La Unidad Fiscal de Delitos Económicos, solicitó la internacionales para que Interpol detengan a Francisco Cisne Pesoa y Evandro Meneses Monteiro, altos ejecutivos de la Empresa Vale.
La UFDE que encabeza el fiscal Hernán Ríos solicitó exhortos internacionales para que Interpol detenga a Francisco Cisne Pesoa y a Evandro Meneses Monteiro, altos ejecutivos de la empresa Vale.
Los dos involucrados están acusados de estafar a la Provincia y a diferentes sectores económicos y laborales, cuando se produjo la abrupta salida del Complejo Minas de Potasio Río Colorado, a principios del 2013.
Por eso, la acción penal también incluiría a Francisco Pérez, quien en esos tiempos era el gobernador de la provincia, y a Marcos Zandomeni, que se desempeñaba como ministro de Energía. Estos están acusados de faltar a los deberes de funcionarios públicos por complicidad con la maniobra que llevaron adelante los directivos imputados, según El Ciudadano de Mendoza.
También está involucrado un alto directivo de Odebrecht. Se trata Carlos Nacimento, pieza fundamental en la sociedad de la empresa brasileña y Vale al momento de la fraudulenta operación que hoy se investiga.
La acción judicial la lleva adelante un profesional ligado a la defensa de intereses mineros en la provincia. Se trata del abogado Carlos Ferrer, quien, con abultada documentación entre pruebas y primeras determinaciones, le aclaró a El Ciudadano “que esta no es una demanda, sino una denuncia penal porque está acreditado que estamos ante estafas reiteradas en las que Vale incurrió en la Argentina bajo la denominación comercial de Potasio Río Colorado Sociedad Anónima”.
"Una vez que la minera realiza todos los pasos indicados –agrega el profesional– hace una operación inicial de U$S 10.000 millones. Pero a finales del año 2012 comienza a tener actitudes sospechosas, por las que inmediatamente comienza esta denuncia penal. Así, quedó más que claro que se estaba cometiendo una estafa con forma de comisión por omisión. Es decir, se estafaba para no hacer lo que se tendría que haber hecho. En la causa hay sobradas pruebas que demuestran que la minera ya había tomado la decisión de irse apenas hizo la operación de compra de Potasio Río Colorado".
"Necesitaba poner en marcha el complejo con una coreografía tal como para que el proyecto visiblemente funcionando se pudiera vender. Con esa vil maniobra, se comercializó el complejo”, aseguró Ferrer.
En otro tramo de los detalles relacionados a la escandalosa causa, el abogado destacó que “se violó descaradamente la declaración de impacto ambiental. Esta ley impone responsabilidades y obliga a todos los involucrados a informar en tiempo real sobre todo tipo de cambios. Eso no se hizo, y produjo graves daños económicos a empresas de diferentes rubros de Mendoza. Aquí hay que tener en cuenta que todas las empresas que intervienen en el compre provincial invierten mucho dinero con una orden de compra en mano. Esa orden es un cheque en blanco, con la que los bancos adelantan dinero, autorizan compras de maquinarias y todo tipo de transacción. Todo consta en la causa y ha quedado demostrado que esto lo sabían los directivos de Vale y Odebrecht, en complicidad con altos funcionarios como Francisco Pérez y Marcos Zandomeni”.
Ante la pregunta de El Ciudadano sobre la lentitud de la Justicia, Ferrer dijo que “en un principio se trató de detener y esconder la demanda con una cuestionada acción de los fiscales Claudia Ríos y Daniel Carniello. Ellos fueron apartados de la causa. Todo esto en un marco complejo que atentaba para no continuar las investigaciones, con una provincia gobernada por Pérez y con un responsable del órgano de aplicación como Zandomeni. Ellos no podían desconocer que Vale estaba realizando una intencional maniobra para irse".
"En la causa está comprobado que Vale y autoridades del gobierno justicialista mantuvieron contacto antes de conocerse que Potasio Río Colorado dejaba de operar. Por eso la conducta de los funcionarios se encuadran en dos figuras penales: estafa como partícipe primario y por incurrir en los deberes de funcionarios públicos. Esto último como delito doloso por haber callado la maniobra fraudulenta de la minera brasilera. Algo muy grave, porque estaban obligados a dar a conocer por la misma declaración de impacto ambiental esta maniobra estafatoria. Algo que perjudicó mucho a los mendocinos, porque inclusive después de haber hecha pública la parálisis del complejo minero, Potasio Río Colorado continuó librando órdenes de compra con el millonario perjuicio que ello ha implicado", explicó Ferrer.
Finalmente, consideró que “las detenciones internacionales se producirían en cualquier momento por la decidida acción de la fiscal de la Primera Cámara del Crimen Laura Russell en lo penal, y del fiscal de Delitos Económicos Hernán Ríos, así como la citación y el procesamiento de Pérez y Zandomeni”.
