Pese a las confesiones de los directivos de Odebrecht en decenas de causas judiciales en Brasil y otros países, el juez federal Marcelo Martínez De Giorgi consideró que no existen pruebas suficientes para acreditar que hubo sobreprecios y sobornos en el contrato para soterrar la traza del tren Sarmiento.
El magistrado procesó a los detenidos ex ministro de Planificación, Julio De Vido, y sus ex funcionarios Roberto Baratta y José López por presunto "incumplimiento de deberes de funcionario público", y dictó la falta de mérito para el ex dueño de la constructora Iecsa y primo del presidente, Angelo Calcaterra y el lobbista Jorge "Corcho" Rodríguez, entre otros empresarios.
Los procesamientos sin prisión preventiva incluyeron embargos de ocho millones de pesos.
"No es factible afirmar o descartar que hubieren sido parte de la presunta maniobra precedentemente descrita (cohecho), que aún no ha sido posible corroborar, y que tampoco aparecen involucrados en aquellas conductas ilícitas" que se investigan, sostuvo el juez sobre los empresarios.
Martinez de Giorgi también procesó por negociaciones incompatibles al detenido ex secretario de Transporte Ricardo Jaime y a su ex asesor Manuel Vázquez, y en sus casos se les sumó el delito de dádivascon embargos de diez millones de pesos.
Por esta última figura quedaron procesados además Héctor Javier Sánchez Caballero, de Iecsa SA, y a Héctor Castro Sirerol, de Comsa SA, con embargos de cinco millones de pesos.
"Se reunieron elementos que dan cuenta de la existencia de dádivas" por parte de esos integrantes de las firmas, sostuvo el juez.
Martínez De Giorgi investiga si existieron irregularidades en la licitación para adjudicar las obras del soterramiento del tren Sarmiento en vinculación a la Unión Transitoria de Empresas que formaron las empresas Iecsa SA, Constructora Norberto Odebrecht SA, Ghella SA y Comsa SA.
Para el magistrado aún no se pudo determinar si hubo pago de sobornos, y por ello ordenó profundizar la investigación.
Martínez De Giorgi sí dio por probado que "funcionarios públicos de la estructura del entonces Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación, responsables, en razón de su cargo, del proceso licitatorio y la ejecución de la obra del soterramiento del ferrocarril Sarmiento, en el período investigado, dirigieron su accionar en sus diferentes etapas, en miras de beneficiar a las firmas" del consorcio empresario.
"Todo ello bajo la órbita y el amparo de Julio De Vido, por entonces titular del Ministerio de Planificación Federal, y Roberto Baratta, quien se desempeñaba como subsecretario de Coordinaciòn y Control de Gestión" del organismo.
Por ello, todos quedaron procesados por presuntas "negociaciones incompatibles con la función pública".
