Finalmente, la Legislatura de Santa Cruz aprobó parcialmente el proyecto del gobernador Daniel Peralta, que crea un nuevo gravamen a la actividad minera denominado “Impuesto al derecho real de propiedad inmobiliaria minera”.
En consecuencia, a partir de que entre en vigencia el nuevo impuesto, las compañías que hayan hecho el estudio de factibilidad de sus proyectos, estén construyendo sus emprendimientos y ya estén en producción, pagarán anualmente al Estado provincial el 1% del valor de las reservas de mineral declaradas en cada yacimiento, al valor que tendría el mismo en el mercado ya refinado y procesado. El total de lo recaudado –menos una parte minúscula para funcionamiento de Rentas de la Provincia– irá al fondo con el que se intenta cubrir el déficit creciente de la Caja de Previsión Social.
El proyecto definía la incorporación de otros gravámenes a los juegos de azar y una modificación en el régimen de Ingresos Brutos para la minería, pero esos puntos no prosperaron. Votaron favorablemente los diputados encolumnados tras el gobierno de Peralta –Selsa Hernández, Alejandro Victoria, Sebastián Gatti, Pedro Vinet, Martín Paiva, Martín Sotomayor, Roberto Fernández y Oscar Sandoval–, y los radicales Estela Bubola y Héctor Roquel, en tanto que los representantes alineados con el gobierno nacional se abstuvieron. Estos últimos habían presentado un despacho por mayoría en el que también proponían el mismo gravamen, pero lo distribuían entre varios sectores, incluidos los municipios. Para justificar su postura, de no votar pero tampoco oponerse, los legisladores sostuvieron que el Gobernador estaba condicionando el mejoramiento de las perspectivas económicas a la aprobación de este nuevo impuesto, por lo que no querían “seguir siendo víctimas de un discurso inquisidor, en el que la ausencia de aumentos salariales, pago a proveedores, funcionamiento de la salud, la educación, la seguridad, la cultura, entre otros, sean producto de la falta de este nuevo impuesto”.
Días antes, el propio Peralta había dicho que él entendía que el problema central con la tributación minera era el reparto desigual, ya que la parte del león queda en Nación, y menos del 10% llega a la provincia, pero que él no podía hacerse cargo de eso, porque no estaba en sus manos corregirlo.
Predicar en el desierto
Durante los últimos tiempos, diversas voces ligadas a la actividad minera, desde catedráticos a directivos y profesionales, les hicieron saber a los legisladores que la sanción de este nuevo impuesto complicaría aún más la situación financiera de los distintos proyectos en marcha, no solamente porque aumenta aún más la presión fiscal sobre el sector –que ya era con creces una de las más altas del mundo–, sino porque este nuevo gravamen es profundamente distorsivo, ya que se aplica sobre variables que la empresa minera no controla, castiga al que invierte para pasar a la producción y deja indemne al especulador inmobiliario, y utiliza como variable de apreciación un costo que tiene poco y nada que ver con lo que grava. Para peor, tampoco tiene el nuevo impuesto un carácter promotor ni se aplicará para corregir las supuestas distorsiones que provocará la industria, según manifestaciones de los propios legisladores y el gobernador, ya que lo que se recaude se utilizará para cubrir solo en parte el déficit de la Caja de Previsión Social, algo de lo que la minería no es responsable ni lo controla. De hecho, si miramos el largo plazo, el desarrollo de la minería –y cualquier otra industria lícita y formal– es la única opción para reducir el déficit de las jubilaciones provinciales, por su capacidad de absorber la mano de obra que hoy es tomada casi exclusivamente por el Estado.
El nuevo impuesto es, en resumen, como si a quien compra un campo se le cobrara anualmente un porcentaje de las vacas que puede criar en él, sin tener en cuenta si las tiene o no, sin contemplar cuáles son sus costos o si emplea mucho o poco personal, sin permitirle desgravar algo de lo que tributa realizando mejoras o siendo más eficiente, y encima, tomando como precio testigo no ya el de la mejor carne del mundo, sino el del lomo al champiñón cocinado por un chef internacional en el mejor restaurante de Francia.
Pero, por supuesto, los argumentos de quienes trataron de explicar que gravar la actividad no era una buena idea, y que la consecuencia directa sería que las empresas trataran de defenderse en los estrados judiciales, no fueron ni siquiera evaluados o tenidos en cuenta, sencillamente porque no se trataba de un nuevo impuesto para regular, controlar o ajustar la actividad, sino simplemente la elección de un nuevo lugar del que el que el gobierno busca sacar los fondos que necesita para financiar su propio déficit, sin mirar si esa decisión complica o no a la actividad productiva, y mucho menos las consecuencias que podría tener.
Con acusaciones cruzadas y tirándose con motes supuestamente ofensivos de “camporistas” y “traidores”, una vez más se avanzó sobre una actividad productiva, poniéndola en riesgo para financiar un déficit improductivo cada vez más grande. “Lo que pasa con esta gente es que no entiende cómo es la producción, porque nunca tuvieron que pagar una quincena”, dijo un reconocido proveedor local, que como es ya una costumbre en estos casos, pidió mantenerse en el anonimato.
Ciclos
La minería en Argentina ya venía con serios problemas. Inflación, restricción a las importaciones, suba de costos internos, compras en dólar blue y ventas con cotización oficial y un mercado internacional poco proclive a la inversión de riesgo, son datos que se vienen difundiendo desde hace ya bastante tiempo. A ello se suman ingredientes provinciales, como la baja del precio de la plata –que es lo que esencialmente produce Santa Cruz– y la cíclica e impune toma de yacimientos por parte de sectores gremiales no ligados a la actividad.
A esos problemas ahora se le ha sumado este nuevo impuesto. Las consecuencias ya son visibles: se redujo la exploración en un 90%, algunos proyectos quedan en stand by esperando tiempos mejores y los que ya están produciendo acortan su vida útil, y cuando cierren, sus trabajadores y proveedores tendrán menos opciones de continuar en la actividad, porque habrá muchos menos yacimientos que los reemplacen.
Así, mucho menos empresas tributarán y muchos más trabajadores necesitarán recurrir al Estado para asegurarse el sustento. Y el déficit habrá crecido más, como sucede cíclicamente.
