Julio Turcumán
No sólo por el número, unas 50 personas, si no porque participaron todos los sectores involucrados en el negocio: funcionarios sanjuaninos y nacionales, dueños de empresas y proveedores y hasta representantes del sector sindical. Se intentó y se logró, al menos a juicio de algunos de los que viajaron, dar una imagen del país totalmente distinta a la que había hasta hace poco en el cerrado mundo de la minería. Para los empresarios extranjeros Argentina era un lugar lejano donde no dejaban reemplazar maquinaria cuando se rompía, que se quedaba con los dólares que producían las empresas y que no controlaba la inflación. Ahora, al menos los dos primeros problemas ya desaparecieron, lo que es bastante. El viaje a la PDAC se dio en un contexto sanjuanino complejo: nueve procesados por contaminación, una multa por ese mismo problema y una ridícula y provocativa resolución de un juez porteño, por supuesto, cuestionando la actividad. El colmo de la mala suerte tenemos los sanjuaninos, porque si el derrame de septiembre de 2015 no hubiese ocurrido, hoy los que ponen plata se hubieran quedado sólo con las objeciones del mercado, esas que no se pueden timonear desde San Juan.
La comitiva fue ecuménica a más no poder. Encabezó el gobernador de San Juan, Sergio Uñac, quien fue acompañado por su ministro de minería, Alberto Hensel. Y también fueron figuras nacionales de mucho peso, como el secretario de Minería de la Nación, Daniel Meilán y de esa misma área el sanjuanino Mario Capello, a cargo de la Subsecretaría de Desarrollo. También viajó el legislador nacional sanjuanino del PRO Eduardo Cáceres, a quien en pleno viaje le confirmaron que iba a ser el presidente de la Comisión de Minería de la Cámara de Diputados de la Nación. Cáceres ya tiene hasta oficina asignada y resolución firmada. Además fueron miembros de la Cámara Minera de San Juan y de la Cámara de Proveedores Mineros; representantes de empresas con mucho desarrollo en la provincia, como Banco San Juan, y hasta el secretario general del gremio AOMA de esta provincia, Iván Malla.
La legión sanjuanina resaltaba frente a la riojana y la catamarqueña, contaron los referentes locales. De la primera provincia sólo asistió el vicegobernador Néstor Bosetti. Y de Catamarca fue la mandataria Lucía Corpacci con su esposo, Ángel Mercado, quien también es funcionario. Con ellos fueron algunos otros pocos representantes, pero nada significativo comparado con el grupo sanjuanino. ¿Por qué es importante que todos los involucrados en el negocio se muestren juntos? La minería es una apuesta a largo plazo, que tiene muchos más controles que otras industrias y que va aprendiendo, de a poco y a los tropezones, lo importante que es lograr un acuerdo general que haga perdurar en el tiempo la licencia social. La licencia social es la aprobación de una población sobre un proyecto. Es algo así como la llave con la que un emprendimiento minero se va a desarrollar. Además esa llave es dinámica, porque puede ir cambiando en función a los pensamientos, opiniones y creencias de las personas de la comunidad donde el proyecto se desarrolla. La licencia social se obtiene una vez y debe revalidarse todos los días. Hay que hacerla nacer, crecer, ayudarla a desarrollar y mantenerla hasta el fin del proyecto, porque si no pasa lo que ocurre hoy por ejemplo en Jáchal, donde un incidente como el derrame de Veladero y, tal vez, cierto relajamiento de las autoridades, tanto políticas como empresarias, hace tambalear su licencia social. Ojo, nada que decir del reclamo del pequeño grupo de jachalleros que se oponen a la minería, porque su berrinche no es técnico, es ideológico y con esa postura nada se puede hacer. El problema es político y lo tienen el Gobierno de la provincia y los empresarios.
Que el problema es político se vio claramente en las acciones las del juez federal Sebastián Casanello. El magistrado, supuestamente compungido por el reclamo de cuatro jachalleros, firmó un ridículo exhorto pidiendo que las autoridades \'provean de inmediato agua potable y alimentos no contaminados\' al departamento del Norte de la provincia. El funcionario se tomó de dichos de vecinos de Jáchal y éstos, a su vez, basaron su queja en tres informes: uno de la Policía Federal, otro de la Universidad Nacional de Cuyo y un tercer análisis que fue encargado por una jubilada. El primero fue destruido por el juez Pablo Oritja, de Jáchal, al redactar en la resolución de procesamiento de los nueve empleados de Barrick, que '... los resultados obtenidos (del informe de la Federal) prácticamente no difieren o en algunos casos, incluso, son inferiores a los detectados en la línea de base'. Y el segundo y tercer análisis hablan de valores altos en muchos minerales que son nocivos, pero no hallan cianuro. Minerales que ya figuran en la famosa 'línea base', que no es otra cosa que los valores que tenía el agua antes de que Barrick pusiera un pie en San Juan. Entonces, ¿en base a qué Casanello toma esa decisión? Dicen los medios porteños, porque a este diario ese magistrado nunca lo quiso atender, que los jachalleros tienen miedo de que la supuesta contaminación, que ningún informe ha logrado comprobar, salvo el de la misma empresa, haya contaminado las napas freáticas. Pues bien, hay que hacer entonces otros miles de análisis, además de los más de 3 mil que viene haciendo la empresa desde que se produjo el incidente, para demostrar otra vez a quienes están radicalizados con el tema, que en realidad no pasó nada. Para justificar la ridiculez de Casanello, algunos en el peronismo sanjuanino piensan que la reacción del magistrado, muy ligado a La Cámpora, tiene que ver más con cuestiones políticas que jurídicas. Justo cuando se habla de la posibilidad de que José Luis Gioja podría llegar a la presidencia del PJ nacional, aparece el exhorto. Probablemente esos peronistas tengan razón.
Lo siguiente sonará a discurso de barricada, pero si a Casanello le interesa el tema ambiental, bien podría meterse en la mugre del Riachuelo, problema porteño que ya cuenta con dos sentencias de la Suprema Corte, un presupuesto millonario del Estado nacional para remediarlo, un ente específico para trabajar en esa remediación, más de mil empleados y, a pesar de todo eso, aún siguen como hace décadas: contaminados.
En resumen, los sanjuaninos tenemos que aprender a abrir los ojos: los antimineros están radicalizados y no hay forma de hacerles entender razones, hay que convivir con esa idea. Y los empresarios mineros tienen que dejar de decir que la minería es toda buena, porque tampoco es así. Siempre hay alguna afectación al ambiente y hay empresas que son más preocupadas que otras, lo que implica mejor y peor minería. Tampoco tienen que exagerar en las ganancias que deja, porque podría dejar mucho más.
Por ahora, los inversores han visto que la Argentina, y particularmente San Juan, son lugares aptos para poner plata. Ahora hay que esperar y trabajar para que la licencia social no sea una excusa. El Gobierno hizo bien en juntar a toda esa gente en Canadá, veremos si da resultados.
Sebastián Saharrea
Es la primera etapa de una sucesión que termina, si las cosas se hacen bien, en empleo de calidad y motor productivo. Con sus picos y valles, es la historia reciente de San Juan: una actividad económica floreciente de la mano del motor minero que quedó en evidencia justamente ahora que la actividad comenzó a replegarse. Pero que siempre tienen un punto de partida en una campaña de seducción a los capitales privados globales.
Es complejo y peliagudo ese trabajo inicial, a menudo tildado de entreguista por las visiones más radicalizadas que sólo perciben las cesiones impositivas que recibe el sector en ese flirteo de seducción y no repara en resignaciones similares a actividades que no generan el mismo impacto, ni en la multiplicación de la rueda económica que genera actividad en cualquier verdulería de la mano de sus sueldos altos y en blanco. La cosa es que cualquier proyecto en marcha requiere años de análisis y estudios, siempre con un punto de partida que es el trabajo para captar el interés de los grandes inversores que en una sola decisión mueven miles de millones de dólares.
En ese escenario de complejidad y de estado raquítico del banco de suplentes en el negocio minero provincial, es que el gobierno acudió a la tribuna por excelencia en términos mundiales de este negocio millonario que atraviesa por grandes dilemas actuales como consecuencia del bajo precio de los metales y la incertidumbre sobre lo que vendrá. Sergio Uñac, el ministro Alberto Hensel y varios de los empresarios más importantes del sector en la provincia como Ricardo Martínez pusieron rumbo a Toronto, la feria minera más importante del mundo, a cumplir con la hoja de ruta que se impone como el primer paso. Y que suele ser blandido también como enseña por los inversores cuando rebrotan las objeciones al sector: ustedes nos fueron a buscar y ahora nos corren el arco.
Lo del banco de suplentes raquítico es literal. Está Veladero, está Gualcamayo y está Casposo –las tres en producción, con excepción de esta última temporalmente paralizada y flamante incorporación a la escudería Elsztain-, están también Pascua-Lama y Pachón –con respirador artificial, pero están-, y de allí para abajo no hay nada. Cuando se agote la vida útil de éstos procesos en marcha, si todo sigue así puede producirse un reseteo de años en una actividad de probado impacto en la vida económica provincial –no el único, como suele presentarse- con fuerte parálisis de consecuencia.
Si eso ocurre, se dirá que no se previó con tiempo ni se hicieron los deberes para planificar esta clase de desarrollo que requiere no años sino décadas. Por eso este viaje resulta fundacional en varios aspectos, como lo fueron los viajes idénticos al mismo lugar en el proceso de maceración de lo que hoy existe. Allí donde Sergio Uñac le dijo a los inversores que "nosotros estamos haciendo todo, ahora hace falta que ustedes vengan y nos visiten”.
Lo que no está en discusión en todo este procedimiento es la protección ambiental: no debe ser tolerada y se deben aplicar duras sanciones ante cualquier violación. El asunto es dónde está la medida para determinarlo. Y eso es lo que increíblemente aparece en disputa en esta doble investigación penal de Veladero. El gobierno reaccionó con una multa ejemplificadora y de pocos antecedentes con los más de $145 millones que le fijó y que Barrick debió asimilar comunicando que espera "recuperar la confianza”.
Lo insólito es que hay dos investigaciones penales en curso, por lo tanto una de ellas está trabajando sobre firme y otra de gusto, sin que hasta ahora pueda determinarse cuál es cuál. El juez Pablo Oritja acaba de procesar a 9 empleados de la Barrick ante el presunto delito de contaminación, pero su colega Sebastián Casanello avanza con una investigación idéntica, y otras medidas de prueba al menos para el asombro.
Aunque parezca extraño, nadie desempata. Aunque sea por el mínimo interés de dejar de consumir horas de tiempo a un juez que tendrá otras cosas por hacer. La divisoria de aguas es la jurisdicción del delito: mientras Oritja afirma que es juez jurisdiccional porque el presunto delito ocurrió en su jurisdicción, su colega Casanello responde que habilita la vía federal el hecho de que el derrame pudo haber afectado a otras jurisdicciones, es decir a otras provincias.
Más aún, en el intercambio que tuvieron para determinar a quién le corresponde investigar, Casanello explicó que él lleva adelante una pesquisa sobre los funcionarios nacionales, y eso le corresponde a él. Pero no respondió porqué, si en el caso que fuera viable la dimensión federal en la investigación, no lo hace el magistrado de esa jurisdicción en San Juan y sí otro instalado en Puerto Madero como Casanello.
Cuestión que el juez federal de Comodoro Py, la célebre sede judicial tan proclive a sentir de frente la brisa del poder asociada a los intereses de turno, no sólo se mantiene en su investigación sino que ha producido una serie de medidas de una espectacularidad pocas veces vista, por lo tanto susceptible de ser percibida con la picazón en la nariz que producen las dudas.
A pedido de la asamblea Jáchal no se toca, a la que aceptó en la cusa a diferencia de Oritja que no le permitió entrar al expediente por falta de legitimidad, Casanello ordenó que las autoridades entregaran agua potable y alimento no contaminado a la población jachallera. Una manera elíptica pero inconfundible de sostener que existen alimentos bajo sospecha de estar contaminados, cosa que no aparece ni siquiera mínimamente en ningún estudio serio.
También es llamativo el momento. Ocurrió cuando debería estar a punto de definirse qué juez sigue y qué juez no, lo que muy presumiblemente debería inclinarse hacia el magistrado jachallero. ¿Por qué entonces Casanello produce semejantes medidas que se dan de lleno contra la tranquilidad pública, luego de meses de parálisis en el expediente? Muñequeos de los jueces, otro hecho incontrastable es que coincide con otras fechas informativas que se mencionarán más abajo.
Pero tal vez el punto central de las asombrosas deducciones de Casanello pasan por la fuente de prueba que inspiran su sospecha. Se trata de un laboratorio de la Policía Federal que inauguró sus estudios de este tipo, que no tendría la metodología adecuada y tampoco la homologación que corresponde a estos análisis ambientales. Si esto fuera así, como lo deslizan las fuentes judiciales sanjuaninas, la dimensión del daño producido por una decisión judicial impulsada por una prueba floja de papeles podría alcanzar una dimensión irreparable.
En la misma línea, Casanello pidió nuevos estudios a la UNCuyo, la casa de altos estudios que ya participó del revuelo judicial-mediático en los inicios de la crisis de setiembre ocasionada por el irresponsable derrame de cianuro en Veladero. Aquella vez, hubo un presunto informe luego desautorizado, en una casa de estudios sobre la que ya puede adelantarse lo que dirá más adelante. Funciona dentro de una sociedad como la mendocina que dispone de una mirada profundamente antiminera y que mira con cierto desdén lo que ocurre con el desarrollo de la actividad en su vecina San Juan, como atestigua la foto de la primera dama –la esposa de Alfredo Cornejo- haciendo flamear en plena Vendimia –como fue captada por la cámara de canal 13- una remera negra con letras blancas con una inscripción contra la megaminería. Esa que San Juan fue a buscar a Canadá. Habrá ganado alguna décima adicional de popularidad en su provincia, no devela demasiado respeto al resto que no piensa como ella.
Lo que sostiene el ánimo bifurcado es la indefinición sobre la jurisdicción de la investigación, que debería determinar la Corte más temprano que tarde pero que se demora un tiempo eterno que no se corresponde con el volumen del impacto de una medida de fuerte onda expansiva. Y que le da oxígeno a Casanello para que se despache con las medidas rimbombantes que anunció la semana pasada, sin importarle demasiado que se lleven adelante –cosa que no ha ocurrido- sino simplemente enunciarlas en señal de lucimiento personal.
No se ocultan demasiado los acostumbrados a ver fantasmas, y menos ahora que le ven la punta a la sábana. En San Juan llama mucho la atención que la embestida consistió en un sorpresivo retome del expediente por parte del magistrado federal, en los mismos días en que asoma José Luis Gioja como posible presidente del PJ a nivel nacional en frontal pulseada con los espacios de la militancia K, a los que el ambiente vincula con Casanello tanto como Bonadío al PRO.
¿Jueces identificados con colores políticos?, ¿jueces funcionales con sus medidas a algún proceso de desgaste con interés partidario? Negarlo o no considerarlo de antemano sería como pretender vivir en otro país.
