JACQUELINE FOWKS
La mina de cobre Las Bambas, una de las más grandes de su tipo en el mundo, se ha convertido en uno de los principales focos de conflicto para el Gobierno de Martín Vizcarra, que ha enviado a cinco de sus ministros en busca de una solución este jueves. Hace 50 días comenzó una oleada de protestas que han paralizado la actividad en el yacimiento, ubicado en la región Apurímac, en la sierra sur de Perú, y operado por la empresa china MMG.
Los incidentes con las comunidades del entorno se acumulan con los años y se han saldado con la muerte de al menos cuatro campesinos por disparos de la policía en 2015 y 2016. Después de una de esas crisis, en noviembre de 2016, el hoy presidente, entonces ministro de Transportes, firmó compromisos con las autoridades locales que, pasados dos años, no fueron cumplidos. Apenas se avanzó en un 21% del acuerdo, señaló una fuente estatal a EL PAÍS.
En febrero, la comunidad de Fuerabamba, la más afectada por el paso de 300 camiones diarios por sus tierras, bloqueó la carretera que usa la compañía para transportar el mineral con fines de exportación. Después de una primera negociación, la comunidad acordó liberar de manera temporal la vía para continuar el diálogo este jueves con los cinco ministros. Sus principales demandas son medioambientales y de justicia. La cita es un considerable desafío para la delegación encabezada por el presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar.
La reunión en el distrito de Chalhuahuacho tiene nueve temas a tratar en la agenda, por consenso entre un funcionario de la Presidencia del Consejo de Ministros y una veintena de autoridades comunales y distritales que se reunieron el miércoles. El primer punto consiste en archivar las denuncias a comuneros, procesados por disturbios y delitos contra el orden público o la propiedad privada desde 2011, y la atención a las familias –viudas e hijos, principalmente–de las cuatro víctimas del conflicto Las Bambas.
Desde 2015, los sucesivos Gobiernos de Ollanta Humala, Pedro Pablo Kuczynskiy Martín Vizcarra han decretado el estado de emergencia en un sector de dicha carretera, llamado Corredor Minero del Sur, restringiendo los derechos de tránsito, de reunión y la inviolabilidad de domicilio, para evitar las manifestaciones y los bloqueos promovidos por los comuneros para llamar la atención ante los compromisos incumplidos. Las localidades en esa situación de excepción pertenecen a las regiones de Cusco y Apurímac. Las Bambas, responsable del 1% del PIB peruano, está ubicada a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar y a unas seis horas por carretera de la ciudad de Cusco.
La empresa china modificó entre 2013 y 2014 su estudio de impacto ambiental para descartar la construcción de un “mineroducto enterrado”. Por ello, desde que Las Bambas empezó a operar en 2015, ha generado las críticas de las comunidades más cercanas, debido al polvo que afecta el aire, los cultivos y los animales de carga y ganado. Si bien MMG realizó un contrato de servidumbre en las tierras de Fuerabamba, no informó a los comuneros que resultarían afectados ambientalmente por el paso de los camiones y el polvo. Las partes se enredaron, además, porque el Gobierno de Kuczynski declaró la carretera vía nacional, pero no la asfaltó ni inició los trámites para ello. La “solución a los problemas del corredor minero” es el segundo punto de agenda de la cita del jueves. También demandan la creación de un seguro ambiental para aire, agua y suelo, y la evaluación del estudio de impacto ambiental de la mina.
La falta de acuerdos se debe a “la relación asimétrica entre la empresa y las comunidades”, según la abogada Ruth Luque, de la organización cusqueña Derechos Humanos sin Fronteras. “La compañía tiene un aparato legal, administrativo para negociar con las comunidades y estas no tienen absolutamente nada. En esas condiciones se desarrollan muchos de los acuerdos”, señala. “La figura del Estado es garantizar una estabilidad jurídica y tributaria para las inversiones, pero es un tercero ausente pese a que debería tener un rol ante esas asimetrías”.
Luque, que defendió legalmente a algunas de las víctimas del conflicto en 2015, asgura que esa diferencia también influye en la falta de un diálogo intercultural. “La empresa impone sus reglas y termina siendo una negociación de tipo económico que no incluye otros aspectos fundamentales (como los recursos naturales). Y tampoco hay un marco legal que diga qué sucede si la empresa incumple sus compromisos, no hay responsabilidad administrativa, civil, ni penal, ni siquiera con las víctimas”, subraya la abogada.
Un pronunciamiento de la Defensoría del Pueblo sobre este caso también apunta a las carencias de los pobladores afectados por la minería. “Las comunidades no pueden carecer del derecho a la asesoría y defensa legales de sus intereses y derechos. Deberán hacerse gestiones para que los colegios de abogados de Lima, Cusco o Apurímac, o las facultades de Derecho de las universidades de estas ciudades, pongan a su disposición profesionales solventes que contribuyan a garantizar su defensa”, afirmó el viernes la entidad.
La negociación del sábado pasado entre representantes del Gobierno, de las comunidades afectadas y de MMG se realizó mientras las comunidades llevaban más de 50 días de bloqueo a la entrada del campamento de Las Bambas y en pleno estado de emergencia. Gregorio Rojas, el presidente comunal de Fuerabamba, acababa de recobrar su libertad, después de haber sido detenido junto con un par de asesores legales que, según escuchas telefónicas policiales, habían intentado extorsionar a la empresa minera.
La semana pasada, el director ejecutivo de la Sociedad Nacional de Minería y Petróleo de Perú, Pablo de la Flor, lamentó en declaraciones a la prensa que el Gobierno hubiera tardado tanto en intervenir en este conflicto, pese a las múltiples alertas que se presentaron.
El presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, Manuel Fumagalli, señala que el gobierno debe aprender de la crisis en Las Bambas para tomar acciones preventivas en Tía María.
La crisis en Las Bambas ha vuelto a poner sobre el tapete el recurrente problema de la conflictividad social en minería. “De este caso saldrán lecciones aprendidas para evitar futuras crisis”, asevera Manuel Fumagalli, presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE).
¿Cómo ven los inversionistas el conflicto en Las Bambas?
En general, hay un impacto negativo en la imagen del Perú como país atractivo para la minería, debido a la reacción tardía del gobierno en afrontar el problema. Pero se trata de un impacto que se puede rrtir, dependiendo de cómo se maneje en adelante con las lecciones aprendidas.
¿Las inversiones mineras no se verán afectadas?
Ahora tenemos la gran oportunidad de consolidar un nuevo ‘boom’ minero. La inversión en minería creció 26% en el 2018, a US$4,947 millones, y se proyecta que este año crecerá a US$6.700 millones. Para concretar esto, tenemos dos desafíos: la conflictividad social y la sobrerregulación.
¿Cuál es el principal problema, la conflictividad o la sobrerregulación?
Los conflictos sociales son el principal desafío, pero muy cerca está el de la sobrerregulación, que es un tema pendiente. Si analizamos el portafolio de proyectos mineros vamos a ver que la mayor parte no se ha desarrollado y que tampoco se han sumado nuevos proyectos.
¿Por esos dos motivos?
Si queremos ver nuevas minas no podemos quedarnos en nuestro portafolio de US$59.000 millones, que es más o menos estático. Debemos nutrirlo con nuevos proyectos y ponerlos en valor, y para ello debe haber una voluntad firme del Estado de acompañar a la minería moderna. Y allí, el proyecto más emblemático para este año es Tía María.
¿El ejemplo de Las Bambas no escalará a Tía María?
Los proyectos no se pueden extrapolar. Tía María tiene su propia dinámica y sabemos que Southern Copper ha estado desarrollando un trabajo social. Además, si el gobierno ha aprendido la lección en Las Bambas, deberíamos ver que toma una acción preventiva para evitar una situación de conflictividad.
¿Cuál es la lección de Las Bambas?
La lección de esta crisis es la necesidad de que el Estado se manifieste de forma temprana para cubrir las necesidades de la población en servicios básicos e infraestructura. Y cumplir oportunamente con esos compromisos, porque de lo contrario se generan conflictos.
Manuel Fumagalli fue nombrado presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) para el período 2019 – 2020 por el nuevo Consejo Directivo del gremio. Reemplazó a Luis Marchese Montenegro. (Foto: Archivo)
¿Habrá un impacto en los US$6.700 millones de inversión minera para este año?
Esperamos que esa inversión no se verá impactada. Solo en el Corredor Minero del Sur hay proyectos por US$17.000 millones, pero somos optimistas en que se van a desarrollar bien.
¿Tiene la expectativa de que la conflictividad no recrudecerá?
La conflictividad en el Perú no se reduce a Las Bambas. Es un tema más complejo. Las Bambas devela que hay bastante trabajo por hacer en acción temprana por parte del estado y en mayor comunicación de los beneficios de la minería por parte de las empresas. De este caso saldrán lecciones para mejorar controversias a futuro y evitar que escalen a crisis.
¿Qué beneficios de la minería deberían conocer las comunidades?
Es importante que las comunidades conozcan la cuantía de los recursos que genera la minería y hacia donde se destinan. Solo en los últimos 10 años se ha transferido S/.39 mil millones en canon y regalías, pero también es importante saber en qué se usan. Un 19% de los recursos del canon tienen un destino que se desconoce.
¿La sobrerregulación sigue siendo un gran desafío?
Impacta en la exploración y en la producción minera. Por ejemplo, la producción aurífera bajó 6% en el 2018, y en lo que va del año siguió bajando porque no hay nuevos descubrimientos.
¿Eso se debe a la menor exploración minera?
Se debe a la burocracia en la exploración, que alimenta de proyectos a la minería. El potencial está allí: tenemos el 5% de las reservas de oro y el 10% de las reservas de cobre del mundo, pero hemos explorado menos del 2% del país. Para ello necesitamos resolver los problemas de acceso a la tierra y simplificar la regulación.
¿Cuánto ha caído la inversión en exploración minera?
En el 2018 la inversión en exploración cayó 14%, y en enero-febrero de este año ha caído 37%. Eso impide que el portafolio de proyectos siga creciendo.
¿Cuál fue la producción de oro en el 2018?
En 2018 el total fueron 143 toneladas, 11,1% menos que en el 2017.
¿Y para este año?
La tendencia seguirá a la baja porque, si bien pueden entrar nuevos proyectos, como Quecher Main, que es una ampliación de Yanacocha, lo que necesitamos son nuevas minas que reviertan esta tendencia.
¿Qué se necesita para revertirla?
Se puede implementar la Ventanilla única, para reducir el número de trámites en minería, que suman 260, de los cuales sólo el 10% depende directamente del Ministerio de Energía y Minas (MEM).
¿Qué permisos?
Por ejemplo, antes de explorar se necesita obtener muestras que deben ser autorizadas por Serfor y Produce, las cuales toman cinco meses. Luego se debe obtener el Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos (Cira), el permiso de uso de agua con la ANA y diversas autorizaciones con el MEM. Y desarrollar consulta previa si hay comunidades. Todo eso suma y al final una empresa demora no menos de 18 meses para empezar a perforar.
¿Senace no ve eso?
No. Senace no ve proyectos de exploración. Necesitamos trabajar en este concepto de Ventanilla Única para evitar duplicidades en los trámites, pero sin reducir estándares ambientales. E ir más allá de lo que se hizo con el reglamento de exploración minera, que no ayudó mucho a reducir plazos.
En el conflicto entre la empresa minera MMG Las Bambas, el Estado y las comunidades de influencia de la provincia apurimeña de Cotabambas, como Fuerabamba, el Gobierno es señalado como el principal responsable. Este conflicto social que alcanzó las situaciones más álgidas en los últimos dos meses, devino en la interrupción del paso del concentrado de cobre por el corredor minero durante 68 días.
Según la última encuesta de El Comercio – Ipsos, realizada en el 10 y 12 de abril, el 63% de los entrevistados dijo que está informado sobre el proyecto Las Bambas y la interrupción de las vías en las zonas de Manantiales, en el distrito de Challhuahuacho (Apurímac); y en el fundo Yavi Yavi, en el distrito de Colquemarca (Cusco). De ellos, el 48% opinó que el gobierno de Martín Vizcarra tuvo la mayor responsabilidad.
Debido a la ubicación del conflicto, la mayor cantidad de quienes dicen estar informados se encuentran en las zonas centro y sur del país. En Lima, el 65% dijo sí conocer de esta problemática, y en el interior el 62%. Por niveles socioeconómicos (NSE), los más informados son de los sectores A y B.
Consultados sobre las responsabilidades del conflicto, en cuanto a zonas, en Lima el 45% considera que el Gobierno es el responsable de este conflicto, mientras que en el interior esta cifra se eleva a 50%. Tanto en el norte, centro, oriente y sur del país los números son similares ante esta pregunta.
Es el NSE B el que considera que el Gobierno ha sido el principal responsable del conflicto, mientras que el A y E registran las cifras más bajas, con 34% cada uno. No obstante, en el NSE A se consideró que la responsabilidad del conflicto recaía en los dirigentes y asesores de los comuneros (30%), así como en la población local (24%). En el NSE E, el 28% señaló a la empresa MMG como responsable.
A lo largo de todo el proceso, el Gobierno, la empresa y la comunidad apostaron por el diálogo como el camino para encontrar una solución a la tensión en el corredor. Para el 46% de los encuestados, esta también es la vía para resolver las paralizaciones, pero de no lograrlo la Policía Nacional debe ser la encargada de restablecer el orden público. Esta es una idea consensuada en los cinco NSE consultados.
Finalmente, consultados sobre qué acciones debería asumir la Policía Nacional con quienes bloquean una carretera, más de la mitad (53%) respondió que no deberían ser detenidos porque están en su derecho de protestar, mientras que el 41% dijo que sí. El 6% no precisa sobre el tema.
Por zonas, el 48% de encuestados en Lima y el 57% del interior respondió que quienes usan este medio como protesta no deberían ser detenidos. Sobre esto, en cuanto a NSE, el sector A considera, con 66%, que los manifestantes que interrumpen una vía como protesta sí deben ser retenidos porque están cometiendo un delito.
—Tránsito restablecido—
El viernes último, tras una reunión entre la comunidad apurimeña de Fuerabamba y miembtros del Ejecutivo, se acordó el desbloqueo del tramo de 12 kilómetros de la vía nacional CU135 que cruza el fundo Yavi Yavi, propiedad de los fuerabambinos.
Sumado al compromiso asumido esta semana en Challhuahuacho, con la participación del primer ministro Salvador del Solar, el corredor minero ha vuelto a estar habilitado para el paso de todos los vehículos de la empresa MMG Las Bambas. El Comercio confirmó que los convoyes con concentrado de cobre de la minera están transitando con normalidad por la vía mencionada.
Jeffrey Radzinsky, analista político; y Violeta Bermúdez, docente de Derecho en la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), coinciden en que las referencias al Gobierno no solo suponen el ente nacional, también los locales y regionales. Es decir, a la ausencia del Estado.
“Es una llamada de atención respecto de poblaciones que históricamente han estado un poco alejadas de los espacios centrales, donde se toman las decisiones”, dijo Bermúdez.
Radzinsky opina que parte de la conflictividad está también en expectativas que se incumplen.
“Lo que debe haber es una responsabilidad muy seria por todos los compromisos que asume el Gobierno. Me parece excelente que haya una mesa de cumplimientos, ojalá sea un buen precedente para otros casos”, comentó a El Comercio.
Por su parte, Rolando Luque, adjunto para la Prevención de Conflictos y Gobernabilidad de la Defensoría del Pueblo, dijo que “es verdad que el Estado tiene una importante cuota de responsabilidad en este y en otros conflictos, por la forma de gestionarlos o por sus propios incumplimientos de acuerdos; pero no hay que olvidar la responsabilidad de la empresa en el reconocimiento de los problemas derivados del uso de la carretera y de la falta de puntualidad en honrar compromisos antiguos”.
Entre aquellos puntos que debería asumir el Estado a partir de este conflicto, Bermúdez indica que “debería contarse con un diagnóstico y potenciales situaciones que pueden devenir en conflictos para poder intervenir preventivamente”. Mientras que Radzinsky plantea un trabajo preventivo, para lo cual debe haber una mejor coordinación entre las oficinas de prevención de conflictos de la PCM y ministerios, así como el cumplimiento de compromisos.
Luque sostiene que hay dos lecciones claves: “la actividad minera aprobada por la población debe tener un mecanismo estatal que garantice relaciones igualitarias entre empresa y comunidades durante el tiempo de vida de la mina”, opinó. Además, los ingresos extraordinarios por canon, regalías y otros aportes, deben estar “sometidos a un estricto control de modo que los beneficios para la población estén asegurados”.
Sobre el diálogo, si bien es una idea consensuada, “todas las personas deberían respetar los derechos de otras personas”, dijo Violeta Bermúdez. Respecto a esta idea, Radzinsky opina que “lo ideal no es hacer una distinción dicotómica de primero diálogo y entonces la policía. Son cosas que deben ir en paralelo”. Luquesostiene que “el diálogo colaborativo, efectivamente, es la principal herramienta para resolver conflictos, pero toda negociación debe hacerse dentro del marco de la ley”.
