ANAHÍ ABELEDO

La Agenda 2030 tiene un horizonte con buenos pronósticos,  pese a algunos altibajos,  en América Latina y El Caribe, donde se observa una gran heterogeneidad en su cumplimiento según las subregiones. América del Sur presenta la menor cantidad relativa de metas ODS en las que se observa un retroceso (40%); Centroamérica y México y el Caribe son las subregiones que le siguen, con un 48% de metas en esa situación. Mientras que la región contribuye solo con 10% de los GEI es muy vulnerable a los efectos del Cambio Climático. Cuál es el avance en transición energética y qué inversiones son necesarias. 

Entre las actividades que deben incentivarse para fortalecer las economías de la región y ayudar a la transición no sólo se destacan las ligadas a las fuentes de energías limpias sino las actividades extractivas tendientes a conseguir los minerales necesarios para sostener estas industrias. 

En todas las subregiones las metas con buenos pronósticos llegan a menos del 30% (un 24% en América del Sur, un 19% en el Caribe y a un 21% en Centroamérica y México), según el análsis que realiza la CEPAL en su reciente informe "América Latina y el Caribe ante el desafío de acelerar el paso hacia el cumplimiento de la Agenda 2030".

En todos los casos, el pronóstico de avance en la dirección correcta llega a alrededor de un tercio de las metas que fue posible medir, pero la velocidad de ese avance no garantiza el logro de los Objetivos fijados a 20303 (gráfico II.4).

SUBSIDIOS A LOS COMBUSTIBLES, IMPUESTOS AL CARBONO
Más de la mitad de los subsidios a los combustibles fósiles en la región están dirigidos al petróleo y aproximadamente un 20% se destinan al gas natural y al uso final de electricidad. En la región, solo cinco países han fijado un impuesto nacional al carbono, aunque se está avanzando en la implementación de mecanismos de mercados de carbono.

Para acelerar la acción climática, también se plantea el desafío de transformar los planes de acción climática en planes y proyectos de inversión. Se requiere aumentar el financiamiento (público y privado) destinado a las inversiones relacionadas con el clima y enviar señales claras a los inversionistas privados. Los inversionistas, los bancos centrales y los reguladores financieros también son fundamentales, ya que pueden incorporar más medidas relacionadas con el clima en sus operaciones y decisiones de inversión.

En el contexto actual, el reto de la gestión del cambio climático en América Latina y el Caribe consiste en articular los instrumentos disponibles y lograr coordinarlos con el resto de las políticas (diagrama III.4). Se necesitan transformaciones importantes en la estructura productiva de las economías. 

De este modo se fortalecerían los sectores que, además de dinamizar el crecimiento de las economías, tienen una huella de carbono reducida. Entre las áreas y sectores que ofrecen oportunidades para avanzar hacia los objetivos climáticos, se encuentran:

+ 1 - La transición energética, que se aborda en detalle en el capítulo IV, que incluye las energías renovables, el impulso a la industria del litio y el hidrógeno verde

+ 2 - La movilidad sostenible, sustentada principalmente en la electromovilidad

+ 3 -  La economía circular y los beneficios que conlleva la reducción del uso de materiales vírgenes

 + 4 - La bioeconomía, sobre la base de una agricultura más sostenible

+ 5 -  La gestión sostenible del agua

+ 6 -  El turismo sostenible

TRANSICIÓN ENERGÉTICA
En América Latina y el Caribe, una parte importante de la población y de los procesos de producción (transporte e industrias) utilizan energía basada en combustibles fósiles, que emiten GEI y contaminantes locales que causan daños a la salud, lo que contribuye al cambio climático y enlentece el desarrollo sostenible. 

La oferta de energía primaria de la región sigue proviniendo de fuentes predominantemente fósiles (69%), con apenas un tercio basada en fuentes renovables, mientras que la renovabilidad en la generación de electricidad alcanza el 65%, con un rápido crecimiento de la energía solar y eólica, y el desarrollo del hidrógeno verde y sus derivados con nuevos mercados y aplicaciones.

En lo que respecta a la demanda, el sector del transporte consume el 39% de la energía total de la región, con fuentes energéticas casi totalmente fósiles, mientras que el sectormanufacturero, cuya energía procede también en gran medida de fuentes fósiles, utiliza el 27%, y el sector residencial es usuario del 16% de la energía en la región.

Los países importadores netos de combustibles fósiles también se enfrentan a grandes problemas por el incremento (o variabilidad) de los precios de los hidrocarburos, vinculado a choques externos como la pandemia de COVID-19 y los conflictos armados que se han desatado. Además, la eficiencia energética sectorial no está aumentando en la región, salvo una ligera mejora en el sector del transporte.

Por otra parte, los costos de producción y almacenamiento de la electricidad de fuentes renovables son cada vez menores, en especial los de la energía solar y eólica terrestre. En ambos casos, los costos ya son menores que los de la electricidad generada con combustibles fósiles. 

Esto explica su rápida expansión en términos de inversión en plantas de generación en América Latina y el Caribe. No obstante, en todos los países de la región se observa una infraestructura de transmisión y distribución de energía deficiente y obsoleta, así como un despliegue insuficiente de soluciones de almacenamiento eficaces en función de los costos para las energías renovables, dos factores que atrasan el avance del proceso.

Mejorar las medidas para reducir las pérdidas técnicas y no técnicas en las redes eléctricas a fin de incrementar la eficiencia desde la generación hasta el uso final.

+ 1 - Incorporar progresivamente todos los eslabones de las cadenas de valor de las nuevas industrias energéticas renovables y limpias y retener excedentes en las economías nacionales y regional.

+ 2 -  Aumentar la participación de productores nacionales o regionales mediante regulaciones y estándares que aseguren la expansión de los mercados de transición energética.

+ 3 - Financiar actividades de investigación y desarrollo (I+D) que permitan ganar competitividad o adaptar productos a requerimientos específicos.

+ 4 - Eliminar progresivamente los subsidios implícitos y explícitos a los combustibles fósiles, considerando transferencias directas a los segmentos más vulnerables de la población.

+ 5 - Impulsar tanto la oferta como la demanda de las industrias de punta de tecnologías renovables, sus piezas y partes (cableado, electrolizadores, baterías).

+ 6 - Crear o fortalecer la demanda de hidrógeno verde y sus derivados (compras a futuro y al por mayor), lo que estimula la oferta de energías renovables y limpias al reducir la incertidumbre de los posibles inversionistas.

+ 7 -  Aumentar las actividades de I+D asociadas a la extracción y el uso sostenible de materiales esenciales para las energías renovables (litio y cobre).

+ 8 - Establecer y fortalecer diálogos entre los responsables políticos, el sector privado y las comunidades de países vecinos para aumentar la interconectividad y la integración energética subregional y regional, con miras a incrementar las economías de escala y la viabilidad de los proyectos, y aumentar la eficiencia y la sostenibilidad al distribuir la energía despachable de acuerdo con la complementariedad de la oferta y la demanda de países interconectados.

Los países de la región están avanzando en diversas líneas relacionadas con la transición

INVERSIONES NECESARIAS
La CEPAL ha calculado que se precisa un gran impulso de inversión para acelerar la transición energética, con inversiones anuales equivalentes al 1,3% del PIB regional durante una década para universalizar la cobertura eléctrica, aumentar sustancialmente la renovabilidad de la matriz energética y reducir un 32% las emisiones de GEI en América Latina y el Caribe.

Para todos los países de la región, resulta crucial destrabar los obstáculos al financiamiento de energías renovables e industrias asociadas, reducir la percepción de riesgo y aumentar la bancabilidad de los proyectos, poniendo en marcha iniciativas innovadoras para el financiamiento de proyectos de generación renovable y limpia, pero también para la necesaria infraestructura de redes de almacenamiento, transmisión y distribución.

Dadas las restricciones fiscales de esta nueva década perdida para la región, hace falta mayor fuerza de inversión por parte del sector privado, en un marco regulatorio propicio. Asimismo, es necesario superar las percepciones erróneas de riesgo y proporcionar los incentivos adecuados para cerrar las brechas de financiamiento existentes y aprovechar los recursos que se encuentran en manos de los actores privados. 

Se precisa contar con marcos de riesgo ajustados y mayor flexibilidad para ampliar el financiamiento de renovables.

Algunos países muestran avances en ciertos rubros. Tal es el caso del Brasil y Chile, en los que se ha estimado el requerimiento de inversión necesaria para alcanzar el mejor escenario de transición energética, que incluye más energías renovables en la generación eléctrica, más interconexión e integración y el acceso universal a la electricidad. 

Se calculó que dicho requerimiento de inversión combinada (de capital y operativa) ascendería a alrededor de US$ 130.000 millones de dólares en un período de diez años, equivalente al 0,7% del PIB anual, en el caso del Brasil, y a cerca de US$ 27.000 millones, también en un período de diez años, equivalente al 1% del PIB anual, en el caso de Chile.

Estimaciones similares calculan que en Colombia se precisa una inversión de alrededor de US$ 1.200 millones para que en 2030 se cubra a todos los hogares que necesitarán acceso a la electricidad y que en Costa Rica el monto ascenderá a US$ 2.500 millones para la implementación de la Estrategia Nacional de Hidrógeno Verde hacia 2030. Cabe señalar que dichos requerimientos de inversión son heterogéneos entre países por su contexto actual. 

En la actualidad, el suministro de energía primaria de Trinidad y Tobago se basa enteramente en fuentes no renovables, el gas natural representa el 99,8% del total y el resto corresponde al petróleo. Es evidente que para alcanzar la transición energética en este país se necesitarán mayores esfuerzos.

Es esencial acelerar las vías nacionales de transición energética sostenible, haciendo hincapié en la electrificación de sectores de alto consumo energético, como los de transporte e industria, aumentando la eficiencia energética en todos los espacios, transformando así el modelo de desarrollo, y aprovechando las oportunidades de integración y comercio internacional de energías limpias.

Al mismo tiempo, es fundamental continuar con los esfuerzos de la última milla para universalizar el acceso a electricidad renovable y limpia, lo que incluye la disponibilidad de tecnologías limpias para cocinar, regular la temperatura y refrigerar para toda la población actual y las próximas generaciones, así como considerar los efectos que tienen las inversiones para implantar la transición sobre las comunidades, el medio ambiente y los ecosistemas.

La transición tiene sendas y dificultades propias en cada país, por lo que, además de un despliegue acelerado, es necesario asegurar una transición justa que contribuya a aumentar la participación de las comunidades e idealmente a reducir la desigualdad socioeconómica y en el acceso a la energía, así como fomentar la cooperación regional en la materia.

América Latina y el Caribe tiene un gran potencial renovable (sobre todo en lo que respecta a energía solar y eólica) y para incrementar la eficiencia y seguridad del sistema eléctrico a través de la integración regional que ha de ser aprovechado. La transición energética ya está en curso en los países de la región. El desafío es acelerar dicho proceso dado su efecto multiplicador como vector que transforma el modelo de desarrollo en uno más sostenible, potenciando las actividades y los servicios

que genera esta gran transformación. La velocidad de esta transición será determinante para alcanzar el objetivo climático de limitar el aumento de temperatura.

CUMPLIMIENTO DE LAS METAS ODS
Los resultados presentados ponen de manifiesto un panorama regional heterogéneo y complejo. Si bien se observa un buen desempeño en algunas de las áreas del desarrollo que se promueven en la Agenda 2030, aún persisten desafíos importantes para alcanzar los Objetivos definidos en 2015 en relación con los cuales es urgente actuar de forma rápida y específica si se pretende cambiar el rumbo, realinear las metas que sufrieron el impacto de la pandemia de enfermedad por coronavirus (COVID-19) y del conjunto de fenómenos y crisis mundiales.

El 68% de las metas que fue posible evaluar muestran una trayectoria y sentido consistente con los resultados esperados para los temas y fenómenos tratados. Sin embargo, solo el 22% de estas metas presentan escenarios positivos de cara a 2030, lo que indica que, de mantenerse la dirección y el ritmo de avance observado a la fecha, se cumplirán las expectativas al término del período estipulado. 

Para el otro 46% de las metas los esfuerzos implementados en América Latina y el Caribe han permitido mantener las tendencias correctas, pero no son suficientes si las metas han de lograrse a 2030.

La situación es más apremiante para el resto de las metas (32%) en las cuales el ejercicio realizado a partir de los datos disponibles muestra que no sería posible alcanzar los umbrales estipulados a 2030 como resultado de un retroceso en las trayectorias esperadas para los indicadores analizados.

Los resultados muestran desempeños diversos entre Objetivos y en cada uno de ellos. Los ODS con mejores predicciones respecto del cumplimiento de sus metas son el ODS 3 (salud y bienestar), el ODS 7 (energía asequible y no contaminante), el ODS 9 (industria, innovación e infraestructuras) y el ODS 15 (vida de ecosistemas terrestres). 

Mientras que los Objetivos donde se observa mayores posibilidades de que las expectativas de logro fracasen son el ODS 12 (producción y consumo responsables) y el ODS 13 (acción por el clima).

En los ODS 1 (fin de la pobreza), ODS 2 (hambre cero), ODS 4 (educación de calidad), ODS 5 (igualdad de género), ODS 6 (agua limpia y saneamiento), ODS 8 (trabajo decente y crecimiento económico), ODS 10 (reducción de las desigualdades), ODS 11 (ciudades y comunidades sostenibles), y ODS 16 (paz, justicia e instituciones sólidas), el cumplimento de la mayoría de las metas va en el camino correcto, pero con pronósticos de incumplimiento debido al bajo ritmo de avance observado.

La situación se repite en los ámbitos subregionales, por lo que los esfuerzos necesarios para el logro de las metas pueden ser compartidos entre países que disponen de los mecanismos institucionales subregionales propicios para la cooperación horizontal. Si bien los países de América del Sur muestran mejores pronósticos en comparación con los de Centroamérica y el Caribe, el escenario general para todas las subregiones es más difícil que el analizado en ocasiones anteriores por la CEPAL.

LOS RIESGOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO
El cambio climático (metas 13.1 y 13.332) es el desafío más importante para la humanidad en el presente siglo. Sus causas y consecuencias demandan acciones urgentes para cumplir los objetivos del Acuerdo de París de limitar el aumento de la temperatura media de la tierra a menos de 2 °C con respecto a los niveles preindustriales, y de hacer los mayores esfuerzos para limitar el aumento de la temperatura a 1,5 °C.

A pesar de que América Latina y el Caribe aporta solo el 10% de las emisiones mundiales de GEI, es una región muy vulnerable a los efectos del cambio climático, sobre todo por su ubicación geográfica y sus características socioeconómicas. Esta situación pone de manifiesto una condición asimétrica. La región es especialmente vulnerable a los fenómenos climáticos extremos, y esto ocurre sobre todo en el Caribe, donde esos fenómenos pueden implicar retrocesos importantes.

En Dominica, por ejemplo, se sufrieron daños y pérdidas que ascendieron al 226% del PIB cuando el país fue devastado por el huracán María en 2017.

Según la clasificación de la Base de Datos Internacional sobre Desastres EM-DAT, los pertenecientes al subgrupo climático, al hidrológico y al meteorológico han explicado la mayor parte de la evolución de los desastres en el período 1970-2023. 

Tomados en conjunto, el número de fenómenos correspondientes a dichos subgrupos muestra una tendencia creciente (gráfico III.10). Los tipos de desastres que han causado más daños son las tormentas y las inundaciones. Ante ello, la gestión del riesgo de desastres debería ser parte integral de la estrategia de gestión del cambio climático.