En Oriente Medio pagan hasta u$s2 millones por 70.000 toneladas de agua de río. Según un funcionario, Córdoba estaría vendiéndole a Arabia a u$s17 la botella. Río Negro evalúa comercializar el fluido de vertientes. Misiones avanzará con la exportación. Casos paradigmáticos y denuncias presentadas
El fantasma de la venta de agua potable vuelve a sobrevolar ríos y lagunas de la Argentina.
En sintonía con las predicciones que, desde hace décadas, no dejan de alertar sobre el creciente avance sobre las riquezas naturales del país (incluso varios legisladores hablan de saqueo), el Observatorio del Agua de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) acaba de solicitarle al gobierno santafesino que investigue la presunta carga de agua del río Paraná a buques cargueros por parte de empresas cerealeras.
Para realizar la presentación, la dependencia utilizó declaraciones públicas realizadas por el titular de la CGT-San Lorenzo, Edgardo Quiroga, quien denunció que las firmas agroexportadoras de la zona embolsan hasta 4 millones de dólares anuales sólo por la venta de agua a los barcos que operan en los muelles locales.
El negocio de la comercialización del líquido más preciado, tal como anticipara iProfesional.com en abril del año pasado, comenzó a multiplicarse sin control desde hace ya varios años, cuando compañías como Makhena concretaron exportaciones de agua, también del Paraná, a países del Caribe y Oriente Medio.
Según funcionarios nacionales, precisamente en Oriente Medio pagan hasta u$s2 millones por las 70.000 toneladas de agua de río que puede transportar un buque en sus bodegas.
El río Paraná, agua para el litoral ¿y para las cerealeras?
Pero más allá del intento de los privados, lo que alarma a diversos funcionarios nacionales y organizaciones ambientalistas es la posibilidad de que algunas provincias hagan de la venta de agua una fuente de ingresos.
En ese aspecto, el caso de Misiones es el que más despierta controversias en el noreste del país. En dicho distrito, el titular de Aguas Misioneras Sociedad del Estado, Eduardo Galeano, confirmó que la provincia comenzará a exportar parte de sus recursos hídricos. Y que, incluso, avanzará con la venta de agua de lluvia.
En declaraciones a medios locales, Galeano explicó que el mercado externo es el consumidor más rentable. Reiteró que así como destaca que Misiones posee buena calidad de agua se debe buscar que esta característica permita una considerable sustentabilidad.
"Tenemos estrategias definidas para ir captando las zonas con mejor líquido y desarrollar los proyectos de catación", indicó.
Galeano mencionó que están recibiendo la colaboración de especialistas de la Universidad Tecnológica Nacional, una entidad internacionalmente reconocida en la temática.
"En unos cinco o seis años podremos ser una de las industrias más importantes de Misiones, con mano de obra calificada", resaltó.
El funcionario remarcó que "también está la posibilidad de apostar a la venta de agua de lluvia, la cual es muy bien valorada económicamente en Europa y Estados Unidos".
Y citó como ejemplo "el caso de Córdoba, que vende a 17 dólares las botellas a Arabia".
"Nosotros tenemos un recurso abundante y debemos hacerlo sustentable. Los misioneros seremos los que determinaremos cómo utilizar el agua, por lo menos en nuestros límites", concluyó.
La sumatoria de intereses creados en torno a este bien tan preciado es aquello que viene impulsando denuncias y el desarrollo de marcos legales que directamente prohíben la comercialización de agua potable "a granel".
Santa Fe, precisamente, es uno de los primeros territorios en poner en marcha un marco tendiente a proteger la disponibilidad del recurso, aunque el pedido de investigación para los barcos cerealeros deja en claro que no basta con sancionar una ley.
Sucede que la normativa vigente en esa provincia inhabilita la "exportación directa e indirecta" de agua potable, aunque no está claro si la acción denunciada se encuentra enmarcada en esa actividad.
"Si las multinacionales venden agua para consumo de los tripulantes de los navíos, no violan la normativa. Pero sí lo hacen si realizan algún tipo de suministro a granel", indicó Alberto Muñoz, titular del Ente Regulador de Servicios Sanitarios (Enress) santafesino.
"No es la primera vez que se denuncia algo similar y creo que es necesario investigarlo. La verdad es que no sabemos si es una venta a granel o para consumo en navíos. El gobierno debería fiscalizar porque el agua puede ser un negocio y siempre hay más de un pícaro para aprovecharlo", afirmó el titular del ente de control de la empresa estatal Aguas Santafesinas (Assa).
El interés por el agua también impulsa que distritos como Entre Ríos evalúen con firmeza instaurar leyes que prohíban la exportación de agua dulce o potable "en cualquiera de sus estadios físicos".
En esa dirección, la comisión de Salud del senado entrerriano que preside Carlos Garbelino se encuentra recolectando firmas para el dictamen de un proyecto presentado por Aldo Ballestena.
El texto del proyecto propone sancionar las violaciones con multas, cuya graduación e imposición estará a cargo de la Autoridad de Aplicación.
Los buques, se llevaban el "agua dulce que es tan apreciada y carente en el resto del mundo, la potabilizaban y, de esa manera producían la venta en el país de origen", justificó Ballestena, al divulgar su proyecto.
Según el legislador, dicha situación se estaría produciendo en el sur de la provincia, donde confluyen los ríos Paraná y Uruguay.
Proyecto de ley
A fin de establecer un marco que frene el negocio en toda la Argentina, Reyes, de la Coalición Cívica (CC), impulsa un proyecto de ley que apunta directamente a prohibir la exportación de agua a granel.
Los puntos más salientes de la propuesta de Reyes son los siguientes:
• Artículo 1º. Prohíbese en todo el territorio de la Nación la exportación de agua a granel.
• Artículo 2º. Exceptuase de lo dispuesto en el artículo 1º las exportaciones de agua cuando mediaren razones humanitarias o de emergencia, o fueran consecuencia de la ejecución de convenios suscriptos con otros Estados u organismos internacionales.
• Artículo 3º. El Poder Ejecutivo Nacional arbitrará las medidas de control necesarias en las terminales aduaneras para cumplir con lo dispuesto por el artículo 1º de la presente ley.
• Por medio del presente proyecto de ley se pretende prohibir la exportación de agua a granel en todo el territorio de la Nación, dado que está claro que el recurso agua es un bien común escaso y, por lo tanto, su defensa y protección es la defensa y protección de la vida humana.
Actualmente el "problema agua" radica no sólo en la escasez de aquella que es potable y en la contaminación del bien como tal, sino también en la mercantilización y privatización del recurso por parte de los gobiernos nacionales y provinciales.
Según señala la iniciativa, en el país se observa a empresas que ofrecían en el mercado "agua dulce a granel". O el caso de los buques transnacionales, que exportan toneladas sin control alguno.