Rolf Lüders*

El nombramiento de Julio Ponce Lerou como asesor del directorio de la Sociedad Química y Minera de Chile (SQM) -supuestamente infringiendo el espíritu de un acuerdo entre este último y la Corfo que le permitió a SQM continuar por un largo período la explotación del litio en el Salar del Atacama – ha generado un interesante debate.

Para algunos, incluyendo ciertos funcionarios de gobierno, el asunto del nombramiento aludido involucra meramente a los privados. En cambio, para otros como Gabriel Boric y Francisco Vidal por ejemplo, el hecho amerita abrir la discusión sobre la política del litio en Chile, incluyendo la conveniencia de estatizar a SQM.

El tema es relevante, porque el litio -abundante en Chile- es un mineral cuya demanda se espera aumente a muy altas tasas. Y también porque el Estado de Chile, por intermedio de Corfo, tiene el control de las pertenencias mineras correspondientes. Es entonces pertinente preguntarse si el actual régimen de concesiones de Corfo a SQM, a Albemerle (una empresa australiana), y a Codelco, es el óptimo para el país.

Chile no parece tener poder monopólico en el mercado mundial del litio. De acuerdo a datos de la Comisión Chilena del Cobre (diciembre de 2017) existen reservas mundiales -bastante diversificadas geográficamente- por unos 130 años de demanda de litio, versus solo unos 30 años en el caso del cobre (y menos en la mayoría de los otros metales valiosos). Además, Chile solo tiene el 16 por ciento de los recursos mundiales correspondientes.

Salvo en el horizonte cercano en que tenemos ciertas ventajas de costos no insignificantes, es poco probable que el país pueda extraer importantes rentas del litio sin matar la gallina que pone los huevos de oro. Nuestra propia experiencia con el salitre -en que los gobiernos trataron de obtener rentas cuando las condiciones de mercado ya no lo hacían posible- fue negativa (Lüders y Wagner, 2003).

Pero aún si existieran rentas en el negocio, la forma óptima de recogerlas no es mediante un monopolio estatal -que sabemos que, precisamente por ser estatal, tiende a no ser eficiente (ver teoría del principal agente)-, sino que directamente por la vía de algún tipo de impuesto especial, posiblemente relacionado a las utilidades de las empresas productoras de litio. El mismo tipo de impuesto, a tasas diferentes, se podría aplicar en caso que los grandes productores mundiales de litio se coludiesen.

La política chilena del litio no ha sido -a grandes líneas- muy diferente a la más conveniente implícita en los párrafos anteriores. Corfo ha entregado en explotación parte de los salares de Atacama y Maricunga y está cobrando un royalty especial que se puede conceptualizar como la extracción de la renta correspondiente a los actualmente menores costos de explotación. Sin embargo, ha faltado mucha transparencia, tanto en la definición como en la implementación de dicha política.

*Economista

PA