Algo cambió. El Gobierno modificó el tono del discurso oficial y bajó el nivel de conflictividad respecto a la responsabilidad de la empresa Vale por el freno del proyecto Potasio Río Colorado. Ahora, desinflan la idea de quitar la concesión y hablan de cuidar la seguridad jurídica, particularmente los derechos que la empresa tiene.
El vocero del cambio de discurso fue el vicegobernador Carlos Ciurca. Y lo hicieron en consonancia con los principales referentes de la oposición. “Hay una empresa que tiene una concesión, una concesión firme. El ritmo de inversión se ha detenido. Hay derechos de la empresa. Sería al menos un error plantear de un día para otro la quitar la concesión, hacer caer la concesión, cuando todavía estamos con una vía de relación diplomática intentando ver cuál es la situación de fondo”, dijo Ciurca, solo un par de días después de que Julio De Vido y Francisco Pérez criticaran por “cadena nacional” los incumplimientos de Vale.
Ayer los principales legisladores de la oposición se reunieron con el Gobernador y el Vicegobernador para elaborar una estrategia conjunta respecto al conflicto con Vale. Pérez recibió un fuerte apoyo de la oposición y todos se comprometieron a trabajar juntos, siempre y cuando se cumplan algunas pautas. Una de ellas es que se entregue información y que se haga partícipe de las decisiones a la oposición. Pero todos redundaron en el tema de la seguridad jurídica. Incluso ninguno criticó a la empresa brasileña Vale. “Vale no se fue, no se ha ido. Tiene todos los derechos Vale. Sin Vale no existe ninguna posibilidad inmediata de retomar. Lo que no se va a poner en juego es la seguridad jurídica de la provincia. Esto es contundente, no existe posibilidad de expropiación o alguna vía o atajo que marque a la provincia en situaciones que puedan afectar a futuras o actuales inversiones”, repitió Ciurca, quien explicó que pueden existir alternativas, pero que la prioridad la sigue teniendo la firma brasileña que es titular de los derechos.
Apoyo político
Los radicales y los demócratas dijeron que apoyan al gobierno, aunque también pidieron que la Nación mantenga su intervención. A priori las soluciones que ven no son inmediatas. Por eso dijeron que el primer objetivo es establecer un plan de contingencias para contener a los trabajadores que podrían quedarse sin empleo luego del 18 de abril, día en el que vence la conciliación obligatoria. Lo que preocupa es el día después. En ese sentido, Ciurca dijo que se prepara un plan, pero que no quieren crear falsas expectativas, pues tendrá que ver con “las necesidades básicas” y no con la cobertura total de ingresos que actualmente tienen los trabajadores.
La otra urgencia tiene que ver con la situación de los proveedores. En total son unas 78 empresas de distinto tamaño las que están en espera. Los otros dos ejes de trabajo tienen que ver con la ya mencionada “seguridad jurídica” y con las negociaciones diplomáticas. “Vamos a darle total apoyo al Gobierno”, dijo Armando Camerucci, quien igualmente condicionó ese respaldo a la respuesta del Ejecutivo respecto al aporte de información y el consenso en las decisiones. Algo similar dijo Carlos Aguinaga, del PD, quien remarcó que no apoyarán ninguna decisión que vaya en contra de la voluntad de la empresa Vale.
Antes de la reunión ampliada, Pérez estuvo con el senador del Pro Gustavo Cairo, quien presentó el proyecto para ampliar el alcance de la empresa provincial de energía (EMESA). Pérez hará propio el proyecto para que sea tratado en el recinto antes del inicio del período de sesiones ordinarias.
La minera Vale retira a sus ejecutivos de Mendoza
iProfesional
El director de Vale en Argentina, Sergio Leite, quien encabeza el proyecto de potasa de Río Colorado, abandonó el país acompañado de otro funcionario de la minera, debido a motivos de seguridad.
Según informa el diario brasileño Valor Económico, Leite fue reemplazado desde el viernes por abogados de la minera contratados en Buenos Aires, para abordar el tema de los despidos de empleados en Río Colorado tras la suspensión del proyecto minero en la provincia de Mendoza.
Debido a la decisión de suspender el proyecto de potasa, que preveía una inversión de u$s6.000 millones, los ánimos de funcionarios públicos, políticos, sindicalistas y ciudadanos de la zona se encuentran exaltados contra los empleados de Vale en Argentina.
Esta crispación llevó a la sede de la minera, la segunda más grande del mundo, a emitir una recomendación a sus altos ejecutivos para que abandonen Argentina.
Se calcula que el proyecto de Río Colorado, suspendido el 11 de marzo por desacuerdos entre el gobierno y los inversionistas, emplea a 6.000 personas de manera directa y a otras 4.000 de manera indirecta, concluye la nota de Valor Económico.
Pérez se reunió con legisladores locales y negó una expropiación de Vale
Uno
Legisladores provinciales se reunieron este lunes con el gobernador Francisco Paco Pérez para evaluar la problemática de la minera brasileña Vale y encontrarle alguna solución viable.
"Se está trabajando en cuantificar no solamente la cantidad de proveedores sino también la deuda que la empresa mantiene con ellos; la situación jurídica y sus alternativas también es importante, y rediscutir un proyecto para continuar con la explotación de Vale. Dejamos claro que no existe la alternativa de buscar 'atajos', como la expropiación. Se va a priorizar la seguridad jurídica", afirmó a Canal 7 el vicegobernador Carlos Ciurca.
"La vía diplomática será el camino para encontrar una alternativa con la empresa para que este proyecto continúe. Y mientras tanto, los legisladores de todos los bloques irán acompañando haciendo propuestas que creemos son muy importantes", añadió Ciurca.
Con respecto a la angustiante situación de los trabajadores cesanteados por la multinacional, el funcionario explicó que "quienes los han contratado deben seguir dando cobertura y pagando los haberes. El Estado se hace parte del problema (con el dictado de la conciliación obligatoria) pero no es el responsable del problema, por eso no vamos a crear falsas expectativas".
La oposición apoyará si el Gobierno garantiza seguridad jurídica
Los Andes - Por Mariano Zalazar
El gobernador Francisco Pérez y el vice, Carlos Ciurca, se reunieron ayer con legisladores de los diferentes bloques opositores para escuchar sus posturas referidas al conflicto con la minera Vale.
Durante el encuentro se presentaron diferentes propuestas y se divulgó información entre los presentes para evaluar soluciones a corto y largo plazo.
En conferencia de prensa, el vicegobernador de Mendoza, Carlos Ciurca, dejó claro que la prioridad es defender la fuente de empleo de los trabajadores, aunque reconoció que por el momento solo se cuenta con el accionar de la conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo de la Nación.
"Tenemos tiempo hasta el 18 de abril para presentar un plan de contingencia. De todos modos seguimos trabajando por vía diplomática con Vale", comentó.
El funcionario destacó además otros tres objetivos fundamentales en relación al conflicto. En primer lugar mencionó la resolución de la situación de los proveedores, con los que la minera brasileña en muchos casos tiene deudas.
El tercer punto, es no poner en juego la seguridad jurídica de la provincia. "No es posible que se lleve a cabo una expropiación que pueda perjudicar futuras inversiones", indicó, aunque no negó una posible quita de concesión a futuro, según avance el conflicto.
Finalmente, el vicegobernador Ciurca mencionó como cuarto objetivo fundamental la rediscusión del proyecto. "La prioridad es siempre mantener la negociación con la empresa Vale y la relación con el vecino país de Brasil, aclaró.
La palabra de la oposición
En líneas generales, los bloques opositores se mostraron predispuestos a colaborar, pero pusieron algunos condicionantes. El presidente del Partido Demócrata, Carlos Aguinaga, explicó su postura frente al gobernador Francisco Pérez. "Fuimos claros en que vamos a acompañar todas las decisiones que se tomen siempre y cuando las mismas tengan que ver con el mantenimiento de la seguridad jurídica de Mendoza. Si damos un paso en falso en este sentido, la única perjudicada va a ser la provincia y sus trabajadores", comentó.
Por el bloque de senadores de la Unión Cívica Radical (UCR), habló su titular, Armando Camerucci. "Trabajaremos en conjunto con el gobierno siempre que estemos debidamente informados. Además queremos que el camino que sigamos en corto y mediano plazo sea consensuado por todos los bloques y tengamos una opinión en general unificada", señaló.
En tanto, el diputado de la UCR, Néstor Parés, se mostró más crítico. "Nos quedan muchas dudas luego de la reunión, por que el gobernador tiene muchas propuestas pero con baches muy importantes. La quita de concesión, por ejemplo, es algo que puede tomar varios años".
El objeto de Emesa
Uno de los ejes del encuentro del Gobierno con los legisladores, fue evaluar el proyecto de ley presentado por el senador del Pro, Gustavo Cairo, que propone ampliar el objeto de la empresa de energía de Mendoza (Emesa), e incluir la explotación minera no metalífera.
Tango Aguinaga como Camerucci lo consideraron una opción para mediano plazo, pero el senador radical opinó que "no representa una solución al conflicto con Vale y no es urgente su aprobación".
Emesa y la explotación minera
Los Andes
A través del proyecto de ley del senador del Pro, Gustavo Cairo, la empresa de energía de Mendoza (Emesa) podría intervenir en la explotación minera no metalífera. En un encuentro privado con el gobernador Francisco Pérez, el senador explicó que "es una herramienta importante para sentarse a negociar con Vale u otro futuro inversor interesado".
Además, propuso que Mendoza invierta para producir fertilizantes en base a potasio en las propias tierras mendocinas, en vez de desarrollar el costoso proyecto para industrializar en Brasil. "Los ingresos que corresponden por el 3% de regalías son demasiado bajos teniendo en cuenta que los recursos explotados son mendocinos", indicó.
Cairo, señaló que "Pérez se mostró interesado con el proyecto y con la participación de Mendoza en el negocio" y aseguró que "el gobernador presentará el proyecto antes del 1 de mayo".
Paco Pérez sumó a la oposición a su pelea con Vale, pero recibió críticas de Gioja
La Política Online (Mendoza)
Paco Pérez intentó este lunes hacer causa común con los partidos opositores mendocinos en el conflicto con la minera Vale, luego de que éste anunciara la suspendió por tiempo indefinido del proyecto Potasio Río Colorado, congelando una inversión de miles de millones de dólares y perjudicando la estabilidad laboral de unos 10.000 trabajadores, entre directos e indirectos.
El gobernador mendocino citó a los referentes legislativos de todos los partidos a su despacho, para explicarles los detalles de la crisis, desatada el lunes pasado cuando la empresa brasileña anunció la medidas.
Hubo radicales, demócratas y peronistas disidentes, unos 20 legisladores en total, y todos escucharon durante casi tres horas las explicaciones de Pérez, quien estuvo acompañado por el vicegobernador Carlos Ciurca, de evidente mala relación con el mandatario.
Los líderes opositores se comprometieron a apoyar todas las gestiones que ha comenzado a desarrollar el Gobierno provincial. No obstante, y a nivel personal, fueron varios los opositores que culparon a las políticas económicas del Gobierno nacional por “espantar” a los inversores. Entre otras cosas, habían remarcado “falta de seguridad jurídica” y un panorama macroeconómico “complicado” por la inflación y el tipo de cambio.
Pérez, entre otras cuestiones, repitió los argumentos que dio el jueves pasado en la Casa Rosada, acompañado por el ministro Julio de Vido, donde culpó a la minera por mentir, actuar de mala fe y justificar la suspensión por problemas locales, cuando en realidad, acusó Pérez, “Vale se retiró de varios emprendimientos alrededor del mundo”.
El gobernador se manifestó “muy conforme” con la reunión”, e indicó que recibió ideas y propuestas de los legisladores opositores. Asimismo, explicó que se está trabajando en cuatro aspectos, según detalló el vice Ciurca, vocero por el Gobierno: “los trabajadores que estarían hoy en una situación de vulnerabilidad laboral; la situación de los proveedores en cuanto a las actividades y las deudas que mantiene con ellos la empresa; el mantenimiento de la seguridad jurídica de Mendoza para los inversores y la empresa, y la vía diplomática en la que el gobernador está trabajando constantemente”.
Tras la reunión, los opositores se mostraron conformes, ye hicieron explícito el apoyo a las acciones del Gobierno mendocino. Por ejemplo, el jefe de los senadores provinciales radicales, Armando Camerucci, afirmó: “Damos todo nuestro apoyo en función de la problemática planteada por Vale y su impacto económico social”.
Las próximas medidas
Pérez también adelantó que legisladores nacionales mendocinos presentarán un proyecto de ley en el Congreso para que las empresas que no acaten una conciliación obligatoria, como la que dictó el Ministerio de Trabajo de la Nación la semana pasada para el caso de Vale, “no pueden ser contratistas de Estado durante 10 años”.
En el caso puntual de la crisis con la minera, hay 70 empresas que han sido incluidas en la conciliación, “todas contratistas de Vale, o contratistas de contratistas, aspecto que también encareció muchísimo el proyecto”, detalló Pérez.
Respecto a las acciones a seguir por parte del Estado provincial, el mandatario descartó la expropiación, pero indicó que seguirá analizando la situación de la concesión que explota Vale de terrenos del fisco mendocino: “Estamos analizando distintos aspectos, pero creemos que hubo abandono de proyecto e incumplimiento de obligaciones por parte de la empresa”.
Respecto al futuro inmediato y a la posibilidad de que otros inversores continúen con el proyecto, Paco Pérez se mostró optimista. Dijo que quizás a mitad de año puedan haber novedades, y contó que este martes se reunirá en Buenos Aires con autoridades del BID y de la Corporación Andina de Fomento, para analizar el ingreso de nuevos inversores. En esa línea también reveló que en unos 20 días, en Buenos Aires, las presidentas de Argentina y Brasil, CFK y Dilma Rousseff, se van a reunir para analizar la situación.
Otras de las posibilidades que se analizaron en la reunión del Gobierno con la oposición, fue la planteada por el macrista mendocino Gustavo Cairo: modificar las atribuciones de la Empresa Provincial de Energía (que sólo puede involucrarse en proyectos energéticos o petroleros) para que pueda tener injerencia en cuestiones mineras. Paco se comprometió a analizar la propuesta, pero desde el vamos celebró el aporte de un sector de la oposición a intentar destrabar el grave conflicto.
Vale: no reincorporarán al personal que fue despedido
Los Andes - Por Miguel Ángel Flores
Las UTE que trabajaban contratadas por Vale para desarrollar las obras de Potasio Río Colorado saben que la conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo obliga a mantener a su personal al menos hasta el próximo 11 de abril. Pero durante el primer día de la medida ya se analizaba resistir a la exigencia de reincorporar a los trabajadores despedidos durante la semana previa o que recibieron telegramas al menos hasta el mismo viernes de la audiencia en la cartera laboral.
En esa situación están unas 27 firmas notificadas por la cartera laboral, varias de ellas integrantes de sociedades que se desempeñaban en el proyecto. Aunque no oficializado, el dato de 900 cesanteados trascendió ayer en el Sur provincial, donde un grupo de trabajadores de la UTE Cartellone-Distrocuyo se llevaron la promesa de que, si incumplen, las firmas no podrán intervenir en licitaciones públicas.
La cifra excluye a parte de los 2.500 contratados por CRC (Consorcio Río Colorado), la principal contratista de la obra civil. "No se emitió ningún telegrama a partir de la conciliación. La gente sigue cobrando igual y los proveedores también, porque el contrato con Vale sigue vigente", señaló una fuente del consorcio, cuyo registro señala menos de 50 cesantías en febrero y ninguna en marzo.
Ayer ya se especulaba con que el plazo estipulado por Trabajo podría prorrogarse por otros 5 días hábiles, es decir, hasta el jueves 18 de abril. Pero más que los trabajadores con vínculo laboral vigente, el interrogante pasa por saber a quiénes se les interrumpió.
Interrogantes
Para la sociedad Cartellone-Distrocuyo hay "dudas legales" sobre la retroactividad de la medida. El grupo, que cuenta con unos 254 jornalizados, al momento del dictado de la conciliación había despachado unos 100 telegramas de cese de la relación laboral.
Para la UTE, $ 40 millones suma el costo de la suspensión entre enero y febrero, y un 25% representan los sueldos. Aunque a grandes rasgos, e incluidos los certificados de obra sin cobrar, el perjuicio se multiplica por 6.
Ayer nadie quería hablar de reincorporaciones. De hecho, Daniel Castro, responsable de la UTE, indicó que "estamos evaluando que hacer entre las empresas. Intentamos elaborar una solución que no ahonde más aún en el conflicto, algo que seguramente estará resuelto en los próximos días".
Mientras tanto, directivos locales de Skanska, en sociedad con las constructoras Millicic y Chediak, mantenían reuniones en Buenos Aires. Aunque en éste caso la reserva fue mayor. "Estamos a la expectativa viendo cómo evoluciona todo. No vamos a hacer declaraciones durante la conciliación", señalaron desde Capital Federal.
Mientras tanto, directivos de Casem (Cámara de Servicios Mineros) encabezados por su presidente, Carlos Ferrer, fueron convocados en la tarde para una reunión con el director de Minería, Carlos Molina, y el secretario de Ambiente, Marcos Zandomeni.
"Estamos relevando datos para ver el estado de situación, concretamente en cinco aspectos: contratos, si hubo rescisiones, cantidad de empleados, las deudas de cada empresa y el incremento de costos", sintetizó Zandomeni.
Desde la Cámara, en tanto, demostraron apoyo explícito a la postura de las empresas. Laureano Manso, representante por Mendoza ante la Federación nacional (Fecasemi), lo resumió así: "¿Qué tiene que hacer un proveedor que no cobra? Si no sabe cómo seguir pagándole a los empleados ¿puede pensar en reincorporaciones?".
Licitación de Los Blancos, en la mira
Ayer, el legislador nacional del Partido Justicialista Omar Félix aseguró ante unos 50 obreros de Cartellone que hará ingresar hoy un proyecto en la Legislatura para que todas las contratistas y subcontratistas que no cumplan con la conciliación obligatoria dictada por la Nación en el tema de la minera, no puedan participar en licitación alguna en la Provincia, incluido el proyecto de Los Blancos, en el que participa el grupo Cartellone.
El diputado señaló esta decisión ante quienes esgrimían en sus manos cartas documento de despido.
Ya comenzó el desmantelamiento de Vale
Clarín - Por Roxana Badaloni
Comenzó el desmantelamiento de la planta de la minera Vale en el sur mendocino, antes de que se resuelva en el Ministerio de Trabajo cuál será el futuro de los 6.800 empleados del fallido proyecto Potasio Río Colorado.
Las cerca de 250 empresas contratistas y subcontratistas fueron notificadas el viernes a la noche de la conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo de la Nación: hasta el 11 de abril no puede haber despidos y se deben pagar los salarios; pero nadie asegura qué ocurrirá cumplido este plazo.
El promedio mensual de un trabajador de Vale es de 8 mil pesos de bolsillo; que con cargas patronales suman 15 mil. “Desde julio que veníamos a pérdida con este proyecto, no tenemos espaldas financieras para pagar salarios ”, contó a Clarín el directivo de una de las empresas subcontratistas. Las pymes esperan que sea el Consorcio Río Colorado el que aporte los costos de los salarios, debido a que la decisión de la suspensión del proyecto fue de Vale.
El intendente de San Rafael, Emir Félix, se sumó al reclamo de las pymes: “Tenemos el caso de las grandes compañías que fijaron cláusulas de rescisión onerosas y que las van a cobrar, pero tenemos pequeñas empresas que establecieron precarios convenios que no percibirán rescisión ni indemnización y eso es absolutamente preocupante”, dijo.
Los problemas para pagar salarios comenzaron en diciembre cuando, la minera Vale paralizó la obra por receso de verano y nunca más la reactivó. “El gremio ( la Uocra) impuso que se le pague a esta gente sin trabajar; esta situación no puede seguir de modo indefinido”, se quejó un subcontratista. Entre los damnificados, las cámaras de empresarios del sector comentan el caso de un transportista de Malargüe que compró 40 micros, y alcanzaron a funcionar sólo un mes y medio hasta que se anunció el freno de la obra.
La planta ya comenzó a desmantelarse. El fin de semana pasado, fueron retiradas 100 máquinas viales del campamento de Vale en la localidad de Pata Mora, a 600 kilómetros al sur de la ciudad de Mendoza y en el límite con Neuquén.
La unión transitoria de empresas integrada por las empresas mendocinas Ceosa, Laugero, Tolcom y Oha, desarmaron el sector 8 donde estaba instalada una trituradora y una zaranda para la obtención de áridos. Ayer comenzó el desmantelamiento de las cuatro plantas de de hormigón.
Conciliación a medias
Página/12
La minera brasileña Vale ratificó que en el curso de la conciliación obligatoria que dictó el Ministerio de Trabajo, a partir de la suspensión del proyecto de extracción de potasio en Río Colorado, se hará responsable de los salarios de los empleados directos, pero no del pago a los trabajadores tercerizados, que representan una cantidad trece veces mayor que los que están en relación de dependencia. Esa decisión choca con la intención del gobierno nacional y de las provincias afectadas, que pretenden que la firma mantenga también las condiciones de pago a esos proveedores. Por su parte, el Ejecutivo mendocino evalúa adaptar el estatuto de la empresa provincial de energía para que pueda incorporarse como socio del proyecto de potasio, una vez que éste se reanude, ya sea bajo la conducción de Vale o de otro operador. “El proyecto seguirá con o sin Vale”, dijo el gobernador Francisco “Paco” Pérez.
Vale anunció el lunes pasado la suspensión de la obra para la extracción de potasio en Río Colorado, Mendoza, parate que en realidad había comenzado en diciembre. El proyecto, según el compromiso original de los brasileños, debería estar listo para empezar a operar a mediados del año que viene. Según explicó días atrás el ministro de Planificación, Julio De Vido, la compañía buscaba obtener una serie de ventajas promocionales como la devolución anticipada del IVA, pago de impuestos con bonos a valor nominal, eliminación de algunas obras de infraestructura y de las retenciones a las exportaciones. Se trata de beneficios adicionales a las amplias facilidades que rigen en general para la actividad minera.
El Gobierno calculó que esas ventajas implicaban un costo fiscal de tres mil millones de dólares, y se negó a otorgarlas. Instó a la empresa, luego de una tensa reunión con De Vido, el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, y gobernadores y ministros de las provincias involucradas en el proyecto a detallar el plan de suspensión. La minera pretendía frenar el proyecto en forma indefinida hasta que mejore la ecuación costo-beneficio, lo que afectaría el empleo de seis mil trabajadores. El Gobierno aclaró que en ese caso le revocará la concesión del yacimiento a la firma del país vecino.
En el plano gremial, la cartera que encabeza Tomada dictó la conciliación obligatoria el viernes pasado por el lapso de 15 días, luego de que la empresa esquivara la reunión con el Gobierno para definir la situación de los trabajadores a raíz de la suspensión del proyecto. La conciliación suspende los despidos y obliga a la firma a abonar salarios. Vale comunicó que sólo la acatará para los 420 empleados directos, cuando el universo del total de trabajadores afectados, por medio de contratistas, llega a seis mil personas. “Vale va a cumplir la determinación para los empleados propios. Para los contratistas, habrá que consultarles a las empresas”, indicaron ayer desde la empresa minera.
Sin embargo, De Vido aclaró que “cada contratista y subcontratista tienen la obligación de no despedir a nadie y de reclamarle a Vale la responsabilidad final y total sobre estos sueldos. De no ser así, le corresponderá una importante multa pecuniaria”. Antes de la conciliación obligatoria, las empresas contratistas hicieron llegar alrededor de 90 telegramas de despido a sus trabajadores. El Gobierno interpreta que los malos resultados a nivel global de Vale impulsaron que la empresa exigiera mayores facilidades impositivas en el país. En esa línea, De Vido mencionó cambios contractuales que la firma aplicó para reducir costos en Noruega, la amazonia brasileña, Canadá y Australia.
Protesta de extrabajadores de la minera Vale
DyN
Un grupo de ex trabajadores de la minera Vale se manifestaron hoy en el departamento mendocino de San Rafael, pidiendo una solución al conflicto generado tras la decisión de la empresa de suspender el proyecto Potasio Río Colorado en Malargüe.
El grupo de unas 60 personas se concentró en el denominado kilómetro cero de esa comuna del sur mendocino para luego trasladarse al edificio municipal, donde expresaron el temor por la pérdida de puestos laborales, pese a la conciliación obligatoria establecida por el gobierno nacional. Según señalaron, alrededor de 50 trabajadores ya han recibido sus telegramas de despido de parte de empresas contratistas.
El intendente de San Rafael, Emir Félix, aseguró al respecto que "esto es una cuestión unilateral y no se entiende por qué la empresa no da la cara", al tiempo que instó a los trabajadores que ya recibieron su telegrama de despido, a confeccionar una lista con los nombres y empresas a las que pertenecían, por cuanto la conciliación obligatoria impide precisamente los despidos. "Está claro que no puede haber despidos, ni en Vale ni en empresas contratistas o subcontratistas, por eso, vamos a considerar si son procedentes o improcedentes" los telegramas, afirmó el jefe comunal.
Además, adelantó que junto a legisladores impulsarán un proyecto "para que a estas empresas que tienen esta actitud en proceso de conciliación obligatoria", no puedan participar de concesiones o licitaciones de la provincia. Mientras tanto, el gobernador Francisco Pérez insistió hoy en que están "estudiando distintas alternativas" para continuar con el proyecto, aunque advirtió que "no podemos divulgarlo hoy porque no está definido y porque además es un tema muy delicado, en un momento de conciliación obligatoria".
"Hay que ir viendo paso a paso, eso no quita que estemos estudiando distintas alternativas desde lo jurídico, desde la declaración de impacto ambiental a la Dirección de Minería pero estamos en un período de conciliación obligatoria. En paralelo vamos avanzando en este tema jurídico-administrativo", añadió. Una de esas alternativas es el proyecto del senador provincial por el PRO, Gustavo Cairo, que propone cambiar el objeto de la Empresa Provincial de Energía y así dar una herramienta a la provincia de Mendoza para que pueda ser parte en las explotaciones de minería no metalífera, como lo es Potasio Río Colorado.
