el caso encendió una luz amarilla en la Casa Rosada. El juez Marcelo Martínez de Giorgi también citó a declarar como acusados de haber sido parte del circuito que permitió el pago de sobornos a 25 empresarios, entre ellos, a Ángelo Calcaterra, primo del presidente Mauricio Macri, que era titular de la constructora Iecsa, socia local de Odebrecht. Pruebas como correos electrónicos y registros de pagos involucran a empleados de la constructora en el circuito que facilitó las maniobras.
El juez Martínez de Giorgi entendió que 49 personas, entre exfuncionarios del área de Transporte, intermediarios y empresarios deberán dar explicaciones ante las distintas pruebas aportadas por los fiscales Franco Picardi y Sergio Rodríguez.
El magistrado apunta al pago de sobornos, en primer lugar, para lograr la adjudicación del contrato, pero tiene elementos para sospechar que ese mecanismo se repitió entre 2011 y 2014 para "liberar" las órdenes de pago de una obra que apenas había comenzado cuando Cristina Kirchner dejó la Casa Rosada.
El circuito de los sobornos para el soterramiento del Sarmiento pasó por la compleja estructura que había armado Odebrecht para el Lava Jato, el caso de corrupción que se inició en Brasil pero que tuvo repercusiones en todo el continente. Esa estructura incluye un entramado de sociedades offshore y cuentas bancarias en paraísos fiscales.
Pero en este caso, además, se apoyó en intermediarios locales para encuadrar la maniobra. Manuel Vázquez y Jorge "Corcho" Rodríguez también deberán declarar ante la Justicia, señalados como los personajes clave para que el dinero de los empresarios llegue a destino.
Vázquez, testaferro de Jaime (entonces secretario de Transporte), facilitó una sociedad para cobrar una falsa consultoría que habría canalizado los sobornos, según se desprende del pedido de indagatoria realizado por el fiscal Picardi. Más tarde -entendió la Justicia- Corcho Rodríguez también daba las indicaciones necesarias para que los pagos llegaran (a través de una sociedad uruguaya) hasta Roberto Baratta, la mano derecha de De Vido.
¿Cuáles son las pruebas? Correos electrónicos, transferencias bancarias y registro de cheques. La Justicia enumeró 21 irregularidades en la licitación, que debían controlar en la Secretaría de Transporte, y que le permitió a Odebrecht y sus socios hacerse con el contrato.
Las pruebas involucran directamente a los ejecutivos de Iecsa como quienes llevaron adelante la negociación para ejecutar el pago de sobornos. "Se destaca que en dichos correos electrónicos quedaba asentado que Javier Sánchez Caballero, gerente de Iecsa, mantuvo reuniones para tratar el pago de coimas. En uno de ellos, del 9 junio de 2010, se habría citado a una reunión para debatir el pago de un soborno con Sánchez Caballero. Que las sumas mencionadas en el intercambio de correos excederían US$20 millones", escribió el juez.
Las indagatorias comenzarán el 6 de junio con De Vido y continuarán con Baratta, José López, Jaime y Juan Pablo Schiavi. Calcaterra fue citado para el 15 de agosto y otros seis empleados de Iecsa (incluido Sánchez Caballero) tendrán que defenderse de las acusaciones hasta fines de agosto.
Los empresarios brasileños, encabezados por Marcelo Odebrecht, también fueron citados a indagatoria, aunque su situación judicial estará condicionada por el acuerdo firmado entre la empresa y las autoridades de su país en el marco de la operación Lava Jato.
El juez estudia ahora si la indagatoria puede hacerse a través de exhortos, es decir, que sea ejecutado por las autoridades brasileñas, indicaron fuentes judiciales.
Lejos de generar sorpresa, tanto en la Casa Rosada como los empresarios involucrados sabían que la resolución del juez era inminente.
"Muchos decían que este gobierno protegía a los empresarios en este caso y ahora quedó demostrado que no era así. La Justicia es para todos. No vamos a proteger a nadie, aunque se llame Calcaterra", dijo una alta fuente oficial, que tampoco se asombró por la resolución.
"De hecho, nosotros contribuimos para que esta causa avance de verdad", dijo otro operador del oficialismo al recordar que buena parte de los datos incorporados por el juez fueron aportados por la Justicia de Estados Unidos en un viaje gestionado por la Casa Rosada.
Aunque primero hizo gestiones para obtener la información del Lava Jato que estaba en Brasil, el Gobierno después presionó a Odebrecht para que prácticamente mantuviera todas sus obras en el país, entre ellas la del soterramiento del tren Sarmiento, que es la de mayor envergadura.
Los empresarios citados ayer a indagatoria tampoco fueron sorprendidos ante la citación: Benito Roggio y Carlos Wagner ya declararon como acusados en otra causa de Odebretch.
Pero los empresarios ahora quedaron expectantes. En especial, los ejecutivos de la empresa italiana Ghella, que actualmente es la única compañía que está a cargo de la obra del soterramiento del Sarmiento. Ellos también tendrán que dar explicaciones ante la Justicia.
El Grupo Techint precisó mediante un comunicado que "ningún funcionario" vinculado a esta corporación "está imputado por cohecho en Brasil" y aclaró que "ninguna de las personas mencionadas" en una nota periodística "tiene hoy responsabilidades o funciones" dentro de esta organización empresaria.
"Ningún funcionario de Confab, de Techint Engenharia e Construcao ni del Grupo Techint está imputado por cohecho en Brasil", expresó el comunicado de Techint, al que accedió Télam.
"Ninguna de las personas mencionadas en la requisitoria periodística, tienen hoy responsabilidades o funciones dentro del Grupo Techint", añadió el texto.
Sin aludir, ni precisarlo en forma explícita, el comunicado hace referencia a informaciones que tomaron estado público a través de investigaciones conjuntas entre periodistas de Italia, Brasil y Argentina, que incluyen al diario Perfil, de Argentina, L'Espresso, de Milán, Italia y el sitio Poder360, de Brasil, en las que se cruzaron datos de los Panamá Papers y Paradise Papers, coordinados por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), y el diario alemán Süddeutsche Zeitung.
"Tenaris notificó voluntariamente a la Comisión de Valores de los Estados Unidos y al Departamento de Justicia de ese país la existencia de investigaciones de autoridades italianas y suizas tendientes a verificar si ciertos pagos fueron hechos, desde cuentas de afiliadas de Tenaris, supuestamente a cuentas controladas por un individuo relacionado a un funcionario de Petrobras, y si tales pagos procuraban facilitar la adjudicación de contratos a Confab", informó Techint desde Buenos Aires.
El texto emitido desde el Grupo Techint explicó que "el Comité de Auditoría del Consejo de Administración de la Compañía recurrió a una firma legal norteamericana independiente para realizar una investigación sobre los pagos alegados".
"Tras investigar 5 millones de documentos y revisar otros 1,6 millones pertenecientes a 21 funcionarios, no surgieron evidencias de pagos realizados entre los años 2009 y 2013 con fines ilícitos", añadió la información del Grupo.
Luego se detalló que "en septiembre del 2016, también el Grupo Techint requirió a un estudio legal norteamericano la conducción de una investigación interna independiente sobre los hechos investigados".
"Dicho estudio legal contó con la asistencia de la firma de auditoría independiente KPMG para el proceso de investigación", explicó el Grupo.
Detalló que "la investigación interna independiente incluyó el análisis de 1,7 millones de mails y documentos obtenidos de las casillas de correo electrónico de 28 depositarios, y casi 104 millones de asientos contables de 157 sociedades en 32 países".
"De dicha investigación, hasta ahora no ha surgido evidencia de pagos ilícitos en Brasil entre los años 2009 y 2013", expresó el documento emitido por Techint", expresó el comunicado de Techint.
El comunicado informó que "el Grupo Techint comprende 450 sociedades que operan en 45 países del mundo, empleando más de 75.000 personas, y tuvo una facturación consolidada de 90.000 millones de dólares en el período investigado por autoridades italianas por supuestos ilícitos entre subsidiarias del Grupo y Petrobras entre 2009-2013".
Añadió que "Confab es una sociedad brasileña que produce tubos de acero de alta calidad y emplea a 1300 personas".
"Hasta el año 2012 fue una sociedad pública, que cotizaba sus acciones en la Bolsa de San Pablo. Tenaris participaba en la sociedad con el 40% del capital hasta ese año, en el que adquirió el 60% restante", detalló la información.
PERFIL accedió a las pruebas contra la empresa ítalo-argentina y la familia Rocca. Cómo se hacían los pagos a través de sociedades en Panamá, Uruguay y Brasil. Las cuentas en Suiza.
Detrás del imperio Techint, de los telones de acero, los oleoductos, los gasoductos y las usinas de energía, el gigante de la familia Rocca montó una red de sociedades offshore que, de acuerdo con las investigaciones judiciales de Brasil, Italia y Suiza, se utilizaron para gestionar fondos negros y pagar sobornos. Esta historia revela los detalles de una ruta de dinero que pone a Techint en el foco de un caso que sacudió a la región, el Lava Jato, pero que aún no encuentra el camino para atravesar las reglas de la argentinidad. Las empresas que dirige Paolo Rocca desde Buenos Aires tienen sedes en dichos países, lo que posibilitó que fiscales de esas jurisdicciones investigaran a la compañía ítalo-argentina.
Este artículo es producto de la colaboración entre periodistas de Italia, Brasil y Argentina (además de PERFIL, L’Espresso, de Milán, y el sitio Poder360, de Brasil). Se cruzaron datos de Panamá Papers y Paradise Papers, coordinados por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) y el diario alemán Süddeutsche Zeitung, junto con documentos del Lava Jato y del registro comercial de Panamá.
Los datos que se relatan en esta nota corresponden a documentación bancaria y de sociedades offshore y a los testimonios de arrepentidos y testigos, que permitieron a tres fiscales de Milán reconstruir un circuito a través del cual Techint habría movido millones de dólares en negro alrededor del mundo, según la investigación. Argentina no está fuera de ese circuito. Los hombres de Techint involucrados son en su mayoría argentinos y operaron desde Buenos Aires. Los arrepentidos y testigos declararon que las órdenes procedían de Argentina, donde se encuentra el centro operativo del grupo. Uno de los colaboradores, además, contó cómo supuestamente entregaba efectivo negro en la sede de Techint en Alem 1067. La compañía niega las acusaciones e inició una investigación interna que sostiene que no cometió delitos.
El testaferro de Duque canalizaba el dinero a través de una sociedad creada en Uruguay: Hayley SA. La compañía simulaba contratos de servicios ficticios con las constructoras. Luego los millones llegaban a una cuenta en Suiza en la Millennium BCP Banque Privée y desde allí a la sucursal de Hayley en Brasil, donde Bernardi compraba propiedades: 12 inmuebles en total y otro millón y medio en un fondo de inversión.
La información aportada por Suiza a la investigación reveló esa ruta del dinero que recibía Hayley y dejó expuesta a Techint. La empresa del gerente de Petrobras recibió entre 2009 y 2014 US$ 8,5 millones de sociedades offshore ligadas a Techint. Se trata de Gabiao Investments Inc (Panamá), Moonstone Inc. (Panamá) y Sociedad de Emprendimientos Siderúrgicos (Uruguay). Las tres tenían cuentas en el mismo banco: la Banca della Svizzera Italiana (BSI). Las cuentas de estas tres compañías a su vez se nutrían de fondos que les giraba otra sociedad de Techint en Uruguay: Fundiciones del Pacífico SA.
Tanto Fundiciones del Pacífico SA como Sociedad de Emprendimientos Siderúrgicos son propiedad de la compañía San Faustín SA, madre del Grupo Techint, con sedes en Luxemburgo y Milán. Estos nexos son clave: el dinero que nutría a las offshore investigadas salía de las cuentas de una sociedad del grupo (Fundiciones del Pacífico SA) y antes de llegar a manos del gerente de Petrobras, pasaba por otra sociedad ligada a Techint (Emprendimientos Siderúrgicos).
Los argentinos. Pero estos no son los únicos nexos con la gigante ítalo-argentina. Las cuentas bancarias de estas empresas en Suiza estaban manejadas por integrantes de Techint. De acuerdo con los documentos bancarios, las personas con poderes sobre las cuentas de Fundiciones del Pacífico SA y Emprendimientos Siderúrgicos eran, al menos hasta fines de 2015, los argentinos Héctor Alberto Zabaleta (director de Administración de Techint), Fernando Segundo Prado (abogado de Techint), Carlos Enrique Rodríguez (abogado de Techint) y el italiano Umberto Bocchini (ejecutivo de Techint).
Las otras dos sociedades intermediarias de los pagos, Gabiao Investments Inc. y Moonstone Inc. fueron creadas en Panamá. De acuerdo al registro comercial de ese país, ambas fueron inscriptas por el estudio jurídico Icaza, González-Ruiz & Aleman. Moonstone Inc. fue creada en 2002 y figura a nombre de empleados del estudio. No se conoce a sus verdaderos dueños. Gabiao Investments fue creada en 2009 y disuelta en 2017. Aunque también figura a nombre de abogados panameños, cuando fue disuelta el nombre de su único accionista quedó asentado en un acta: Enrico Fabian Repetto Mariño, uruguayo, vicepresidente en 2011 de TecPetrol, la división petrolera de Techint. En la última década, Repetto Mariño figura en al menos otras cinco compañías argentinas, casi todas financieras y agropecuarias radicadas en Buenos Aires, en donde comparte directorio con otros ejecutivos del grupo.
Repetto Mariño también figura en la documentación del banco suizo BSI. Tenía poder sobre Gabiao Investments y Moonstone. Figuraba, además, como “contable de confianza del grupo multinacional Techint”.
El dinero se movía entre cuentas del mismo banco suizo: BSI. Luego, las offshore transferían fondos a Hayley, en otro banco suizo. Todas las transferencias se justificaban con contratos de consultoría, pero para la Justicia de Milán y Brasil esos servicios eran ficticios. Hayley nunca tuvo personal.
Las cuentas eran manejadas por tres colaboradores de Techint en Suiza. Ana María Giorgetti es una de ellas. Cuando fue interrogada dijo que trabajaba desde hacía años para Techint pero nunca había visto a Repetto Mariño. Las órdenes de pagos las recibía siempre de otro ejecutivo del grupo, el argentino Héctor Alberto Zabaleta, entonces director de Administración de Techint en Argentina y uno de los hombres de mayor confianza de los Rocca. Lleva en la compañía 48 años y figura en los directorios de al menos 30 sociedades en Argentina, casi todas vinculadas a Techint y sus ejecutivos, incluido Paolo Rocca.
Giorgetti aseguró que todos los pagos que hizo para Hayley fueron por orden de Zabaleta por teléfono o por mail. Todo se manejaba desde Buenos Aires, agregó la mujer, incluida la contabilidad de las offshore. Otros dos empleados del grupo en Suiza confirmaron sus dichos.
