El gobierno de Martín Vizcarra debe determinar en los próximos tres meses si el proyecto minero Tía María comenzará en el 2019 o éste se verá postergado una vez más.
El gobierno corre contra el tiempo. Tiene tres meses para alcanzar lo que podría ser el logro más sobresaliente o el fracaso más estrepitoso de su política de promoción minera: la puesta en marcha, tras cuatro años de paralización, del proyecto cuprífero Tía María, a cargo de Southern Copper Corporation.
En mayo del año pasado, el presidente Martín Vizcarra anunció que su administración apostaría por una inversión minera responsable y sostenible socialmente. “Queremos comenzar a sacar los proyectos mineros, uno a uno, pero de manera sostenida y permanente”, remarcó ante empresarios mineros en el Simposio del Oro y de la Plata. Ese discurso fue acompañado de avances en el 2018: la ampliación de Toromocho, la adjudicación de Michiquillay, y los inicios de la construcción de Quellaveco y Mina Justa.
Aun así, uno de los grandes pendientes de la cartera del Ministerio de Energía y Minas (MEM) es Tía María, proyecto de US$1,400 millones y que contribuiría en 0.4% al crecimiento del PBI. El gobierno debe tomar una postura ya. Su Estudio de Impacto Ambiental (EIA) vence en agosto y hasta el momento no existe certeza sobre si se otorgará la esperada licencia de construcción. Si ésta no se emite antes de la caducidad del EIA, Senace tendría que evaluar uno nuevo, retrasando un año o más el proyecto, dependiendo de las condiciones políticas tras las elecciones generales del 2021.
El titular del MEM, Francisco Ísmodes, aseguró la semana pasada que se podría otorgar la licencia para la construcción, pero ésta no iniciaría hasta que haya un mayor consenso en el valle del Tambo. El objetivo es razonable, pero el camino planteado no soluciona ningún problema. El gobierno no da certeza a Southern y al sector privado en general sobre lo que ocurrirá con este proyecto. En lugar de ello, plantea más interrogantes y eleva la incertidumbre.
Esta invocación al gobierno sobre Tía María no supone estar a favor de que se imponga el proyecto a los distritos del Valle del Tambo. Como ya hemos sostenido a propósito de Las Bambas, las empresas mineras deben seguir sofisticando sus estrategias de relacionamiento con los ciudadanos en su zona de influencia, entendiendo sus dinámicas sociales, culturales y económicas para hacer la actividad extractiva sostenible y reducir el riesgo de nuevos conflictos (SE 1663, La Voz de SE).
En el caso específico del valle del Tambo, Tía María ha representado una preocupación legítima debido al impacto que tendría en la agricultura, actividad económica en la que trabaja una amplia mayoría de la población. Tal situación ha llevado a la empresa a realizar esfuerzos de comunicación y relacionamiento en los últimos cuatro años para lograr la licencia social (SE 1606, SE Destaca). Y esa estrategia debería mantenerse y replicarse. Un reciente sondeo de Ipsos en Islay revela que, para el 71% de los encuestados, Tía María será beneficioso para el país; mientras que el 61% considera que generará puestos de trabajo para la población. Aunque el apoyo puede ser mayor, los niveles de tensión no son los del 2015, cuando fallecieron cuatro personas en el conflicto.
Por lo pronto, Tía María está en manos del vaivén político. A nivel ministerial no están dadas las condiciones más óptimas: el MEM no tiene un Viceministro de Minas desde hace más de una semana. Y Élmer Cáceres Llica, gobernador regional de Arequipa, no será un aliado para mejorar el clima social y promover el proyecto. Las perspectivas son poco alentadoras y se hace necesaria una clara señal desde el Ejecutivo.
