La Fiscalía amplió la investigación preliminar en Perú por el caso ‘Gasoducto’ a nueve exfuncionarios del Ministerio de Energía y Minas, entre ellos los ex viceministros del sector, Luis Ortigas Cúneo y Dicky Edwin Quintanilla Acosta.
Según informó el Ministerio Público la ampliación comprende a los extitulares de la Dirección General de Hidrocarburos y funcionarios de la dependencia: Erick Portuguez Echegaray, José Carlos Robles Freyre, Juan Israel Ortiz Guevara, Rosa María Ortiz Ríos, Patricia Ríos Gazzolo, Omar Dueñas Cárdenas y Percy Olivas Lazo.
También, al experto técnico Alfredo Dammert Lira y a los representantes del proyecto: Luiz Fernando de Castro Santos, Rodney Rodríguez de Carvhalo y Claudia Hokama Kuwae.
La Fiscalía investiga las presuntas irregularidades en la concesión del denominado proyecto ‘Gasoducto Andino del Sur’ que estuvo a cargo de la empresa Kuntur (Odebrecht) antecedente de la concesión del proyecto “Mejoras a la Seguridad Energética y Desarrollo del Sur Peruano”a cargo del consorcio conformado por la empresa Odebrecht y Enagás.
La decisión fue adoptada por el fiscal Luis Arturo Ballón Segovia, del Equipo Especial para el ‘Lava Jato’ quien pidió incluir en la medida al expresidente Ollanta Humala Tasso y a los exministros, Jorge Merino Tafur y Eleodoro Mayorga Alba, precisó Gestión.
El representante del Equipo Especial de la Fiscalía dispuso que se remita un informe documentado a la Fiscalía de la Nación, debido a la prerrogativa constitucional de la que gozan el exmandatario y exministros de Estado.
“La información que contiene la carpeta fiscal sostiene que existieron presuntas “dilaciones” del plazo de suspensión de la evaluación del cronograma de ejecución de obra, lo que habría generado que el Estado peruano no declare la caducidad del contrato” dijo la información oficial.
Adicionalmente, a consecuencia de ello, se tenga que devolver de manera indebida la carta fianza de más de U$66,7 millones a favor de la empresa Kuntur (Odebrecht), ordenada por el “experto técnico” Alfredo Dammert Lira, acogiendo íntegramente la pretensión y los argumentos de la empresa.
Estos hechos, que habrían sido cometidos por los exfuncionarios, preliminarmente han sido calificados y subsumidos en el artículo 384° (Colusión) y el 399° (Negociación incompatible) del Código Penal.
La disposición fiscal va acompañada de requerimientos de información a diversas entidades públicas y privadas; se ha dispuesto recibir más de 45 declaraciones de funcionarios y particulares, entre ellos, otros ex ministros, ex congresistas, representantes de las empresas y de los estudios jurídicos involucrados.
FP/JC
