JOSÉ VICTOR SALCEDO
Entre Apurímac, Puno, Arequipa, Cusco y Moquegua se encuentran casi la mitad de los más importantes proyectos de explotación minera. Sin embargo, no prosperan debido a los conflictos sociales. Comunidades temen la contaminación.
El sur es un gran emporio minero. Hay reservas inmensas de cobre, oro, plata, zinc y otros minerales.
No es extraño que las concesiones y peticiones mineras aumentaron exponencialmente en los últimos años. Varias compañías tienen interés en desarrollar esos proyectos, comprometiendo millonarias inversiones.
Casi la mitad de la cartera de proyectos mineros nacionales está ubicada en las regiones del sur. De los 49 proyectos a nivel nacional, que prevén una inversión de US$ 58 507 millones, 21 están repartidos entre Apurímac, Cusco, Puno, Arequipa y Moquegua. US$ 26 046 millones corresponden a regiones del sur, cifras proyectadas entre 2018 y 2023. Son datos del estudio ‘Cartera de proyectos de construcción de mina 2018’ del Ministerio de Energía y Minas (MINEM).
La lista publicada en la infografía prevé la construcción de nuevas minas y ampliación o reposición de las ya existentes.
Dentro de la accidentada geografía de Apurímac se hallan siete proyectos, casi todos planean extraer cobre, igual que lo hace actualmente la mina Las Bambas. Arequipa y Puno cuentan concuatro iniciativas cada una, y cierran Moquegua y Cusco con tres. La gran parte deberían empezar a operar entre 2020 y 2023.
No obstante, hay 9 proyectos mineros con fecha de inicio pendiente de determinación debido a decisiones empresariales o conflictos sociales. Esto último por la desconfianza campesina ante la minería, a la que consideran nociva para elmedioambiente.
El sur puede convertirse en un centro minero por excelencia o también en un polvorín. La gran minería provoca resistencia y, en varios casos, rechazo en las comunidades campesinas. El Corredor Minero del Sur es un ejemplo de una áspera y, a veces, violenta convivencia entre minería y comunidades campesinas. El conflicto, que explotó en el corredor minero en mayo pasado contra la mina Las Bambas, de MMG Limited, y el que calienta ahora mismo en el valle de Tambo (Arequipa) contra el proyecto Tía María, de Southern, grafican esa realidad.
El último reporte de la Defensoría del Pueblo corrobora que hay una relación directa entre minería y conflictos sociales. En las regiones sureñas, donde hay una millonaria proyección en inversiones, también hay 56 conflictos. A nivel nacional son 178 casos. La mayoría en el caso del sur está ligada a actividades extractivas y se hallan en Cusco, Puno y Apurímac.
En Apurímac se encuentra el proyecto minero Los Chancas, de Southern Perú Copper Corporation. La iniciativa es rechazada por las comunidades campesinas de Tiaparo y Tapayrihua. Cuestionan una presunta falta de cumplimiento de los acuerdos asumidos por la empresa durante once años de trabajos y una presunta afectación a recursos hídricos. La empresa tiene proyectado invertir US$ 2 800 millones para empezar a funcionar en 2022. No obstante, la resistencia campesina podría demorarla.
En tanto, en Cusco, quince comunidades campesinas de Espinar se oponen a la viabilidad del proyecto de expansión de la unidad minera Antapaccay, denominado “Integración Coroccohuayco”, para incorporar un nuevo tajo abierto y labores subterráneas de explotación de cobre. Temen impactos graves en el medioambiente y las fuentes de agua. La empresa concluye que todos esos impactos son de muy poca intensidad, según la ONG CooperAcción. La compañía minera Antapaccay prevé invertir US$ 590 millones y debería ponerse en marcha en 2023. El conflicto también podría retrasarlo.
En Puno persiste el conflicto, desde noviembre de 2011, contra la empresa minera Minsur S.A. El comité de lucha del distrito de Antauta y pobladores del distrito de Ajoyani solicitan a la minera que compense los daños generados y que firme un convenio marco de desarrollo a favor de la población, así como proyectos de agua y empleo local. Y, por supuesto, está el complicado proyecto Tía María en Arequipa.
El gobernador regional del Cusco, Jean Paul Benavente, responsabilizó de la activación de protestas al Ejecutivo nacional, porque no busca mecanismos de acercamiento con las comunidades de las zonas de influencia de las minas.
Benavente considera, además, que no hay una política nacional para prevenir y gestionar los conflictos sociales. “Esperan que llegue al conflicto social antes de resolverlos a tiempo. No se sabe reaccionar a tiempo”, sostiene.
El gobernador cusqueño consideró que debe pensarse en crear alguna instancia que se haga cargo de vigilar y atender los reparos de las comunidades campesinas a la gran minería. Mientras las cosas sigan siendo manejadas como hasta ahora, la minería seguirá siendo un foco de conflictos.
