En una compleja crisis entró ayer el polémico proyecto Mina Invierno, ubicado en la Región de Magallanes y que es de propiedad de las familias Angelini y von Appen.
Hace dos semanas, el Tribunal Ambiental de Valdivia decidió mantener la medida cautelar que prohíbe la realización de tronaduras bajo 100 metros por sobre el nivel del mar y la empresa anunció su paralización. "Desgraciadamente, esta última resolución nos deja en una posición de inviabilidad operacional y financiera.
Resulta imposible prolongar actividades más allá de noviembre, por lo que nos vemos obligados a iniciar el plan de paralización progresiva que concluirá en dicho mes", anunció el presidente de Mina Invierno, Marcos Büchi, en una carta enviada al periódico "El Pingüino".
La empresa informó la desvinculación de 150 trabajadores propios, alcanzando las 230 personas que han perdido sus fuentes laborales en lo que va del año, junto a lo cual se concretó la salida de trabajadores de empresas contratistas. Según explicó Mina Invierno, el ajuste se enmarca en el plan de paralización progresiva anunciado por la compañía para enfrentar el crítico escenario operacional y financiero de la empresa, que se vio forzada a detener esta semana los últimos equipos dedicados a la remoción de estéril. En adelante, precisaron, sólo permanecerá operando una parte de la flota para la extracción del carbón remanente y otras tareas complementarias.
Y, aunque se paraliza la faena en noviembre, los ejecutivos salieron a aclarar más tarde que sin perjuicio de las medidas que han debido tomar, aún no se ha tomado una decisión de cierre y la compañía seguirá haciendo uso de todas las herramientas legales para revertir la decisión. "Mina Invierno aún no ha tomado una decisión de cierre. Vamos a continuar haciendo los esfuerzos desde el punto de vista legal para intentar revertir esta situación, pero la variable tiempo es crítico", advirtió el gerente regional de Mina Invierno, Guillermo Hernández.
La instancia ambiental resolvió que no existen antecedentes nuevos en el proceso que permitan modificar la prohibición, lo que impide extraer cerca del 98% de las reservas mineras del yacimiento, estimando que la información presentada por la compañía para revertir la medida es "confusa" "Genera incerteza respecto de los efectos en el componente paleobotánico de las tronaduras autorizadas", dijo en ese momento.
Al ser consultada, la compañía aseguró que presentó al tribunal "todos los antecedentes técnicos que no solo descartan efectos adversos en el componente paleobotánico –como se concluyó en la evaluación ambiental- sino que además, reafirman el aporte de este método para la investigación científica, dando acceso a material fósil que de otra forma sería imposible obtener".
Y calificó como "inexplicable" que no se haya valorado el pronunciamiento de los organismos técnicos especializados como el Consejo de Monumentos Nacionales, el Sernageomin y la Superintendencia del Medio Ambiente, quienes en distintas instancias del proceso de evaluación ambiental, han descartado que las tronaduras puedan afectar el rescate y preservación de material paleobotánico.
La decisión provocó una rápida reacción en la industria. El presidente de la CPC, Alfonso Swett, manifestó su preocupación que los antecedentes que permitieron obtener la Resolución de Calificación AMbiental (RCA) no estén siendo considerados y se dañe así gravemente la confianza en la institucionalidad y la certeza jurídica. Mientras, el líder de la Sonami, Diego Hernández, dijo que se trata de "un hecho que daña gravemente la confianza en la institucionalidad y el clima para el desarrollo de negocios".
El gremio de la minería mostró su solidaridad con el proyecto Mina Invierno luego de que se conociera que los controladores de la iniciativa -las familias Angelini y Von Appen paralizaran las obras ante los inconvenientes que atraviesa luego de que el Tribunal Ambiental de Valdivia frenara las faenas.
Por medio de un comunicado, el presidente de la Sociedad Nacional de Minería (Sonami), Diego Hernández, indicó que "la decisión del tribunal de mantener la medida cautelar que le impide realizar tronaduras bajo 100 metros sobre el nivel del mar, está terminando por asfixiar a esta operación minera".
El dirigenrte agregó que la decisión del tribunal "levanta una alerta en la minería nacional", no solo por la falta de fundamento jurídico sino porque el impedimento de realizar tronaduras, en la práctica, implica el fin de la actividad minera, en este caso en la Región de Magallanes.
"Se trata de un hecho que daña gravemente la confianza en la institucionalidad y el clima para el desarrollo de negocios", sostuvo el presidente de Sonami. De la misma forma, dijo que esta situación no solo genera un manto de dudas respecto de la imparcialidad de los miembros del tribunal sino que afecta a toda la nueva institucionalidad.
"Aquí se está dañando el marco normativo medioambiental al afectar los actos administrativos emanados de otros organismos pertinentes y echar por la borda recursos tanto privados como públicos y años de tramitaciones para la obtención de los permisos", acotó. Hernández hizo un llamado al Presidente Piñera y al Congreso a actuar con coherencia en la búsqueda de un camino que permita fortalecer la certeza jurídica y generar las condiciones para el desarrollo de proyectos de calidad y contribuyan al crecimiento y desarrollo del país
