La industria minera en San Juan siempre ha buscado desarrollarse sin perder de vista la indispensable protección de los recursos hídricos en cualquiera de sus formas, inclusive las geoformas glaciares, aportantes estratégicos del sistema hídrico, dentro de un paradigma ecocéntrico y sistémico porque es propio de nuestra cultura.
Hemos tomado conocimiento por diversos medios de prensa que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha rechazado la demanda de inconstitucionalidad de la Ley Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares (26.639) ya que no se ha “demostrado que el sistema de preservación de los glaciares les generase algún tipo de daño en su derecho de explotación minera” a los proyectos Veladero y Pascua-Lama. También, junto a las demoras en el Inventario Nacional de Glaciares, dijo que en virtud del sistema previsto por la Ley, el desarrollo de su implementación exigirá de definiciones técnicas y de un esfuerzo hermenéutico por parte de otras autoridades” (pg. 23). Además, remarcaron la utilidad del diálogo constructivo de Nación y Provincia al que alude el federalismo concertado (pg. 30).
Por eso, entendemos que queda un gran camino por delante en todo el país y, especialmente, dentro de nuestro territorio sanjuanino.
Por un lado, es necesario avanzar en las definiciones técnicas y el esfuerzo hermenéutico que propone como necesarias la CSJ, consideraciones que siempre han sido foco de atención de parte de la Cámara Minera de San Juan.
Por otro lado, que todos los sectores de la sociedad, público y privado, empresas, instituciones y estado apoyen en lo que resulte necesario a fin de que se completen todos los pasos del Inventario de Glaciares, que permita precisarlos así como sus aportes hídricos estratégicos al sistema hídrico de todo el territorio nacional, sobre todo en zonas de potencial producción minera.
Finalmente, adherimos plenamente a la urgencia de construir un federalismo concertado mediante un diálogo constructivo entre Nación y Provincia, que dé contenido al modelo federal del Estado y al proyecto ambiental de la Constitución.
La Argentina crece por el respeto de sus leyes e instituciones, así como por el protagonismo activo de sus empresas y organizaciones democráticas. Las leyes deben promover el desarrollo integral de los recursos propios de cada territorio, sin cercenar sus riquezas, ni las oportunidades de crecimiento de su pueblo, como tampoco su biodiversidad sistémica. Creemos en eso y seguiremos trabajando por el bien integral de nuestra casa común.
