El subsecretario de Energía y Minería de Mendoza consideró oportuno el debate en la Legislatura para modificar la ley 7722. En la Mesa MDZ, hizo una analogía con la medicina: "Hace 10 años tuvimos miedo de que se nos infectara el pie y amputamos la minería; hoy el cirujano tiene muchas herramientas".
En medio del debate político y social por la propuesta del diputado Alejandro Abraham (Unidad Ciudadana) para modificar la ley 7722 de minería, el subsecretario de Energía, Emilio Guiñazú, consideró oportuno el debate ya que, aseguró, las herramientas técnicas y de control actuales hacen segura la actividad.
Invitado en la Mesa MDZ, de MDZ Radio, Guiñazú hizo una analogía entre medicina y minería. "Hace 100 años si se te infectaba una pierna te la amputaban. Hace 10 años (cuando se aprobó la ley 7722) tuvimos miedo de que se nos infectara el pie; entonces, ante el riesgo de infección, amputamos la minería (...) Pero hoy la minería te da muchísimas herramientas para curarte: antibióticos, operaciones, etc. que ayudan a que algo que en su momento era motivo de amputación hoy se pueda curar", graficó.
En este sentido, el funcionario consideró que la provincia cuenta hoy con "herramientas tecnológicas, un Plan de Ordenamiento Territorial, un inventario de glaciares, y un pacto federal minero que eleva los estándares ambientales y sociales". "Todo esto no lo teníamos hace 10 años", recordó.
Al mismo tiempo consideró que el trabajo que han llevado a cabo desde el inicio de la gestión para trasladar el debate "de la calle a la academia" ha dado sus frutos. "En base a un trabajo prudente y diálogo que hicimos, de sacar el debate de la calle y llevarlo a la academia, se ha pavimentado de alguna forma la llegada de esta iniciativa de cambio en marco legal (a la 7722). Esperamos lo que diga la Legislatura", dijo.
El debate iniciado en la Legislatura por la ley 7722 busca darle impulso a la actividad minera en Mendoza. Sin embargo no es la única norma que protege los recursos naturales de la Provincia. La cordillera es la zona donde entran en tensión los intereses y gran parte de ese cordón montañoso está protegido por otra ley: la 6045, de áreas naturales protegidas. A su vez, la Dirección de Minería casi no tiene recursos asignados.
El Gobierno y la oposición abrieron el debate y, tímidamente, hicieron oficial que quieren modificar y flexibilizar la ley 7722, con la intención de promover la actividad minera en Mendoza. Ese debate tiene que desterrar algunos mitos. Particularmente uno: que esa actividad será de manera automática una catapulta de la economía. Las falsas expectativas pueden ser aún peores que las prohibiciones.
Pero además, el andamiaje legal que tiene Mendoza para proteger los recursos naturales excede esa ley, por lo que las tensiones no se restringen solamente a ella. Por eso si se avanza con la modificación de la 7722 es probable que luego aparezcan proyectos para cambiar otras normas. De hecho a nivel nacional se busca cambiar la ley de glaciares, también para flexibilizar las restricciones y sacar las prohibiciones para el ambiente periglaciar. El problema es la superposición de intereses sobre las mismas áreas. Así, por ejemplo, hay zonas de la cordillera donde entran en competencia las principales nacientes de las reservas de agua, con zonas re reservas metalíferas. Algo de ello ocurre con la zona de Laguna del Diamante, donde el mapa del catastro minero está plagado de hitos, pero gran parte de ellos están dentro de la reserva natural, que fue ampliada de manera contemporánea con la sanción de la 7722.
Justamente el sistema de áreas naturales protegidas de Mendoza tiene casi todo el cordón montañoso de la cordillera protegido. Del norte al sur, esa cadena de reservas comienza por el Parque Provincial Aconcagua; la reserva Cordón del Plata, el Parque Tupungato, Piuquenes, Laguna del Diamante y la reciente área Laguna del Sosneado. También se incluye allí la reserva privada Villavicencio, que había entrado en un gris legal que está en la justicia. En ese caso, por ejemplo, se nota la superposición de intereses: la empresa Danone tiene un largo litigio con la minera Deprominsa por la exploración en busca de cobre que intentó hacer. El terreno es de la empresa francesa, los derechos mineros del subsuelo de la minera. En el medio la reserva.
El 13% de la superficie de Mendoza tiene protección de ese tipo. La ley 6045 incluye en tres artículos la prohibición de la minería. Dependiendo de la categoría de la reserva, el nivel de restricciones. Es obligación que para registrar un derecho minero se mencione si está o no dentro de un área de reserva. Con la ampliación del sistema de áreas naturales, crece también la tensión en ese sentido.
En el mismo camino legal, deberían desempolvar y jerarquizar el decreto 820 que reglamenta los requisitos ambientales de los proyectos mineros en Mendoza y también cumplir la misma ley 7722, que aún tiene temas sin reglamentar, como el seguro ambiental y la creación de la Policía Ambiental Minera.
El otro aspecto saliente del reimpulso a la minería que buscan darle tiene que ver con los recursos del Estado para controlar y promover. Hoy el área específica está floja por todos lados. Según el proyecto de Presupuesto 2019, la Dirección de Minería tendrá 12 millones de pesos para trabajar durante todo el año. En las planillas de personal del mismo proyecto, figuran solo 18 empleados en esa repartición. No solamente son pocos recursos para ejecutar una política minera, sino también para crear confianza en el rigor con el que se deben controlar los proyectos mineros.
El debate en torno a, sino derogar, modificar la norma provincial que prohíbe el uso de sustancias químicas en los procesos mineros metalíferos sigue dando qué hablar. Desde principios de octubre, legisladores vienen reuniéndose con empresarios, especialistas y representantes de cámaras empresarias y sindicatos. Hoy fue el turno de algunos intendentes, entre ellos el de San Carlos, coautor y defensor de la Ley "antiminera".
Como cada jueves de las últimas semanas, legisladores integrantes de las comisiones de Ambiente, Hidrocarburos y Legislación se reunieron con distintos actores de la sociedad civil para debatir sobre la posibilidad de, sino derogar, al menos, modificar la Ley 7.722 que prohíbe el uso de sustancias químicas para el desarrollo de proyectos mineros metalíferos en Mendoza.
Luego de escuchar las voces de empresarios, de referentes de cámaras empresarias y de sindicatos, tocó el turno a intendentes o representantes departamentales,según MDZonline.
Para quien se perdió en el camino, desde fines de septiembre y principios de octubre, con el apoyo silencioso del gobierno de Alfredo Cornejo, dos senadores y exintendentes del peronismo, Juan Antonio Agülles (excacique de Malargüe) y Alejandro Abraham (excacique de Guaymallén), consiguieron el visto bueno para habilitar el debate de la, sino derogación, al menos sí, modificación de algunos puntos de la Ley 7.722.
La norma en cuestión data de 2.007 y "prohíbe el uso de sustancias químicas como cianuro, mercurio, ácido sulfúrico, y otras sustancias tóxicas similares en los procesos metalíferos de cateo, prospección, exploración, explotación y/o industrialización de minerales metalíferos obtenidos a través de cualquier método extractivo".
Como argumento principal para reactivar esta discusión, se dijo que, en un momento de crisis socioeconómica como el que transita la provincia, es necesario impulsar el desarrollo de la actividad minera que, según apuntaron algunos significaría, además de una diversificación de la matriz productiva local, un importante impulso al empleo. Algunos, muy confiados quizá, calcularon que podría traducirse en unos 10 mil puestos de trabajo directo.
En este contexto, atentos de no despertar la dura resistencia de ambientalistas que sostienen que en un contexto en donde la disponibilidad del agua va en un pronunciado detrimento, el Gobierno de Cornejo viene dando señales de apoyo al debate impulsado por los senadores peronistas que, hasta aquí, han conseguido habilitar la discusión en comisión conjunta de Ambiente, Hidrocarburo y Legislación.
Hoy, luego de escuchar a empresarios, sindicatos y especialistas, llegó el turno de los intendentes de ciertos departamentos. El punto de tensión de la discusión fue cuando el intendente de San Carlos, pese a ser aliado del cornejismo -pertenece al Frente Renovador, fuerza que integra Cambia Mendoza-, plantó sus quejas a la moción de dejar sin efecto la 7.722.
En primer lugar, manifestó que la Ley en cuestión no se consiguió "como dicen algunos" en base a piquetes y manifestaciones; sino que, según su defensa, fue producto de un diverso y amplio debate, en donde se tomó en cuenta la opinión de técnicos especialistas. Poniendo en contexto aquella discusión, agregó que allá por 2.007 no había ningún ejemplo concreto de cómo el desarrollo de proyectos mineros metalíferos podía ocasionar un desastre en el ambiente.
Hoy, marcando la diferencia, "tenemos el ejemplo cercano de Jáchal. En donde no hubo un solo derrame de cianuro, sino cinco. Sin la 7.722, Mendoza sería Jáchal", remarcó Difonso en pleno debate en comisiones en el Salón Rojas en el anexo del Senado.
En segundo lugar, hizo mención a los sucesivos informes de Irrigación sobre la escasa disponibilidad de agua y advirtió: "Si no somos capaces de entender esto, creo que vamos a estar en un grave error".
En relación a los puntos concretos que se están debatiendo para reformar o eliminar la 7.722 vinculados a quitar la mención de prohibición de "otras sustancias" o sortear el control legislativo sobre la declaración de impacto ambiental necesaria para habilitar cualquier proyecto, Difonso planteó: "A pedido de la UNCuyo fue que incluimos en aquel momento en la Ley la prohibición genérica, y en relación al control legislativo, me parece saludable que sea así".
Con un enviado, el departamento que preside Walther Marcolini, General Alvear, también le dijo que no a la posibilidad de avanzar con esta reforma o derogación de la 7.722. "Todo lo que vaya en contra del ambiente, es inconstitucional o regresivo", manifestó el representante de esta tierra, también radical.
Como contrapunto, los municipios de Godoy Cruz, Capital, Malargüe, Maipú y Guaymallén sí manifestaron su apoyo a cambiar o dejar sin efecto la Ley "antiminera". "Siempre dije que esta Ley es mala y que atrasa", ratificó el intendente de Guaymallén, Marcelino Iglesias.
