Gracias a la mejora en la producción de Vaca Muerta, se cerrará un agujero gigante por el que se fugaban unos u$s 1000 millones anuales por la vía comercial desde 2008.

Como consecuencia de la mejora esperada en la producción de gas natural en Vaca Muerta, el Gobierno espera terminar en 2021 con la importación de Gas Natural Licuado (GNL), un negocio que durante una década insumió unos u$s 1000 millones anuales y representó una de las mayores salidas de dólares por la vía comercial.

De acuerdo con lo que expresaron fuentes oficiales, el invierno de 2020 será el último en el que ingresarán barcos con GNL a los puertos de Bahía Blanca y Escobar, en la provincia de Buenos Aires. Este año, entre el 1 de abril y el 29 de julio, entraron a ambas terminales 40 buques con 2619 millones de metros cúbicos (m3) por u$s 710,5 millones.

Después de años de administrar escasez, el flamante ministro de Energía, Javier Iguacel, ahora se atreve a hablar con empresarios del sector de “administrar la abundancia”. Sin embargo, algunos privados son más cautos. En plena definición de cómo avanzar con el ajuste fiscal, el Gobierno decidió no autorizar más ingresos al régimen de precios estímulo para el gas natural producido en formaciones no convencionales, a fin de generar algún ahorro extra en las cuentas públicas. La resolución 46/2018 (curiosamente, con el mismo número con el que el año pasado describía el estímulo para la Cuenca Neuquina) agregó volatilidad e incertidumbre al mercado. Algunas petroleras ya empezaron a desconfiar de la política energética oficial y amenazaron con paralizar las inversiones que prometían para extraer el gas de Vaca Muerta., detalló El Cronista. 

La importación de GNL ha sido un tema crucial de la política energética en los últimos diez años. En medio del congelamiento tarifario que dispuso el kirchnerismo para salir de la crisis económica de 2001-2002, el crecimiento de la demanda de gas natural llevó a terminar con la exportación a Chile, suscribir un contrato de importación a 20 años con Bolivia, cortar el gas al sector industrial en el invierno (para ser reemplazado por fuentes más contaminantes, como gasoil y fuel oil) y abonar miles de millones de dólares por año a la compra de gas que viene en barco de destinos lejanos como Qatar, Nigeria y Trinidad y Tobago, con su consecuente daño en la balanza comercial.

Sin ir más lejos, la causa judicial por la importación de gas licuado fue la primera que mandó a la cárcel a Roberto Baratta, ex subsecretario de Coordinación y Control de Gestión del Ministerio de Planificación, a cargo de Julio De Vido, y ahora detenido por los cuadernos K. Sin embargo, ante la debilidad de las pruebas presentadas por los peritos, en especial la de David Cohen, Baratta quedó en libertad en marzo pasado.

La llegada al Ministerio de Energía de Juan José Aranguren el 10 de diciembre de 2015 derivó en un cambio en las compras de GNL. Con más empresas en las licitaciones pero, fundamentalmente, gracias a una caída en los precios del petróleo, los valores bajaron. Sin embargo, el ahora ex ministro fue criticado porque su ex empleador, la petrolera angloholandesa Shell, resultó ser el mayor proveedor de gas licuado en 2016 y 2017. A su vez, el trader Trafigura fue el gran ganador este año de las adjudicaciones.

Serán en la primera semana de septiembre y la suba rondaría el 25%. Antes el gobierno debe resolver cuál será el valor en boca de pozo.

El Gobierno convocará a audiencias públicas para tratar los aumentos en tarifas de gas que se aplicarán desde el 1 de octubre y que, según el ministro Javier Iguacel, no superarán el 25%. Las audiencias se realizarán entre el 3 y el 6 de septiembre en distintos lugares del país, incluyendo Capital Federal.

Con anterioridad a la primera semana de septiembre, entonces, el Ministerio de Energía deberá laudar entre las petroleras que extraen el gas y las distribuidoras para fijar el nuevo valor en boca de pozo que regirá desde octubre. En la misma fecha se trasladará a las tarifas el ajuste por precios mayoristas (IPIM) sobre los ingresos de transportistas y distribuidoras del producto, considerando el semestre marzo-agosto.

Sobre este último aspecto, las empresas gasíferas ya tienen asumido que se repetirá el mismo esquema utilizado en los casos de Edenor y Edesur. Esto significa que se les autorizará la mitad del ajuste que les correspondería y que rondaría el 15%, y que la parte pendiente se aplicará en seis cuotas a partir de abril de 2019, informó Ámbito. 

El problema se centraliza en el precio del gas en boca de pozo y en la deuda que las petroleras reclaman a las distribuidoras, porque éstas les están pagando a un tipo de cambio de $20,65, tal como estableció el Enargas al fijar el cuadro tarifario que está vigente desde el 1 de abril.

En las tarifas de hogares, pymes y comercio, el valor del gas está fijado desde abril en u$s4,68 a un tipo de cambio de $20,65, o sea $96,4548 por unidad. Si se considera un tipo de cambio de $28, las distribuidoras están pagando el producto a las petroleras a u$s3,44. 

Deuda acumulada

La diferencia es una deuda que las distribuidoras vienen acumulando, sobre la que el Gobierno debe definir cómo se saldará, es decir, cuánto de la diferencia sea absorbida por las productoras, cuánto por las que distribuyen el gas y cuánto los usuarios.

Además, el Gobierno, a través del Ministerio de Energía, está presionando para una rebaja en el valor en boca de pozo a partir de octubre. Ya está el antecedente de la disminución del gas para Cammesa de u$s5,20 a u$s4,20 que se resolvió por resolución en agosto para atenuar el aumento en el precio mayorista de la energía.

Así, mientras la tablita de precios ascendentes diseñada por el exministro Juan José Aranguren establecía que a partir de octubre el valor del gas para residenciales y pymes pasaría a u$s5,26, ahora se habla de que se fijará en u$s 3,60 o menos.

Según la visión oficial, el aumento en la producción de gas de los últimos meses justificaría la rebaja. Pero las petroleras reclaman el cumplimiento de los contratos firmados con las distribuidoras siguiendo la escala ascendente de Aranguren.

Se afirma que el Gobierno apelaría al cambio de las condiciones macroeconómicas para modificar los precios a las petroleras. Pero por el momento lo que sucede con los combustibles líquidos está indicando que esas empresas buscan que se mantengan las reglas de juego. En el caso de naftas y gasoil, es la libertad de mercado, aunque el traslado al público sea gradual y en cuotas.

Con el gas también buscarían asegurarse un esquema de precios ascendentes, relacionados con los valores de importación, aunque no puedan aplicarlo en octubre y recién puedan hacerlo en 2020.

FP