La minera canadiense INV Metals Inc. espera la realización de una consulta popular en una población aledaña a su proyecto de oro y plata Loma Larga, ubicado en la provincia andina de Azuay, la que determinará su continuidad.
El gremio de empresarios en Ecuador pidió este lunes seguridad jurídica y protección a las inversiones en la nación sudamericana, ante una polémica legal y política que amenaza con suspender el desarrollo de un proyecto minero importante.
La minera canadiense INV Metals Inc. espera la realización de una consulta popular en una población aledaña a su proyecto de oro y plata Loma Larga, ubicado en la provincia andina de Azuay, la que determinará su continuidad.
Un juez local decidió suspender la consulta popular, prevista para el 24 de marzo en la población denominada Girón, pero las autoridades judiciales y electorales han amenazado con destituir al juez y mantener vigente el proceso.
"Hacemos un llamado a las autoridades a que prevalezca la seguridad jurídica, prevalezca el sentido común y no se impida al Estado ecuatoriano que pueda llevar a cabo una explotación sostenible de un yacimiento importante", dijo Pablo Zambrano, presidente de la Federación de Cámaras de Industria de Ecuador.
De realizarse la consulta y obtener un resultado adverso, la empresa ha dicho que tendrá que suspender su operación y tomar medidas fuera del país para garantizar la inversión, de unos 55 millones de dólares realizada hasta el momento, y los derechos de concesión otorgados en el 2000.
La población de Girón, que según la empresa no representa a los habitantes de la zona de influencia, tendrá que pronunciarse si esta de acuerdo con actividades mineras en páramos y fuentes de agua ubicadas en la zona donde se desarrolla el proyecto.
El gerente de INV Metals en Ecuador, Jorge Barreno, dijo recientemente que la teoría respecto a que el trabajo de la mina podría afectar a las lagunas "es realmente inverosímil".
Organizaciones sociales y ambientalistas, quienes defienden la realización de la consulta, han dicho que con la explotación minera en la zona se afectarán los páramos y las fuentes de agua de las comunidades indígenas y han defendido el derecho de los pueblos a ser consultados sobre estas actividades.
De realizarse la consulta y obtener un resultado adverso, la empresa ha dicho que tendrá que suspender su operación y tomar medidas fuera del país para garantizar la inversión, de unos 55 millones de dólares realizada hasta el momento, y los derechos de concesión otorgados en el 2000.
En noviembre del año pasado, el estudio de factibilidad de Loma Larga confirmó su viabilidad técnica y económica, lo que permitirá arrancar con su desarrollo para obtener la primera producción a fines de 2021.
"Son casos específicos que no hemos podido controlar y es más político. Ecuador garantiza seguridad jurídica y respaldamos la minería responsable y sustentable", dijo el ministro de Energía, Carlos Pérez, a Reuters.
Ecuador tiene un gran potencial de explotación de minerales y prevé iniciar la producción de oro y cobre a fines de 2019.
