Tras la crónica de un impuesto anunciado, los analistas de la minería en la provincia de Santa Cruz ya sacaron sus primeras conclusiones acerca de cómo impactará un gravamen que tuvo su largo recorrido y que sólo fue posible por la negociación sigilosa, o no tanto, entre el gobierno de Daniel Peralta y la Casa Rosada, con escala técnica en la Secretaría de Minería de la Nación.
El arreglo político le ha posiblitado a Peralta destrabar la ley y asegurarse unos 150.000.000 de pesos que su presupuesto público. Y le ha permitido al sistema K poner fuera de peligro impositivo a Cristóbal López y su empresa Casino Club, que tiene salas de juego en Río Gallegos, Calafate, Pico Truncado y Las Heras.
+El impuestazo minero ha puesto en fila a las empresas mineras para la presentación de demandas judiciales que por inconstitucionalidades y violación de condiciones acordadas por el propio gobierno de Santa Cruz para el funcionamiento de los emprendimientos.
+ ¿De qué cifra se trata? En el caso de las operadoras, tanto para Huevos Verdes y Manantial Espejo deberían multiplicar por cuatro el valor que a actualmente pagan por regalías mineras, unos US$ 14 y 9 millones adicionales.
+ A algunos sorprendió lo legislado sobre yacimientos que ya están facctibilizados, como en el caso de Cerro Negro y Cerro Moro. En el primer caso, Golcorp debería conseguir casi un 10% más de lo anunciado para construir la mina, mientras que en el segundo, Yamana Gold, que ya presentó factibilidad ante la autoridad de aplicación debería, aportaría unos US$ 70 millones para estabilizar el sistema de jubilaciones de Santa Cruz.
+ La tercera operadora, Cerró Vanguardia, respiró aliviada porque la ley sancionada excluye de la tributación al derecho minero de la estatal Fomicruz.
+El Impuesto Inmobiliario obligará a las mineras a pagar un 1% de las reservas minables en los yacimientos metalíferos. Si bien en términos relativos se trata de un porcentaje menor, en términos reales la aplicación del impuesto implicaría al equivalente de multiplicar por 4 el valor de las regalías Boca Mina.
+Patagonia Gold y Yamana Gold no han declarado aún sus reservas en Santa Cruz en el mercado bursátil internacional, certificadas por la norma estadounidense N43-100. Pero sí han presentado la Factiblidad para obtener una declaración de estabilidad fiscal. Sobre esta situación particular deberá expedirse el fisco provincial.
+A los precios de los metales vigentes, este impuesto implicaría, como costo operativo para la mina Manantial Espejo unos US$ 9.000.000 adicionales y unos US$ 14 millones en la mina Huevos Verdes. En la mina en construcción Cerro Negro, el costo adicional de inversión inicial, por no estar operando, será de unos U$S 90 millones (casi un 9% de incremento de inversion inicial).
+ El impuesto se liquidará por declaración jurada anual. Y el volumen de las reservas declarado no podrá ser menor al volumen consignado en el estudio de factibilidad y/o en los estados contables, con más las variaciones emergentes de la explotación de la mina y la exploración realizada.
La valuación económica de las reservas se determinara por su cotización en el mercado nacional o internacional, el que resulte mayor, al último día hábil de cada año calendario. Esto significa que se toma como valores US$ 1.665 para el oro y US$ 29 para la plata (hoy valen US$ 1.380 y US$ 22, respectivamente).
¿Algo más?: Sí, que la aplicación del impuesto es retroactivo al 1º de abril de 2012. “Esto es lo que se llama Seguridad Jurídika”, ironizaba ayer un conocido empresario del sector.
Proyectos factibilizados. Cuánto tributarían
Luego de que la Cámara de Diputados de Santa Cruz sancionara el jueves parte del proyecto de Ley de Fortalecimiento Financiero, creando el “Impuesto al derecho real de propiedad inmobiliaria minera’, que se aplicará sobre los concesionarios de proyectos mineros situados en territorio santacruceño con estudios de factibilidad aprobados, las empresas rápidamente salieron a advertir que irán a la Justicia.
Sin que la norma aún esté publicada en el Boletín y menos aún reglamentada, los empresarios aseguran que es inconstitucional y además es un tributo “que no se aplica en ninguna parte del mundo”, el mismo argumento que ayer por la mañana utilizó el presidente del Bloque del FVS, Rubén Contreras, para argumentar las razones por las cuales trece diputados se abstuvieron de votar. “Vamos a ver cuánto se recauda por esto” indicó.
La norma fija la alícuota en el 1% de las reservas. Lo recaudado será destinado en un 0,75% “para el financiamiento de la efectiva intransferibilidad de la Caja de Previsión Social de la provincia”, y “se destinará el otro 0,25% para desarrollo técnico e informático, necesidades edilicias y equipamiento mobiliario de la Secretaría de Ingresos Públicos”.
A partir de la creación del Impuesto Inmobiliario, el Estado provincial aspira a recaudar cerca de $ 155 millones anuales. En la actualidad las empresas alcanzadas serán las que ya están en producción -Minera Santa Cruz, Cerro Vanguardia y Minera Triton-, y Goldcorp, que está construyendo el proyecto Cerro Moro (entrará en operación a fin de año). En tanto que Yamana Gold, propietaria de Cerro Moro, un prospecto exploratorio en etapa avanzada, podría ser alcanzada cuando declare su factibilidad.
A la Justicia
Frente a ese escenario las mineras preparan, en conjunto, una defensa en la Justicia para frenar la implementación del tributo. El mismo jueves hubo una teleconferencia entre los country manager de las empresas afectadas para delinear una estrategia común. En tanto que este martes, los representantes legales de cada compañía se reunirán en Buenos Aires para definir detalles de la presentación.
Su principal argumento es que el Impuesto Inmobiliario viola la Ley 24.196 (de Inversiones Mineras), sancionada en 1993, que protege con estabilidad fiscal de 30 años a los proyectos mineros. “También va en contra del cuerpo legal establecido en los últimos 20 años que dio lugar al fuerte crecimiento de la industria”, cuestionaron desde la Cámara Minera de Santa Cruz (Camicruz). El objetivo de las mineras es obtener en la Justicia Provincial una medida cautelar que frene la aplicación del impuesto hasta que se defina la cuestión de fondo, es decir, la constitucionalidad o no de la norma. También se contempla solicitar un recurso de amparo en la Justicia Federal.
Corrida política
En la evaluación de las mineras no estuvo ajeno el tinte político y la interpretación que dan a la abstención de los diputados del Frente para la Victoria, luego de haber dado marcha atrás con el despacho que ellos mismos habían firmado dos semanas antes.
Aseguraron que en esta sanción “también se jugó la interna que mantienen desde hace tiempo el gobernador y La Cámpora” indicaron en el artículo publicado en El Inversor Online.
El argumento dado por los legisladores respecto de que permitían la sanción, aún creyéndolo “poco serio” fue que “no queremos seguir siendo víctimas de un discurso inquisidor, en el que la ausencia de aumentos salariales, pago a proveedores, funcionamiento de la salud, la educación, la seguridad, la cultura, entre otros, sean producto de la falta de este nuevo impuesto”.
Así, a la publicación especializada un empresario minero que el periodista calificó de “importante”, lo puso en estos términos: “los legisladores de La Cámpora se cansaron de que Peralta los corra políticamente acusándolos de defender a las mineras y no dejarlo gobernar. Su decisión política fue quitarle el argumento discursivo. Ahora, cuando la debilidad fiscal y económica de la provincia no se revierta, Peralta no podrá decir que es por culpa del kirchnerismo que no lo deja gobernar”, explicó.
Aprobaron la creación de nuevo impuesto a la actividad minera con reservas de parte del FPV
Opi Santa Cruz.
Será del 1% sobre el valor de las reservas que posea la mina con estudio de factibilidad aprobado, de acuerdo al proyecto presentado por el diputado Alejandro Victoria. Su destino será “el financiamiento de la efectiva intransferibilidad de la Caja de Previsión Social de la Provincia”. Los diputados del FPV-PJ se abstuvieron, buscando “no condicionar la gestión del Gobernador Peralta”.
En horas de la tarde, y luego de cuatro horas de debate, la Legislatura santacruceña autorizó la creación de un nuevo impuesto a la actividad minera, aprobada por los diputados Selsa Hernández, Alejandro Victoria, Sebastián Gatti, Pedro Vinet, Martín Paiva, Martín Sotomayor, Roberto Fernández, Oscar Sandoval y los radicales Estela Bubola y Héctor Roquel, con las abstenciones del Bloque Frente para la Victoria – Partido justicialista.
En detalle, se informó que este nuevo tributo, denominado “Impuesto al derecho real de propiedad inmobiliaria minera” se aplicará sobre los concesionarios de proyectos mineros situados en territorio santacruceño con estudios de factibilidad aprobados, y establece que “será determinado mediante la aplicación de una alícuota establecida por la Ley Impositiva sobre el valor de las reservas que posea la mina”, además de explicar que se entiende por reservas, a “la porción del recurso mineral técnica y económicamente explotable”.
Este proyecto de la minoría parlamentaria, encabezada por Alejandro Victoria, establece una alícuota fijada en el 1% del Código Fiscal – modificado en la misma Ley – la que será destinada “para el financiamiento de la efectiva intransferibilidad de la Caja de Previsión Social de la Provincia”, aunque “se destinará el porcentaje del 0,25% para desarrollo técnico e informático, necesidades edilicias y equipamiento mobiliario de la Secretaría de Ingresos Públicos”.
Respecto de la liquidación del Impuesto, el articulado de la Ley señala que se realizará “por declaración jurada anual. El volumen de las reservas declarado no podrá ser menor al volumen consignado en el estudio de factibilidad y/o en los estados contables, con más las variaciones emergentes de la explotación de la mina y la exploración llevada a cabo en la misma”, además de que “la valuación económica de las reservas se determinará por su cotización en el mercado nacional o internacional, el que resulte mayor, al último día hábil de cada año calendario”.
En un intervalo de la sesión, los diputados del FPV-PJ Rubén Contreras, Leonardo Álvarez, Alexis Quintana, Matías Bezi, Estela García, Mauricio Gómez Bull, Federico Bodlovic, Claudia Martínez, Miguel Guanes y Jorge Arabel justificaron su abstención al señalar que “el Gobernador Daniel Peralta condiciona su gestión a la aprobación de este nuevo impuesto”, por lo que consideraron que “no queremos seguir siendo víctimas de un discurso inquisidor, en el que la ausencia de aumentos salariales, pago a proveedores, funcionamiento de la salud, la educación, la seguridad, la cultura, entre otros, sean producto de la falta de este nuevo impuesto”.
Cabe destacar que están exentos “los concesionarios que se encuentren en etapas de prospección o exploración, hasta tanto presenten el estudio de factibilidad a las Autoridades de Aplicación provincial o nacional”; “los concesionarios de minas clasificadas por el Código de Minería como de segunda y tercera categoría”; además de “las empresas y sociedades del estado provincial y las sociedades comerciales con participación mayoritaria del estado provincial”.
Santa Cruz puso otro impuesto a la minería
Diario de Cuyo
La Cámara de Diputados de Santa Cruz aprobó la ley que establece el Impuesto Inmobiliario Minero sobre las explotaciones minerales que se realicen en la provincia, por el que se prevé recaudar 130 millones de pesos.
La norma fue acompañada por una mayoría simple de legisladores del PJ cercanos al gobierno santacruceño y la UCR, mientras que los legisladores kirchneristas del FpV se abstuvieron de votar.
La ley, aprobada permitirá al gobierno provincial aplicar sobre las empresas concesionarias de proyectos mineros situados en Santa Cruz una alícuota que será del 1% ‘establecida por la Ley Impositiva sobre el valor de las reservas que posea la mina‘.
La ley es parte del paquete de medidas fiscales que envió en 2012 el gobernador Daniel Peralta para ‘incorporar mayores recursos al presupuesto provincial‘. El impuesto será liquidado mediante una declaración jurada anual que deberán presentar las empresas mineras y determina que ‘el volumen de las reservas declarado no podrá ser menor al volumen consignado en el estudio de factibilidad y/o en los estados contables, con más las variaciones emergentes de la explotación de la mina y la exploración llevada a cabo en la misma‘.
La norma se establece que la valuación económica de las reservas se determinará por su cotización en el mercado nacional o internacional, el que resulte mayor, al último día hábil de cada año calendario. Del impuesto quedan exentos las etapas de prospección o exploración ‘hasta tanto presenten el estudio de factibilidad a las autoridades de aplicación provincial o nacional‘ y aquellos concesionarios de minas clasificadas por el Código de Minería como de segunda y tercera categoría. A su vez, quedan excluidas empresas y sociedades estatales o aquellas sociedades con participación mayoritaria del Estado.
Peralta afirmó que ‘cuando tengamos la proyección del cobro, convocaremos a las organizaciones sindicales provinciales y municipales, y expondremos cual es el impacto que tiene eso en nuestro presupuesto y vamos a cumplir con nuestra palabra, es decir, que esto llegue al bolsillo de la gente‘.
Desde el kirchnerismo afirmaron que Peralta ‘condiciona su gestión a la aprobación de este nuevo impuesto. No queremos seguir siendo víctimas de un discurso inquisidor, en el que la falta de gestión, sean producto de la falta de este nuevo impuesto‘.
La Legislatura aprobó nuevo impuesto para la actividad minera
El patagónico
Luego de cuatro horas de debate, la Legislatura santacruceña aprobó en su sesión ordinaria del jueves la creación de un nuevo impuesto a la actividad minera con el voto de los diputados justicialistas Selsa Hernández, Alejandro Victoria, Sebastián Gatti, Pedro Vinet, Martín Paiva, Martín Sotomayor, Roberto Fernández, Oscar Sandoval (que tienen gran o relativa afinidad con el gobernador Daniel Peralta) y el de los radicales Estela Bubola y Héctor Roquel, en tanto que los del bloque del Frente para la Victoria resolvieron abstenerse.
En detalle se informó que este nuevo tributo, denominado “Impuesto al derecho real de propiedad inmobiliaria minera”, se aplicará sobre los concesionarios de proyectos mineros situados en territorio santacruceño con estudios de factibilidad aprobados.
DESTINO DE LOS FONDOS
Es también oportuno que este proyecto parlamentario, encabezado por Alejandro Victoria, establece una alícuota fijada en el 1% del Código Fiscal, la que será destinada principalmente al financiamiento de la Caja de Previsión Social de la Provincia, haciéndose la salvedad de que una mínima parte, el 0,25%, irá al desarrollo de proyectos técnicos e informáticos, necesidades edilicias y equipamiento mobiliario de la Secretaría de Ingresos Públicos.
Respecto de la liquidación del Impuesto, el articulado de la ley señala que se realizará “por declaración jurada anual. El volumen de las reservas declarado no podrá ser menor al volumen consignado en el estudio de factibilidad y/o en los estados contables, más las variaciones emergentes de la explotación de la mina y la exploración llevada a cabo en la misma”, además de que “la valuación económica de las reservas se determinará por su cotización en el mercado nacional o internacional, el que resulte mayor, al último día hábil de cada año calendario”.
FUNDAMENTAN ABSTENCION
En un intervalo de la sesión, los diputados del FPV-PJ, Rubén Contreras, Leonardo Alvarez, Alexis Quintana, Matías Bezi, Estela García, Mauricio Gómez Bull, Federico Bodlovic, Claudia Martínez, Miguel Guanes y Jorge Arabel, justificaron su abstención al señalar que “el gobernador Daniel Peralta condiciona su gestión a la aprobación de este nuevo impuesto”, por lo que consideraron que “no queremos seguir siendo víctimas de un discurso inquisidor, en el que la ausencia de aumentos salariales, pago a proveedores, funcionamiento de la salud, la educación, la seguridad, la cultura, entre otros, sean producto de la falta de este nuevo impuesto”.
Cabe destacar finalmente que están exentos “los concesionarios que se encuentren en etapas de prospección o exploración, hasta tanto presenten el estudio de factibilidad a las Autoridades de Aplicación provincial o nacional; los concesionarios de minas clasificadas por el Código de Minería como de segunda y tercera categoría”; además de “las empresas y sociedades del estado provincial y las sociedades comerciales con participación mayoritaria del estado provincial”.
Prevén recaudar $ 500 M. al gravar la minería
El Liberal
La Legislatura de Santa Cruz aprobó un impuesto que grava con un 1 por ciento las reservas mineras de la provincia. La ley plantea utilizar lo recaudado en el “financiamiento de la efectiva intransferibilidad de la Caja de Previsión Social de la Provincia”. Además, ‘se destinará el porcentaje del 0,25% para desarrollo técnico e informático, necesidades edilicias y equipamiento mobiliario de la Secretaría de Ingresos Públicos’. Cálculos del sector privado indican que el impuesto le permitirá recaudar a la provincia unos 500 millones de pesos al año.
Daniel y Cristóbal. En Santa Cruz, la minería gravada pero el juego no.
Con la abstención de los diputados de La Cámpora, Santa Cruz logró la aprobación del impuesto inmobiliario a la actividad minera. Pero los legisladores K votaron en contra de gravar las ganancias de los apostadores.
El impuesto a la minería será el 1% de las reservas declaradas y representa una recaudación anual de $ 155 millones. La medida está dentro de una Ley de Fortalecimiento Financiero que el gobernador Daniel Peralta envió el año pasado a la legislatura buscando obtener más ingresos para hacer frente a los gastos corrientes y cubrir el déficit mensual de $ 120 millones.
Los legisladores kirchneristas desistieron de su propio despacho de comisión y decidieron no emitir voto sobre el nuevo impuesto minero. Sin embargo, La Cámpora votó en contra de un canon a las ganancias del apostador – en una provincia con fuerte presencia de los casinos de Cristóbal López– y de un cargo sobre exportaciones de recursos naturales. Ambos iban a recaudar $ 70 millones anuales.
Con la resistencia pública del sector minero –que anticipó que interpondrá una medida cautelar–, con diez votos de los diputados que responden a Peralta y dos de la UCR se aprobó el “Impuesto al derecho real de propiedad inmobiliaria minera”, que se implementará sobre los concesionarios de proyectos situados en Santa Cruz con estudios de factibilidad aprobados. La superficie afectada por la actividad en la provincia es de 6,5 millones de hectáreas, donde cuatro operadoras explotan oro y plata y algunos proyectos aún están en etapa de exploración.
A principio de año, Peralta reclamó al Gobierno Nacional una mejor redistribución de los ingresos percibidos por la minería, “en el período 2007-2012 la totalidad de las mineras establecidas en nuestra provincia han pagado $ 2.070.823.198 en impuestos, de los cuales $ 1.860.322.323 han ido al Gobierno Nacional y a la provincia sólo $ 210.500.875”, sostuvo. Ante la imposibilidad de discutir dentro de la Organización Federal de Estados Mineros (OFEMI) la distribución de la renta, Santa Cruz avanzó en la aplicación de impuestos al sector. El más importante era el inmobiliario, que salió aprobado con la abstención de los 14 legisladores de La Cámpora.
Con duras críticas, los legisladores K sostuvieron que el gobernador “condiciona su gestión a la aprobación de este nuevo impuesto y no queremos seguir siendo víctimas de un discurso inquisidor, en el que la ausencia de aumentos salariales, pago a proveedores, funcionamiento de la salud, la educación, la seguridad, la cultura, entre otros, sean producto de la falta de este nuevo impuesto”.
“Esperamos que esto que ha demorado tanto y ha perjudicado tanto el bolsillo de los trabajadores, ahora no tenga ninguna sorpresita escondida”, fue el planteo realizado por el gobernador una vez aprobado el nuevo impuesto minero.
En medio del debate, el voto negativo de La Cámpora fue para el denominado “canon a las ganancias del apostador” que iba a significar un ingreso de $ 25 millones anuales y el impuesto a las exportaciones de gas, petróleo y minería ($55 millones).
La Cámpora desaprueba la administración financiera de Peralta y lo responsabiliza de la crisis económica, que generó un déficit de $ 1.200 millones el año pasado. Consultado sobre la negativa de aprobar el canon al apostador y el impuesto a las exportaciones el presidente de la bancada del PJ, Rubén Contreras dijo: “No queremos seguir dándoles recursos para gastos corrientes a este gobierno que despilfarra todo ”.
Un nuevo impuesto amenaza con paralizar la exploración minera en Santa Cruz
La Nación
Los empresarios mineros de Santa Cruz aún no salen de su asombro. Anteayer, la Legislatura provincial, escenario habitual de disputas encarnizadas entre los emisarios del gobernador Daniel Peralta y los legisladores de La Cámpora, aprobó un impuesto que grava con un 1% las reservas que las empresas tienen bajo tierra.
De acuerdo con la interpretación de los ejecutivos del sector, el nuevo gravamen, en caso de que efectivamente se aplique, aniquilará la actividad de exploración -es decir, la búsqueda de nuevos recursos minerales, algo que hacen empresas relativamente pequeñas, denominadas junior- y comprometerá el futuro de grandes emprendimientos como Cerro Vanguardia, Cerro Negro, Manantial Espejo y San José Huevos Verdes.
La ley promete utilizar lo recaudado en el "financiamiento de la efectiva intransferibilidad de la Caja de Previsión Social de la Provincia", aunque "se destinará el porcentaje del 0,25% para desarrollo técnico e informático, necesidades edilicias y equipamiento mobiliario de la Secretaría de Ingresos Públicos", según su texto.
Según números del sector privado, el impuesto le permitirá recaudar a la provincia unos 500 millones de pesos al año. Pero no está claro a partir de qué momento. Las empresas, que irán a la Justicia para anular la medida, creen que deberían empezar a pagar, eventualmente, cuando cierren sus balances de este año.
La liquidación del impuesto, en tanto, se realizará mediante una declaración jurada anual.
Hasta mediados de la semana estaba previsto que el jueves pasado se tratarían dos proyectos. Uno de La Cámpora y otro enviado por Peralta. Pero el día de la votación la agrupación kirchnerista retiró su propuesta por lo que se avanzó sobre la propuesta del Ejecutivo provincial.
MINERAS SÍ, JUEGO NO
El paquete incluía diversos temas a tratar para reforzar las finanzas de la provincia. La Cámpora, que tiene mayoría en la Legislatura, se abstuvo de votar el impuesto a las mineras, con lo que la iniciativa se aprobó. Sin embargo, votó en contra de cargar con un nuevo impuesto al juego, con lo que benefició a Casino Club, una empresa en la que el empresario kirchnerista Cristóbal López tiene un 30 por ciento.
"En la génesis de esta ley, se basaron en un impuesto inmobiliario que tenía la actividad ganadera, cuando buscaban que no hubiera sobrepastura de ovejas. Es fácil imaginar que en minería va a tener el mismo efecto que tuvo sobre las ovejas. Se reducirán la exploración y la prospección", explicaron desde una compañía minera.
En 2011, de acuerdo con estadísticas del sector privado, había 50 empresas que realizaban exploración en la provincia patagónica. El año pasado, ese número se había reducido a sólo dos compañías.
Las empresas todavía están evaluando los efectos del impuesto. Sostienen, de todas maneras, que irán a la Justicia para reclamar la estabilidad fiscal de su negocio. Es uno de los puntos que figuran en la ley que regula al sector minero, por la cual las empresas comenzaron a llegar al país a fines de los 90.
Aprueban suba de impuestos mineros en Santa Cruz y empresas irán a la Justicia
EL CRONISTA
Los temores que venían alimentando las empresas mineras que operan en Santa Cruz se hicieron realidad ayer, cuando la Legislatura provincial aprobó un aumento impositivo. Tras varias semanas de tratamiento, el Legislativo votó a favor de un impuesto inmobiliario que grava las reservas declaradas por las empresas con una alícuota del uno por ciento.
El proyecto fue impulsado por el gobernador Daniel Peralta. que llegó al poder de la mano del kirchnerismo, pero luego quebró con el oficialismo.
El proyecto, que inicialmente también incorporaba un aumento de los Ingresos Brutos a la actividad minera y un impuesto al juego, encontró un freno en la legislatura provincial, de mayoría kirchnerista.
Ese espacio, encolumnado con La Cámpora, según revelaron fuentes provinciales, presentó un proyecto de minoría, más benévolo con la actividad minera. Pero en la sesión de ayer, ese proyecto fue retirado y se votó el de minoría.
En la votación en particular, se quitaron las modificaciones al gravamen sobre los Ingresos Brutos y los miembros oficialistas también votaron en contra del impuesto al juego. Pero se mantuvo el foco del problema para las mineras: el impuesto que les hace pagar por el mineral que dicen haber descubierto (las reservas declaradas).
“Esto es un golpe tremendo a la exploración”, confió una fuente cercana a la actividad minera de la provincia.
Se calcula que, por este impuesto, la carga impositiva que pagarán las empresas será de $ 500 millones anuales adicionales. Actualmente, los impuestos de las mineras en la provincia alcanza al 53% de sus ingresos.
Santa Cruz es una de las provincias con más desarrollo minero, inclusive, citada como ejemplo de crecimiento en el segmento repetidas veces por la propia Presidenta.
Pero las necesidades económicas de la provincia de los últimos años, en especial a partir del alejamiento de Peralta del oficialismo, hicieron que el ejecutivo busque recursos en las actividades prósperas.
Aún así, desde el sector minero local aseguran que el aumento de los costos de producción les hizo perder rentabilidad, a lo que se suma el impedimento de girar divisas al extranjero.
Uno de los proyectos más perjudicados será Cerro Moro, de la canadiense Yamana Gold, que aún no entró en producción y cuya factibilidad queda fuertemente golpeada, porque deberá pagar el nuevo impuesto sobre sus reservas declaradas sin haber comenzado a producir.
También será alcanzada por la medida la mina de oro y plata Manantial Espejo, de Pan American Silver y el proyecto San José, de Minera Santa Cruz, propiedad de las firmas Hochschild Mining y McEwen Mining.
Otra empresa que opera en la provincia es Cerro Vanguardia, una mina de oro que es propiedad de la multinacional AngloGold Ashanti, y en una pequeña porción, de Fomicruz, una sociedad del estado de la provincia.
Fuentes indicaron que las firmas esperarán la promulgación de la nueva Ley para acudir a la Justicia. La consideran ilegal por violar el pacto fiscal que impide modificar impuestos.
Empresas mineras en alerta por la imposición de un nuevo tributo sobre el valor de reservas
BAE - Por Pablo Waisberg
Las grandes mineras multinacionales de todo el país, pero particularmente las que operan en Santa Cruz, encendieron luces de alarma ante la votación de la Cámara de Diputados santacruceña que aprobó un nuevo impuesto minero. Se trata de un tributo provincial que impulsó el gobernador Daniel Peralta y que afecta a todas las compañías del sector asentadas en la provincia. La decisión, que busca resolver el rojo provincial, no sólo afecta la “estabilidad fiscal” por tres décadas que garantiza la Ley de Inversiones Mineras sino que recarga los costos de las empresas que comenzaron a hacer correr el rumor de que podrían recortar personal. Además, anunciaron que iniciarán acciones legales en los tribunales provinciales y nacionales.
“Estamos alarmados por el futuro de la industria minera en la provincia de Santa Cruz. También lo estamos por la economía y la inclusión social de sus habitantes. Peligra esta actividad, que es legítima e indispensable para la vida cotidiana, además de ser un poderoso motor, generador de fuentes de trabajo”, señalaron la Cámara Minera santacruceña (Camicruz) y la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM) en una solicitada que publicaron en los días previos al tratamiento parlamentario en los principales diarios provinciales. Allí están detalladas, y con el sello de las entidades que las agrupan, las quejas que reprodujeron en off tras la votación del jueves pasado.
En lo primero que coincidieron los tres ejecutivos del sector consultados por BAE Negocios es en el “impacto que tendrá sobre las utilidades de las empresas que están sufriendo la combinación de costos elevados y caída de los precios internacionales de los commodities”. Uno de ellos, el más fatalista, consideró que la norma aprobada significaba “la estocada final” para el sector y estimó que las compañías irán reduciendo la vida útil de las minas porque no avanzarán en nuevas exploraciones.
“Eso no es menor porque lo que se pone en riesgo son los puestos de trabajo ya que nos están pidiendo recortar gastos desde las casas matrices. Nosotros ya destinamos casi el 50% de los ingresos al pago de impuestos”, se quejó uno de ellos y destacó el aporte del sector al empleo provincial. Según un informe elaborado por la consultora Abeceb.com a pedido de la CAEM, la minería santacruceña genera más de 8.600 empleos en la mina (5.400 directos y 3.200 contratados) más unos 7.000 puestos más entre las pequeñas empresas de la región.
La estabilidad fiscal
El nuevo tributo, denominado “Impuesto al derecho real de propiedad inmobiliaria minera”, se aplicará sobre las empresas que tengan concesiones mineras en Santa Cruz. Se determinará mediante una alícuota del 1% sobre el valor de las reservas que posea la mina.
Las empresas deberán hacer una declaración jurada anual y lo que allí detallen no podrá ser menor al volumen de reservas existentes en el estudio de factibilidad o en sus estados contables. La valuación de las reservas se realizará mediante la cotización del mineral en el mercado local e internacional y se elegirá el que resulte mayor al último día hábil de año calendario, según indica la norma.
Pero este nuevo impuesto choca con la Ley de Inversiones Mineras (24.196), aprobada en los noventa como parte del entramado legal que alentó la llegada de las grandes mineras multinacionales. Esa norma, que está en línea con una serie de recomendaciones del Banco Mundial, otorga el beneficio de la “estabilidad fiscal” por treinta años a las compañías del sector. Eso significa que por ese período no se puede afectar el nivel de impuestos que tributa la empresa. Eso ya fue golpeado con el incremento en el porcentaje de los derechos de exportación, que se aplicó en 2008, y por lo que hay procesos judiciales en marcha.
“Vamos a presentar demandas a nivel provincial y nacional porque esto afecta la estabilidad fiscal”, reconocieron las tres fuentes consultadas. Se trata de una estrategia que, además, contará con el respaldo de todo el sector.
La inestabilidad política
La modificación en la carga tributaria de las mineras asentadas en Santa Cruz se consiguió después de cinco horas de intenso debate, que concluyó con la aprobación de la Ley de Fortalecimiento Minero, que envió el Ejecutivo provincial. El artículo principal fue aprobado por 10 votos a favor (8 del PJ y 2 de la UCR) pero tuvo 14 abstenciones.
El texto que se aprobó fue el que había surgido de un despacho de comisión en minoría, presentado por el PJ provincial, que responde a Peralta. El despacho de mayoría, que correspondía al Frente para la Victoria Santacruceña, controlado por La Cámpora, fue retirado a poco de comenzar la sesión.
Los diputados que se abstuvieron fundamentaron su decisión en que no querían interferir con el desarrollo de la gestión de Peralta, quien viene señalando que su administración está ligada al cobro de ese impuesto ante la falta de auxilio enviado por la Nación. Con ese nuevo tributo, Peralta apuesta a poder solucionar el funcionamiento de la Provincia. “
Aprueban un nuevo impuesto a la minería en Santa Cruz
Noticias Argentinas
La Legislatura de Santa Cruz aprobó un impuesto que grava con un 1 por ciento las reservas mineras de la Provincia.
La ley plantea utilizar lo recaudado en el "financiamiento de la efectiva intransferibilidad de la Caja de Previsión Social de la Provincia".
Además, "se destinará el porcentaje del 0,25% para desarrollo técnico e informático, necesidades edilicias y equipamiento mobiliario de la Secretaría de Ingresos Públicos".
Cálculos del sector privado indican que el impuesto le permitirá recaudar a la provincia unos 500 millones de pesos al año.
Las compañías del sector que actúan en Santa Cruz ya adelantaron que irán a la Justicia contra el llamado Impuesto Inmobiliario Minero.
La agrupación La Cámpora, que tiene mayoría en la Legislatura provincial, y está enfrentada al gobernador Daniel Peralta, se abstuvo de votar el impuesto, con lo que la iniciativa se aprobó.
El jefe de Gabinete provincial, Ariel Ivovich, considero´que ese comportamiento "no fue la mejor forma" y criticó a los diputados kirchneristas por no expresar su opinión durante la sesión.
"Es la misma actitud que algunos legisladores vienen sosteniendo desde hace un año y medio, y otros, que durante los últimos veinte años formaron parte de la política de esta provincia y tuvieron diferentes responsabilidades, y hoy parece que todo hubiera salido de un repollo y ellos nunca hubieran sido parte de las decisiones", se quejó.
El funcionario agregó: "la actitud de los diputados la tendrá que analizar el pueblo de Santa Cruz, nosotros ahora nos vamos a poner a trabajar rápidamente para poder hacer efectivo ese impuesto, cobrarlo y, como viene diciendo el gobernador Daniel Peralta, volcarlo a recomponer el salario de los trabajadores de la administración pública que tanta paciencia nos tuvo durante todo este tiempo".
